En entrevista este fin de semana, y ante las críticas que han surgido tanto por la extensión del IFE universal como por el cuarto retiro de los fondos de pensiones, el destacado economista Sebastián Edwards, declaró que “lo que hay que preguntarse es ¿qué es ‘más peor’, un IFE universal hasta noviembre, o que destruyan el mercado de capitales?»
Su argumento sigue la lógica de una negociación entre dos fuerzas con similares poderes, donde las opciones en juego son excluyentes. Edwards plantea que entre optar por entregar un IFE universal hasta noviembre -proyecto del gobierno- o aprobar un cuarto retiro a los fondos del pensiones -moción parlamentaria-, que de acuerdo a lo indicado por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, presionaría un recalentamiento de la economía, que se encarezcan los créditos y que aumente la inflación, convirtiéndose en “la mayor amenaza para la recuperación económica”, no le cabe duda que “el IFE es menos costoso”.
Su lógica es impecable si se dieran los supuestos iniciales: dos fuerzas negociadoras de igual poder, tal como lo establece la Constitución, y/o opciones de política pública excluyentes. El problema es que en la realidad no se da ninguna de las dos condiciones.
Por un lado, el gobierno perdió toda capacidad de negociación cuando el Tribunal Constitucional declaró no admisible el proyecto de ley del tercer retiro de los fondos de pensiones, entregando a los parlamentarios una facultad que era reservada para el Ejecutivo, la iniciativa exclusiva en cuanto a las políticas de pensiones y/o que involucraran gasto público. Sin gozar de esta iniciativa exclusiva, el ejecutivo –con minoría en ambas Cámaras– perdió su poder negociador.
Por el otro, uno supondría que, como ambas iniciativas tienen como objetivo ayudar a las familias que a consecuencia de la pandemia han perdido la totalidad o parte de sus ingresos, de aprobarse uno de los dos proyectos, no sería necesario aprobar el otro.
Sin embargo, al igual que el supuesto anterior, este también tiene un error garrafal, cual es creer que el objetivo primordial de los parlamentarios –en su mayoría– es ayudar a los chilenos a través de la ejecución de las políticas públicas. Tal como lo dijo Edwards, lamentablemente “vivimos en el horrible mundo real de la política chilena, con políticos capturados por la fiebre populista, aterrados de no ser reelectos, políticos sin ningún pudor”, que necesitan comprar votos al precio que sea, y si en este caso el precio es poner en riesgo la reactivación de la economía chilena, bueno, no hay más que hacerlo… Tal como diría Enrique IV, que eligió convertirse al catolicismo para poder reinar en Francia, París bien vale una misa.
Es por esta razón que, desde que comenzaron las protestas antes del 18 de octubre de 2019, el gobierno -confiando en la misma lógica de Edwards- ha buscado incesantemente llegar a acuerdos con la oposición y el Congreso, y cada vez que ha cedido en busca de alcanzar el mal menor, accediendo a las solicitudes de la oposición, esta misma le ha dado la espalda, al incrementar su lista de pedidos, criticando al gobierno, tildándolo de tacaño, de que desconoce la realidad del pueblo, o simplemente refiriéndose a lo entregado como una política insuficiente.
Bajo este prisma, la decisión entonces nunca ha sido el IFE universal hasta noviembre o el 4to retiro de los fondos de pensiones, sino ambos. Uno después de otro. En especial, porque el verdadero objetivo de aprobar un 4to retiro de los fondos de pensiones, nunca ha sido ayudar a la población con menos recursos, pues ellos hace rato vaciaron sus cuentas de ahorro individual; sino destruir las bases del sistema de ahorro para pensiones.
En esta carrera insensata por conseguir votos a cualquier precio, los políticos decidieron no reconocer al gobierno ningún éxito, ni acierto, basados en que criticar a Piñera y pedir más para el pueblo es popular, está de moda y tiene el apoyo de la prensa.
Dado este análisis, no deberíamos tener ninguna esperanza de que se evite legislar un nuevo retiro de los fondos de pensiones, sin embargo, dos cosas han cambiado. La primera es que la prensa, por primera vez desde inicios de la pandemia, se está alineando con los economistas cuya opinión transversal es que los retiros de los fondos de pensiones son una muy mala política pública. Pero aún más importante, es que pese a que la candidata a la presidencia de la centro izquierda, Yasna Provoste apoya la idea de eliminar el sistema de ahorro individual para pensiones, a través de la nacionalización de los fondos, entendió que como candidata de la centro izquierda, y para ganar los votos de centro, no puede apoyar un cuarto retiro que generará inflación, presionará al alza las tasas de interés y pondrá en riesgo los ingresos de sus votantes… Yasna seguramente piensa que París bien vale una misa.