Por estos días la ampliación de la cárcel de Santiago 1 ha elevado la tensión en el gobierno conformando un triángulo donde el municipio de Santiago, el ministerio de Justicia y de Obras Públicas tienen algo que decir.
Pero, como en los momentos complejos de cualquier partido de fútbol, llegó la hora de poner la pelota al piso y revisar lo que está detrás de la polémica. Para eso, conversé con el ex Director de Gendarmería, Christian Alveal, quien, nada más entregar los datos duros sobre lo que sucede en el cuadrante Pedro Montt, donde no sólo se encuentra Santiago 1, sino que también la ex Penitenciaría y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), evidenció el contexto que podría generar una de las crisis penitenciarias más complejas para Chile.
El 29 de enero de 2007 fue inaugurado el establecimiento penitenciario Santiago 1, con una capacidad inicial para 2.682 reos, posteriormente fue ampliada su capacidad a 4.000 internos mediante el programa de densificación, sin embargo, este sólo contempla aumentar plazas por celdas, manteniendo la capacidad original del recinto en todos los demás servicios que éste ofrece. Hoy, alberga a 6.954 reos.
La ex Penitenciaría, fue creada en 1843 y comenzó a funcionar en 1847 con una capacidad para 2.384 personas, un número muy por debajo de los 6.872 internos que se encuentran recluidos en la actualidad.
En julio de 2024 se suma un nuevo recinto al cuadrante de Pedro Montt, el REPAS, correspondiente a la antigua Unidad Especial de Alta Seguridad, y destinado a recibir a los reos de alta peligrosidad y líderes del crimen organizado. Su capacidad por diseño es de 296 plazas, sin embargo, sólo se encuentran ocupadas 110.
En simple, las tres cárceles del cuadrante de Pedro Montt suman una capacidad para 6.680 internos, no obstante, la realidad es bastante distinta. Entre los tres recintos se contabilizan 13.736 reos, con un nivel de hacinamiento de 205,6%.
Sólo esos datos son suficientes para imaginar los problemas de gestión que pueden tener esas cárceles. Ahora, si a eso se suma el hecho de que hoy se han aumentado las penas, los delincuentes cuentan con un mayor poder económico y de fuego, y que tienen soldados dentro y fuera de las cárceles, la probabilidad de que quieran cumplir esas penas es bastante baja y el riesgo de motín o fuga masiva derivado de cualquier alteración al ecosistema penitenciario es cada vez más alto.
Los recintos carcelarios de Pedro Montt requieren con urgencia una ampliación que se haga cargo del nivel de hacinamiento y permita separar a los delincuentes de alta peligrosidad. Entonces, el dilema detrás de la discusión va más allá de la política.
Para oponerse a la ampliación se argumenta seguridad, pero eso es justamente a lo que se debiese apuntar con esa extensión. Con más de 200% de hacinamiento y un entorno donde manda el crimen, la ampliación debiese venir a solucionar eso o, al menos, mitigar esa compleja crisis que se encuentra latente y pudiese desatarse en cualquier momento. Porque, al final del día, no se trata de dónde construir, sino de cómo evitar un problema mayor en un entorno urbano que ya está saturado.
