Cuatro años después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, la principal lección de la Convención Constitucional sigue resonando: una mayoría política puede tener los votos para imponer su visión y, aun así, carecer de la legitimidad necesaria para representar a la sociedad. Tener el poder no es lo mismo que tener la razón.

El proceso nació de una promesa de reencuentro. Después de la crisis de 2019, Chile necesitaba reconstruir mínimos comunes. La Convención hizo lo contrario: convirtió esa oportunidad en un ejercicio de hegemonía. La izquierda interpretó su posición dominante como una autorización para rediseñar las instituciones conforme a sus propias preferencias. Actuó como si su mayoría dentro del órgano equivaliera, sin más, a una mayoría ciudadana.

Ahí estuvo su gran error. Una Carta Fundamental no es un programa de gobierno ni un instrumento destinado a dejar por escrito, de manera irreversible, las convicciones de quienes circunstancialmente tienen más votos. Una cosa es ganar una elección; otra, muy distinta, creer que esa victoria habilita para imponer cualquier cosa. Una Constitución debe contener reglas que también puedan aceptar quienes pierden. Por eso exige autocontención.

La Convención, en cambio, buscó clausurar controversias que debían seguir abiertas a la deliberación democrática y quiso plasmar una determinada concepción del sistema político, la plurinacionalidad, la justicia y la relación entre las personas, la sociedad y el Estado. No se trataba solo de discutir esas materias, sino de amarrarlas para el futuro.

La arquitectura institucional revelaba ese impulso. Se debilitaban contrapesos, desaparecía el Senado y se rediseñaba el sistema de justicia. La plurinacionalidad se traducía en pluralismo jurídico, autonomías territoriales y estatutos diferenciados. Todo ello concitaba una entusiasta adhesión entre quienes compartían esa matriz ideológica; pero un texto constitucional no está llamado a entusiasmar a una facción, sino a albergar a toda la comunidad política.

La misma lógica atravesaba la relación entre persona y Estado. Se reducían espacios de libertad de elección y de iniciativa social en salud, educación y pensiones, inclinando el texto hacia un Estado interventor. Esa visión podía ser legítima como programa político; pero era temerario suponer que todo el país aceptaría quedar sometido a ella.

Ahí estuvo el gran espejismo de la izquierda: creyó que ser mayoría en el órgano redactor significaba contar con el respaldo de buena parte de los chilenos. Ante la resistencia, la moderación no llegó. Primero, se dijo que el Pleno corregiría los excesos; después, que lo haría la Comisión de Armonización; finalmente, se prometió reformar el texto si triunfaba el “Apruebo”.

¡Vaya paradoja! Se pedía aprobar una Carta Fundamental mientras sus propios partidarios anunciaban que habría que corregirla. Si esa Carta necesitaba ser enmendada antes de nacer, era porque algo esencial había fallado en su concepción.

Entonces llegó el 4 de septiembre. Y el espejismo se quebró. El “Rechazo” obtuvo una ventaja de 24 puntos. Fue una refutación tajante de la pretensión de que la mayoría convencional representaba a la ciudadanía. El texto que había reunido amplios respaldos dentro del órgano encontró en las urnas una realidad diametralmente distinta.

¿Cuál es la lección? Que una Constitución exige distinguir entre aquello que una coalición puede legítimamente intentar cuando gobierna y aquello que está habilitada para imponer como regla permanente a quienes piensan distinto. El consenso no es una concesión a la minoría, sino el precio de la legitimidad y la estabilidad.

La Convención fue el epítome de un momento aciago de nuestra política: quiso transformar una mayoría circunstancial en un mandato histórico para refundar Chile a su antojo. Pero ninguna mayoría, por abrumadora que sea, adquiere la propiedad del país. La democracia comienza donde quien ejerce el poder comprende que no todo lo que puede imponer tiene derecho a imponerlo.