Durante tres días de noviembre, millones de argentinos salieron a la calle para ver pasar a León XIV. Sólo la misa del lunes pasado en Buenos Aires reunió a dos millones y medio de personas, la concentración más grande de su pontificado. Las crónicas se ocuparon de lo que el Papa le dijo, o no, a Milei. Casi ninguna se detuvo en la frase más importante de su primer discurso, pronunciado ante el Presidente y su gabinete en el Palacio Libertad: «Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola. La confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supera el éxito o la utilidad se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades».
El verbo importa. Esos bienes no se fabrican: se cultivan. En esa diferencia cabe una lección liberal sobre los límites del poder. La ley puede castigar el robo, pero no enseñar la honestidad; puede obligar a cumplir un contrato, pero no generar confianza; puede sancionar la violencia, pero no inculcar el respeto por el otro. Una sociedad libre y abierta necesita esas virtudes precisamente porque no puede organizar cada relación humana mediante la amenaza de una sanción.
Cualquier ciudadano puede suscribir esa idea sin ser creyente, y debería. La separación entre la Iglesia y el Estado fue una de las grandes conquistas de la libertad, pero responde a una pregunta precisa: cómo impedir que la autoridad religiosa y el poder político se confundan o se impongan mutuamente. No resuelve otra, igualmente decisiva: cómo se forma una persona capaz de gobernarse a sí misma. El Estado debe ser neutral frente a las creencias; los individuos no deben ser moralmente neutrales. Una sociedad libre y abierta depende de que no lo sean.
Friedrich Hayek dedicó el capítulo final de La Fatal Arrogancia, Religion and the Guardians of Tradition, a explicar que muchas de las normas morales que hicieron posible la civilización no fueron inventadas por ningún legislador, sino seleccionadas a lo largo de generaciones, y que las religiones contribuyeron a preservarlas mucho antes de que alguien pudiera explicar su utilidad. Su advertencia no exigía creer en Dios: consistía en desconfiar de quienes creen que pueden desechar una institución porque no comprenden su función. Tampoco convertía la antigüedad en virtud. Hay tradiciones que protegieron privilegios y resistieron libertades; la prudencia hayekiana obliga a entender qué función cumple cada una antes de reemplazarla desde un escritorio ministerial. Tocqueville había visto algo semejante en Estados Unidos, donde consideraba a la religión la primera de sus instituciones políticas, no porque gobernara, sino porque formaba las costumbres que hacían posible limitar al gobierno.
La cuestión de si el Estado liberal puede producir por sí mismo las convicciones que necesita la discutieron en Münich, en enero de 2004, dos hombres procedentes de tradiciones intelectuales muy diferentes: Jürgen Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, que murió en marzo de este año a los 96 años, y el cardenal Joseph Ratzinger, que quince meses después sería Benedicto XVI. Habermas sostuvo que el Estado constitucional puede legitimarse sin recurrir a ninguna fe, pero reconoció que la motivación moral de los ciudadanos no puede imponerse por ley. Ratzinger admitió que la religión necesita el control crítico de la razón. Su coincidencia no consistía en borrar las diferencias entre fe y razón, sino en reconocer que ninguna puede dispensarse de examinar sus propios límites.
Se dirá que la historia de nuestro continente desmiente este argumento: si las religiones cultivan las virtudes de una sociedad libre, ¿por qué prosperó la América protestante y se quedó atrás la católica? La evidencia no favorece la versión simple. Becker y Woessmann mostraron que buena parte de la ventaja económica de las regiones protestantes de Prusia se explica por la alfabetización promovida por la lectura de la Biblia, antes que por una supuesta superioridad de su ética del trabajo. Y en la América hispana, lejos de actuar como un poder independiente, la Iglesia estuvo profundamente condicionada por la Corona. Mediante el Patronato Regio, la monarquía intervenía en el nombramiento de obispos y en la administración de diezmos, una subordinación que el regalismo borbónico llevó hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. La Iglesia no fue inocente de ese orden, pero tampoco puede confundirse sin más con la monarquía que lo organizó.
Nada de esto significa que sin religión no haya moral. David Hume, escéptico en materia religiosa, fundó la moral en la simpatía y en convenciones que nadie diseñó, y abundan los no creyentes que son ciudadanos ejemplares. Tampoco significa que una sociedad más religiosa sea necesariamente más próspera. La experiencia argentina demuestra que la religiosidad no compensa el deterioro de las instituciones económicas y políticas. Además, la capacidad de la religión para limitar al poder depende de su independencia: cuando la fe se convierte en una identidad nacional tutelada por el Estado, pierde precisamente la autonomía que aquí se defiende. El argumento no es que la fe produzca riqueza, sino que las virtudes de una sociedad libre deben transmitirse, y que durante siglos las religiones fueron uno de sus principales vehículos.
