Nadie que se tome seriamente la política o ejerza un rol público, pretenderá que los medios de comunicación y los periodistas no lo pongan casi siempre en una situación incómoda. No existen medios “amigos”, y si lo parecen, entonces están haciendo la pega con parcialidad.

En una sociedad abierta, los medios son los principales escrutadores: investigan, interpelan, especulan, opinan y, desde luego, irritan. Y quien ostente el cargo de jefe de gobierno será siempre, aquí y en la quebrada del ají, quien mayor interés genere y con el mayor grado de profundidad.

La Presidenta Michelle Bachelet tiene dos problemas que interfieren en su relación con la prensa. Primero, su concepción filosófica de la idea de libertad, en nombre de la cual debe impedirse toda práctica represiva (recuerde su asociación entre hechos terroristas y conflictos sociales; y revise en Twitter las reacciones histéricas de un sector por el control de identidad y la sanción a los encapuchados). Esa misma libertad, sin embargo, parece amenazante cuando ampara información y opinión no condescendiente con el oficialismo (le toque a quien le toque), cuando critica las decisiones que se están adoptando y cuando pone el acento en los errores y no en las cosas bien hechas (que en este gobierno, francamente, son muy escasas).

Con una concepción de la libertad que tiene un lado A, para amparar la protesta social, y un lado B, que siente como una amenaza, el pluralismo al que varias veces se ha referido la Presidenta en foros internacionales, debe tener limitaciones objetivas. Por nada del mundo quisiera exagerar, pero el tímido ruido en torno a una eventual Ley de Medios, las reformas que se evalúan a Televisión Nacional y la desacertada decisión, que afortunadamente entiendo se revirtió, respecto de la cobertura de medios en las giras presidenciales, se parecen mucho a los ingredientes de un plato que tiene atragantada a una parte importante de América Latina.

En Argentina fue la Ley de Medios, la guerra contra Clarín y Lanatta y los privilegios para el “periodismo militante”. En Venezuela la cancelación de las concesiones a todas las radios y canales de televisión que no adscribieran fielmente a Chávez. Y en Ecuador ha sido la persecución judicial y una Ley de Comunicación que obliga a publicar las notas del gobierno y que ha sancionado a 200 medios en poco más de dos años.

El segundo problema de Michelle Bachelet respecto de la prensa, es la visión que parece haber cultivado de sí misma. Tengo la impresión que terminar su primer gobierno con un 84% de popularidad la autorizó para sentirse eximida de la crítica y del escrutinio público, tanto a su gobierno como a su situación familiar e incluso a su salud, cuestiones que en las democracias consolidadas están fuera de discusión.

En reiteradas oportunidades, la Presidenta de la República ha responsabilizado a los medios del alto rechazo que mantiene desde prácticamente el principio de su gobierno y de la resistencia social a sus reformas. Le molesta que la prensa califique su conducción y no se ha privado de calificar el trabajo de los periodistas: hace un año llamó “canalla” a la corresponsal de un medio por una publicación que no se fue de su agrado; hace pocos días su jefe de seguridad acusó de “impertinente” a quien preguntaba a la Mandataria por el caso Caval; y mantuvo desde el 2011 y hasta el final de sus días castigado al principal programa político de la televisión chilena, convirtiéndose en la única candidata presidencial que no aceptó la invitación de Tolerancia Cero. No da rondas de prensa, no responde preguntas y acepta sólo entrevistas en determinados medios.

En fin, la libertad de prensa pasó a la lista de “enclaves” a los que un sector de la izquierda responsabiliza de que las cosas no resulten como espera: la Constitución, el mercado, la libertad educacional, las universidades privadas, la democracia representativa, y un largo etcétera.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

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