Los primeros 100 días de un gobierno se usan como hito para evaluar el estado de las expectativas generadas tras su elección y no cabe duda de que las expectativas han sido defraudadas. Sin embargo, las conclusiones que se pueden sacar de este crudo hecho no son evidentes ni inmediatas: dependen de los detalles del diagnóstico.
La comparación con gobiernos pasados es una manera de profundizar la evaluación. La corta duración de la “luna de miel” para el gobierno no es una novedad histórica: el ex Presidente Boric también vio caer su aprobación poco después de asumir. Pero al examinar las causas de este fenómeno común emergen diferencias importantes.
La primera tiene que ver con el desajuste entre programa y demanda ciudadana. La caída en la aprobación de Boric se debió, sobre todo, a un cambio en las prioridades de la ciudadanía respecto del programa con que fue electo: mientras su núcleo programático estaba en las preocupaciones propias del progresismo, la agenda nacional se volcó pronto hacia la seguridad, la migración y la economía, temas que ese sector solía relegar. Kast, en cambio, mediante la consigna de un «gobierno de emergencia», logró mostrar un compromiso férreo justamente con los problemas que la ciudadanía sigue priorizando. Pero ese compromiso vino acompañado de la promesa implícita de una gran capacidad para resolverlos, y es la revelación de que no existía tal bala de plata lo que hoy alimenta el desgaste del gobierno.
La segunda diferencia tiene que ver con la actitud de cada presidente hacia el poder. Parte de la desaprobación de Boric se originó en su incomodidad para «habitar el cargo» asumiendo plenamente las atribuciones y la investidura presidencial. Boric se formó en una matriz ideológica autonomista, que desconfía genéricamente del poder y la autoridad, lo cual contrasta con nuestra tradición presidencialista. Esa disonancia entre Boric y la investidura le valió, por un lado, un núcleo duro de aprobación gracias a la autenticidad y cercanía que proyectaba; por otro, una desaprobación creciente, porque los problemas del país exigían un ejercicio empoderado de la autoridad presidencial.
Kast se ubica en las antípodas: no recela del poder, sino que lo ejerce sin ambigüedades, incluso en materias especialmente impopulares, como el alza de los combustibles o el cobro del CAE. Su desgaste, entonces, no proviene de una renuncia a la autoridad, sino de la dificultad para traducirla en decisiones acertadas y resultados concretos frente a los problemas más urgentes del país. Pero ¿a qué se deben estas dificultades? ¿Qué las explican?
En este punto se plantea una encrucijada en el diagnóstico. La oposición, naturalmente, atribuye estas dificultades a la incompetencia del actual gobierno; el oficialismo, por su parte, tiende a hallar las culpas en la herencia del gobierno pasado y los tropiezos propios de la instalación. Ambos diagnósticos comparten una premisa: eventualmente, alguien, en las condiciones apropiadas, podría ejercer el poder eficazmente para solucionar los problemas críticos que nos aquejan, en especial los vinculados a la seguridad.
Ambos diagnósticos contienen luces, pero comparten una premisa que produce un punto ciego y que vale la pena cuestionar: quizás, las averías de nuestra democracia no tienen que ver con que algunos renuncien al ejercicio del poder o que otros lo ejerzan abusivamente o que ambos carezcan de las competencias que un tercero realmente tiene. Esas dificultades pueden ser una consecuencia inevitable de la impotencia del poder en los Estados contemporáneos, del “fin del poder.”
Se trata de una tesis que Moisés Naím defendió en El Fin del Poder (2013). Su idea central es que la brecha entre el poder que se le atribuye a los Jefes de Estado (y a otros poderosos) y el que realmente tienen es grande y creciente. Esta brecha aumenta, entre otras razones, porque los desafíos de la democracia le quedan cada vez más grandes a sus capacidades institucionales. Según Naím, el poder «es cada vez más fácil de conseguir, más difícil de ejercer y más fácil de perder.» Una descripción que calza bien con la marcada alternancia y el descontento persistente que caracterizan nuestra historia política reciente.
En materia de seguridad, el crimen organizado transnacional actúa con una velocidad, diversificación y descentralización que los Estados, cada vez más enmarañados y lentos —incluso los autoritarios— no pueden igualar. Las democracias tienen que pasar por procesos de deliberación, diseño e implementación de políticas de seguridad que las organizaciones criminales transnacionales (OCT) pueden fácilmente anticipar y esquivar sin las ataduras del debido proceso ni el escrutinio público. El caso chileno no es la excepción: el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional, revelaba que el país se ve hoy inmerso en un escenario radicalmente más complejo y violento que el que se vivía hace una década, definido por un aumento dramático de los delitos predatorios y la profunda penetración de las OCT.
El problema de la impotencia del poder es uno radicalmente invisible en una democracia. Ningún político hará una campaña exitosa confesando que, si lo eligen, es poco lo que podrá hacer respecto de los problemas más acuciantes para la ciudadanía. Nadie con altas capacidades y sentido de lo público elige la política convencido de que, al llegar al poder, su margen de acción será mínimo. Ante la persistencia de los problemas públicos las explicaciones más naturales del votante promedio serán que los poderosos están ejerciendo el poder de manera abusiva o que no tienen las competencias y las agallas para ejercerlo efectivamente. La hipótesis de que el poder mismo se ha vuelto impotente repulsa porque paraliza. Pero quizás sea necesario detenerse para ajustar las expectativas y ahorrarnos los ciclos de entusiasmo y desilusión que erosionan aún más la esfera pública y que nos distraen de la tarea más difícil: rediseñar instituciones a la altura de lo que el poder todavía puede hacer.
Parece razonable lo expuesto. Da la impresión que al final de la exposición lo plantea como procesos sucesivos. No es más eficaz y eficiente abordarlo en procesos paralelos????? Igual como las grandes empresas e instituciones e incluso países desarrollados, tienen una estructura para abordar el día a día y un órgano de planificación a mediano plazo.