Martín Arrau dice que el secreto bancario ya se levanta cuando el Ministerio Público lo pide con autorización judicial, y tiene razón en el dato técnico. Lo que no explica es por qué, entonces, ese mecanismo no aparece reforzado en un paquete de más de treinta proyectos que promete perseguir el dinero del crimen organizado. El ministro fue más lejos la semana pasada: calificó de “mitos” las críticas de quienes piden incluirlo y aseguró que revisar los datos bastaría para desmentirlas. Puede que tenga razón en el diagnóstico. Pero si el instrumento funciona tan bien como sostiene, blindarlo legislativamente no debería costarle nada al gobierno. Si decide no incluirlo, la pregunta que queda flotando es más incómoda que cualquier acusación de la oposición: ¿por qué dejar fuera precisamente la herramienta que permite seguir la ruta del dinero, cuando toda la retórica de la ACOT gira en torno a cortarle el financiamiento a las bandas?

La agenda que Kast presentó en cadena nacional tiene una arquitectura clara: reforma constitucional que eleva la seguridad pública a deber del Estado, un nuevo estado de excepción pensado específicamente para el crimen organizado, penas más duras para quienes reclutan adolescentes, incautación anticipada de bienes, cárceles diferenciadas. El diseño es coherente puertas adentro. El problema aparece cuando se compara la ambición punitiva con la cautela financiera, y esa asimetría no es un detalle menor: en cualquier organización criminal medianamente sofisticada, el dinero sobrevive a las detenciones. Se puede encarcelar a diez lugartenientes y la estructura sigue funcionando si el flujo de capital no se toca.

El segundo punto que la ACOT deja abierto tiene que ver con las facultades que se otorgan sin pasar por un juez. El nuevo estado de excepción, según ha detallado el propio Arrau, permitiría interceptar telecomunicaciones y restringir el desplazamiento en zonas declaradas críticas. Son atribuciones que en el régimen ordinario chileno requieren autorización judicial previa, precisamente porque tocan derechos que la Constitución protege con ese candado. Trasladarlas a un mecanismo de excepción, activado por decisión del Ejecutivo y no por resolución de un tribunal, cambia la naturaleza del control: ya no es un juez evaluando indicios caso a caso, sino una declaración territorial que habilita un régimen distinto para quien viva ahí. El propio itinerario legislativo alimenta la duda sobre qué tan medido es ese diseño.

Kast firmó el lunes el proyecto de reforma constitucional y pidió al Congreso combinar “un debate amplio” con una tramitación rápida; al día siguiente, las primeras reservas no vinieron de la oposición sino de la propia coalición de gobierno. El senador Andrés Longton, de RN, cuestionó que fuera necesario tocar la Constitución, y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, coincidió en que cualquier modificación debía limitarse a lo indispensable. Si dentro del oficialismo hay dudas sobre el tamaño del cambio, la pregunta sobre los resguardos —quién controla el estado de excepción y con qué límites temporales— no es una objeción externa, es una que el propio gobierno todavía no termina de responder. Frente a estructuras criminales que ya operan con una sofisticación que el sistema penal ordinario no siempre logra seguir, la herramienta tiene sentido. El riesgo aparece si se usa sin los resguardos adecuados: ahí puede terminar normalizando la suspensión de garantías justamente en los barrios que ya cargan con la mayor presencia policial y las peores condiciones materiales. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y el texto final de la reforma —no el discurso que la acompañó, ni la premura con que el Ejecutivo quiere despacharla antes de Navidad— será el que decida cuál de las dos termina pesando más.

Sobre las Fuerzas Armadas el gobierno ha sido cuidadoso en el matiz: no reemplazan a las policías, dice Arrau, solo apoyan en logística, control perimetral, inteligencia. La distinción es real, pero la experiencia comparada enseña que las fronteras entre apoyo y sustitución tienden a moverse una vez que la tropa está desplegada y el estado de excepción se prorroga. El propio Kast puso como condición que el Congreso apruebe antes las reglas de uso de la fuerza, lo cual sugiere que ni el gobierno da por resuelto ese límite. Un exministro de Seguridad Pública lo planteó con precisión: la formación policial y la militar responden a lógicas distintas, y no es lo mismo entrenar para combatir a un enemigo que entrenar para intervenir sobre la propia población civil. Que la ACOT abra esa puerta, aunque sea con candado, obliga a preguntar qué pasa cuando la emergencia se vuelve permanente, que es exactamente lo que ha ocurrido con los estados de excepción en la Macrozona Sur.

Y luego está San Bernardo, el nombre que explica buena parte de la urgencia con que se empujó todo el paquete. Un niño de doce años murió arrastrado por una encerrona donde participaron adolescentes, y la respuesta política inmediata fue acelerar el endurecimiento penal para menores de dieciséis y diecisiete años. La indignación es comprensible, y también lo es la demanda ciudadana de una respuesta contundente. Pero la evidencia acumulada en otros países que probaron esa misma receta muestra un patrón incómodo: juzgar adolescentes como adultos no reduce la reincidencia, la aumenta, y el crimen organizado sigue reclutando menores porque son desechables para la estructura, no porque calculen la severidad de la pena que les espera. El punto ciego de esa discusión es que los adolescentes que las bandas reclutan casi siempre vienen de los mismos barrios que ahora quedarían bajo el nuevo estado de excepción. Endurecer su castigo sin tocar las condiciones que los vuelven reclutables es resolver el síntoma más visible mientras el mecanismo que lo produce sigue intacto.

La ACOT tiene apoyo ciudadano transversal, y no es difícil entender por qué: ofrece una sensación de Estado presente frente a un problema que la gente vive todos los días. Pero un paquete de esta envergadura no se mide por lo que resuelve antes de Navidad, sino por lo que decide no tocar. Y lo que no toca, casi siempre, es lo mismo que empujó a esos adolescentes a subirse a un auto robado en San Bernardo: el barrio, la falta de alternativas, la ausencia del Estado en todo lo que no sea la policía. Encerrarlos con penas de adulto no cierra ese circuito. Solo lo pospone hasta el próximo nombre que el país tendrá que aprender.