“Nadie come cultura en Chile y se llevan 500 millones de dólares anuales”. En el marco del reciente paro de camioneros, se alzó la voz del dirigente transportista Jaime Asmussen quien, con esta justificación, propuso eliminar el Ministerio de las Culturas para financiar una rebaja de los combustibles. En su deseo tenía un aliado inesperado. Semanas antes el gobierno había recortado la partida de Cultura en el proyecto de Presupuesto.

En boca de un dirigente cuyo gremio vive del precio del diésel, la frase se entiende; cuando lo urgente apremia, lo que no se come parece prescindible. La intuición está lejos de ser sólo suya, pero su eco en las decisiones de un gobierno de derecha dice más. Y es que la derecha se ha proclamado históricamente custodia de lo heredado: de la tradición, del patrimonio, de la cultura que una generación recibe de la anterior para entregarla a la siguiente.

¿Cómo se cuida lo que se recorta?

La contradicción es llamativa, porque no nace de un vacío. Decir que a la derecha le falta una política cultural sería injusto; la tiene escrita en su propia doctrina. El problema es que no la usa. Si se tomara en serio sus principios, le bastaría con aplicar a la cultura la idea que más defiende: la subsidiariedad. Y la subsidiariedad pide dos cosas, un Estado que custodie lo común y una sociedad que cree.

Sin embargo, hizo lo contrario en ambos frentes. Desde el gobierno, recortó lo que debía custodiar y, en el debate público, en lugar de impulsar la creación, alimentó el panfleto con videos que prometen “educar zurdos”, hilos incendiarios en X, y coros digitales que repiten la consigna del día. Ese es el defecto de fábrica de la batalla cultural, ya sea que se libre desde el Estado o desde las redes, podrá vencer al adversario, jamás convencerlo. Entre tanto, lo que se gana por imposición dura lo que dura un gobierno. Sólo sobrevive al ciclo político lo que la gente, más allá de sus ideas, ha hecho suyo.

Lo que verdaderamente toca al Estado es custodiar lo común con neutralidad. Es lo que Ronald Dworkin llamó la “estructura general de la cultura”, el andamiaje que permite que existan obras de todo signo sin que el Estado tenga que elegir ninguna. Aquí recae el recorte. Si ya sabemos qué exige la subsidiariedad, podemos entender que un gobierno que la profesa y, al mismo tiempo, desfinancia el patrimonio común ya incumple la mitad de la regla. Si además se tienta con orientar la creación, traiciona el principio completo. El precio de la falta es previsible: la trinchera, ahora digital y con cargo al erario.

Crear le toca a la sociedad. Así lo señaló el propio ministro de las Culturas, Francisco Undurraga: “(…) la cultura no hay que endosársela al Estado”. Su propuesta es una alianza público-privada; ofrecer a los privados una bolsa de proyectos financiables con la ley de donaciones culturales que permite descontar hasta cerca de dos tercios de lo donado.

Sin embargo, una alianza necesita, al menos, dos socios. Ningún privado va a donar para sostener lo que el propio Estado abandona; el mecenazgo complementa lo común, no lo reemplaza. Pedirles a las empresas que financien proyectos mientras se recortan las bibliotecas es invertir el orden que la subsidiariedad propone.

El dirigente de Palena tiene razón en algo: nadie come cultura. Pero el cálculo no lo favorece, porque todo lo que se asigna a Cultura alcanzaría para contener el precio de los combustibles apenas unas semanas, y lo que se pierde en el camino no se recupera con el presupuesto del año siguiente. La salida, entonces, no pasa por elegir entre el estómago y la cultura como si uno excluyera a la otra, tampoco capturar los fondos o desfinanciarlos, sino que supone algo mucho más exigente: hacer posible el espacio para la creación. El propio ministro parece saberlo cuando invita a los privados a sumarse; falta ahora que el presupuesto le haga caso. Mientras tanto, la batalla cultural seguirá siendo puro ruido en torno a un territorio que nadie se ha molestado en habitar.

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