La presentación de un proyecto de reforma constitucional por seis senadores el pasado 27 de noviembre, permite seguir explorando los problemas y urgentes necesidades de transformación que experimenta el sistema político chileno y en particular su sistema de partidos. El proyecto, como he comentado antes en este espacio de opinión, adolece de importantes defectos, alguno de ellos provocado quizás por la necesidad de aunar respaldos corporativos como es el caso de castigar con la pérdida del derecho a ocupar su escaño a diputados electos cuyos partidos no hayan alcanzado los umbrales de votos nacionales o número de parlamentarios electos, pero no aplicar la misma medida para los senadores electos en la misma circunstancia, lo que es simplemente inexplicable… o perfectamente explicable por la razón que apunté líneas arriba.
Otro defecto que salta a la vista es el que surge del hecho que si un parlamentario renuncia al partido que lo eligió presumiblemente para concurrir a una siguiente elección por un partido distinto o en calidad de independiente -situación a la que lo obliga la llamada “Ley Antidíscolos”- pierde su escaño en virtud del proyecto propuesto. Pero la misma norma no operaría para los independientes electos en la lista de un partido, debido a que la obligación de renunciar según la Ley, opera sólo para militantes. Esa situación constituye un privilegio que favorece a los parlamentarios independientes electos en listas de partidos. Y otro defecto, ya comentado muchas veces, es la exclusión en ese proyecto de reforma del voto obligatorio como norma a aplicar en todas las elecciones.
Sin embargo, a pesar de sus defectos, o quizás justamente debido a ellos, el proyecto ha abierto una conversación nacional sobre el tema que todos esperamos contribuya a perfeccionar nuestro sistema político.
Uno de los temas puestos sobre el tapete es precisamente el de los umbrales. La fijación de umbrales es una práctica habitual para controlar la fragmentación de partidos en un sistema político. En el mensaje que acompaña la presentación del proyecto se mencionan los casos de Alemania, Portugal, Italia, Suecia y Turquía y a ellos se pueden agregar, en América Latina, a Argentina, Perú, Ecuador, México, Colombia y Paraguay. Dado el volumen que ha alcanzado el problema de la fragmentación de partidos en Chile, los umbrales de 5% de la votación nacional u 8 parlamentarios entre diputados y senadores para ocupar escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, propuesto en el proyecto, parecen necesarios. Sin embargo, por sí solos no serán suficientes para producir una efectiva reducción del número de partidos representados en esa Cámara. Para alcanzar esa capacidad es necesario complementar esos umbrales por lo menos con dos medidas adicionales: la eliminación de los pactos electorales y la reducción del número de parlamentarios electos por cada distrito, medida esta última que exigiría o la reducción del número total de parlamentarios o el aumento del número de distritos.
La existencia de pactos electorales, unida a distritos electorales excesivamente grandes, -esto es que eligen un número muy elevado de parlamentarios (hasta 8 en nuestro país)- permiten, en virtud de la aplicación del sistema proporcional, eludir el requisito de la cantidad mínima de votos por la vía de alcanzar el número mínimo de parlamentarios exigidos. De ahí que sólo la aplicación simultánea del umbral relativo a la votación mínima alcanzada, la eliminación de los pactos electorales y la reducción del número posible de candidatos, haría efectivo también el umbral del número mínimo de parlamentarios electos.
Por otra parte, la principal función de un partido político en democracia es articular la relación entre la base social y el Estado, convirtiendo las demandas sociales en proyectos o programas políticos. Debería ser obligación de los partidos, en consecuencia, exponer periódicamente de manera pública sus programas actualizados, de modo de asegurar su conocimiento y discernimiento por la población del país. Un procedimiento adecuado para lograr ese objetivo y que debería ser incorporada a una reforma del sistema, podría ser la obligación de los partidos de publicar programas que describan sus propósitos, objetivos y métodos para alcanzarlos y que periódicamente los actualicen o expliquen las razones de su vigencia. Todos esos programas deberían tener una estructura similar, de modo de permitir la comparación. El financiamiento estatal a los partidos podría estar condicionado a esa obligación, de modo de asegurar su cumplimiento.
De igual manera, el transfuguismo debe ser combatido. La forma de lograrlo es sancionando a quienes lo practiquen con la única pena significativa tratándose de personas electas en listas de partidos: la pérdida del escaño para que sea restituido al partido. Las propuestas contenidas en el proyecto de reforma constitucional presentado en noviembre parecen, así, ser certeras. Las críticas a estas medidas que se han dejado escuchar, hablan de una lesión al principio democrático de elección, puesto que los electores son los que habrían llevado al tránsfuga, con sus votos, al escaño del que ahora se lo despojará; ignoran esas críticas que, si las personas son presentadas por un partido, esa es una característica que el elector incluye en su decisión. Por ello un tránsfuga no sólo traiciona al partido por el cual fue electo, sino también a sus electores. Si se acepta que los electores sólo votan por personas se estaría dictaminando la desaparición de los partidos políticos. La frase “yo voto por personas, no por partidos” sólo tiene sentido cuando la persona votada se presenta como independiente de todo partido al acto eleccionario.
Estas y naturalmente muchas otras iniciativas que podrían contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema político, deberían ser consideradas en la discusión que se ha abierto. Por ello sería deseable que no sólo los incumbentes, sino todos los ciudadanos y ciudadanas de este país hiciéramos oír nuestras voces. Este es el momento de hacerlo, no lo desperdiciemos.
