Disponemos de encuestas, no de sentido común
Las encuestas informan, pero no guían. Su utilidad depende de la calidad de las preguntas que se hacen y de que se consulte sobre lo más pertinente.
Se nos dice que el 49% de los encuestados en el último sondeo prefiere un nuevo plebiscito de entrada. Es interesante saberlo, pero más importante es darse cuenta de que no tenemos espacio suficiente para hacer una consulta ciudadana de estas características sin un alargue del proceso constitucional más allá de lo prudente.
Es muy probable que las respuestas fueran distintas si se interrogara a los consultados sobre cuánto tiempo desean seguir debatiendo o informándose sobre normas y artículos. Lo que se obtendría sería igualmente información y nos dejaría igual de irresolutos respecto de qué pasos debemos seguir en el futuro inmediato.
Lo que más nos debiera importar no son los datos aislados sobre los que nos quieren informar algunas empresas especializadas, sino el juicio que nos formemos enhebrando el conjunto de datos disponibles.
Desde fines de 2019 venimos conviviendo con grados de incertidumbre que ya nos están pasando la cuenta, dentro y fuera de nuestras fronteras. Estimar que tenemos todo el tiempo que queramos para dotarnos de normas básicas de convivencia es una irresponsabilidad. Menos se puede adoptar esta perspectiva cuando la economía se deteriora y la inseguridad se dispara.
Nuestro desafío político no consiste en llegar a tener una nueva Constitución, es conseguirlo en el menor tiempo posible. Pensar que podremos seguir debatiéndolo todo y consultar a cada paso es llegar al 2024, entrar a un año electoral acumulando pendientes, es decir, acumulando nuevas incertidumbres.
Como se nos ve irresolutos desde fuera de nuestra fronteras, la imagen de nuestro país, un bien intangible del que nos hemos visto beneficiados por largo tiempo, comienza a deteriorarse de manera sistemática.
Avancemos sobre lo ya acordado
Importa el rumbo e importa la velocidad con la que actuemos, y ambos aspectos dependen de la capacidad que se demuestre de alcanzar acuerdos políticos transversales.
Es bueno reiniciar el proceso constituyente, pero sería un despropósito que las principales fuerzas políticas dejarán de identificar expresamente el conjunto de aspectos en los que ya se puede apreciar un amplio acuerdo nacional. No tiene sentido volver a discutir lo que ya no tiene discusión.
Igualmente útil resulta identificar las innovaciones constitucionales que el debate entre Apruebo y Rechazo mostró como coincidencias. Estos puntos en común pueden ser reconocidos con la participación de expertos, pero sigue siendo un producto típicamente político.
Proceder de esta forma tiene una enorme ventaja respecto de la elección de convencionales de la vez anterior. En esta oportunidad se podría escoger representantes por sus posiciones específicas en un conjunto limitado de aspectos en controversia. Sería todo lo contrario de elegir a ciegas.
Se trata de que ya nadie puede ser electo simplemente refugiándose en las fobias de los electores con los políticos profesionales. Ahora cada quien tendría que informar sobre sus opiniones, dichas en positivo y con la argumentación correspondiente.
Al dejar de votar por desconocidos, con opiniones igualmente desconocidas, la convención dejará de ser un agregado de defensores acérrimos de una causa polarizada, que se asocian con otros defensores de otras causas, pero igualmente polarizadas, que no saben de efectos agregados, que se creen novedosos de pura ignorancia.
Nuevamente, lo que se elimina incertidumbre y lo que se gana es la posibilidad de perfeccionar normas que hacen parte de un todo armónico, porque la arquitectura básica ya está definida desde el principio.
Lo bueno de saber hacia dónde se quiere llegar desde el punto de partida es que puede escogerse la ruta más corta para alcanzar la meta en el más breve tiempo posible.
Los acuerdos van, no vienen
La diferencia entre Apruebo y Rechazo fue muy contundente, pero el bien común exige superar las diferencias y entrar en una etapa de plena colaboración en materia constitucional. Solo los representantes más obtusos del oficialismo y de la oposición pueden querer que se mantenga esta materia como una zona de conflicto.
La derecha está muy contenta de comprobar que sólo hay decisiones adoptadas en el caso de contar con su acuerdo. Pero este ha de ser un poder para hacer viable las alternativas de amplio consenso, no un instrumento para hacer de la obstrucción una práctica habitual.
Si la propuesta de la Convención fue rechazada fue porque se la asoció a la intransigencia, a la arrogancia y al ideologismo extremo. Si estos defectos cambian de bando, el repudio ciudadano girará a los nuevos infractores. Lo que predomina en los moderados que han hecho acto de presencia por millones en el plebiscito fue el deseo de que la capacidad de construir predomine por sobre las ansias de destrucción.
Los acuerdos van del Parlamento a la opinión pública, no vienen del gobierno al Congreso. La búsqueda de acuerdos es alérgica a las interferencias. No hay que retrotraerse a las divisiones del plebiscito, sino avanzar ampliando las coincidencias fundamentales que son muy numerosas.
Los acuerdos transversales en el Parlamento serán acompañados de respaldo público y del repudio de los extremos. Ambas serían buenas señales. Nos haría bien como país ir recuperando normalidad. Ser más predecibles. Disminuir las incertidumbres. Establecer reglas del juego que no intentan definir quién gana y que, por eso mismo, permiten que nuestra democracia asegure normalidad. Ojalá que la etapa que venga sea exasperantemente aburrida para los polarizados.
*Víctor Maldonado es analista político.