Chile ofrece un contraste inquietante. Mientras millones de argentinos recibían al Papa, aquí la visita apenas se registró. No es extraño: la última visita papal, la de Francisco en 2018, tuvo misas semivacías, quedó marcada por el caso Barros y terminó, meses después, con la renuncia en bloque de los 34 obispos chilenos. En 2019, la Encuesta Bicentenario UC preguntó si los abusos afectaban a la mayoría de los sacerdotes, a algunos o a unos pocos: el 52% de los chilenos respondió que a la mayoría, y entre los propios católicos lo creía el 48%. El 18 de octubre de 2020, en el aniversario del estallido, ardieron la parroquia de La Asunción, levantada en 1876, y la iglesia de San Francisco de Borja. Los obispos lamentaron no sólo la destrucción, sino que se la celebrara. La defensa pública de quienes no tenían nada que ver con esos crímenes fue escasa y tímida.
Conviene dejar sentado lo que no se discute. Los abusos existieron y el encubrimiento fue indefendible. La Iglesia chilena perdió autoridad por su propia conducta, no por una conspiración laicista. Ninguna defensa de la religión puede construirse sobre el silencio de esas víctimas.
Pero entre reconocer un crimen y condenar una fe hay una distancia que Chile recorrió demasiado rápido. La responsabilidad institucional por los encubrimientos debe exigirse sin concesiones; otra cosa es hacer responsable a todo un clero, y luego a toda una comunidad de creyentes, por delitos que no cometieron. Esa es exactamente la lógica que el liberalismo combate en cualquier otro terreno. La responsabilidad es individual. Nadie aceptaría que se juzgue a todos los profesores por los abusos cometidos en algunos colegios. Con la Iglesia se aceptó. Y quienes debían recordar ese principio, empezando por buena parte de la derecha, prefirieron no pagar el costo de decirlo.
Desacreditar en bloque a las religiones no garantiza conciencias más libres. Puede destruir instituciones que transmitían límites al poder sin haber construido nada capaz de reemplazarlas. Según la Encuesta Bicentenario, el 44% de los chilenos se declaraba católico en 2025, frente al 70% de 2006. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 18% es católico y el 54% no se identifica con ninguna religión. La pregunta que esas cifras plantean no es cuántos chilenos deberían volver a misa, sino qué instituciones están transmitiendo hoy las normas de convivencia y el respeto por límites que ningún gobierno puede imponer desde afuera.
Algunos liberales del siglo XIX creyeron que desplazar a la Iglesia de la educación equivalía a liberar la enseñanza de toda tutela. Pero el espacio que dejaba la Iglesia no quedó en manos de las familias: lo ocupó, en buena medida, el Estado. En Chile esa sustitución encontró uno de sus principales defensores en Valentín Letelier, positivista y radical, quien en Filosofía de la Educación (1892) reivindicó la dirección estatal de la enseñanza como instrumento de formación de la nación. Se confundió la secularización de la educación con su neutralidad, como si el poder político careciera de convicciones propias. La conquista liberal no consistía en sustituir una autoridad por otra, sino en impedir que cualquiera de ellas monopolizara la formación de las conciencias. No hay libertad educativa si las familias sólo pueden elegir entre una doctrina religiosa obligatoria y una doctrina estatal obligatoria.
El riesgo excede las aulas. Allí donde se debilitan las normas de cooperación voluntaria crece la tentación de pedirle al poder político lo que antes resolvían la responsabilidad, la confianza y la palabra empeñada: más regulación, más vigilancia, más coerción. Cuanto menos capaces sean los individuos de gobernarse a sí mismos, más argumentos encontrará el Estado para gobernarlos.
En su encuentro con las tradiciones religiosas, León XIV dio una razón para defender ese lugar incluso sin compartir la fe. Las religiones, dijo, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos: «Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás». Quien reconoce límites a su propia voluntad está menos dispuesto a convertirla en ley para los demás. Ninguna constitución puede garantizar por sí sola esa disposición.
Chile vio arder sus iglesias y se convenció de que eso no le costaba nada. Pero las tradiciones que durante siglos enseñaron a reconocer límites no se reemplazan por decreto. Y una sociedad que las desprecia puede descubrir demasiado tarde que el vacío no lo ocupa la libertad, sino el poder.
