Con la Comisión de Paz y Entendimiento el gobierno busca entregar una solución de Estado para abordar el problema de la demanda de tierras, sin embargo, lo que se vive en la Macrozona Sur abarca mucho más que las tierras y requiere, además, de una estrategia contra la violencia que desarticule a las orgánicas radicalizadas que se nutren de la demanda de territorio y combata el crimen organizado que allí se desarrolla.
Resulta imposible dejar fuera de la conversación los ataques que se acumulan cada día. Sin ir más lejos, durante la misma jornada que se anunciaba la comisión, dos conductores fueron atacados y encapuchados realizaron cortes en la ruta 5. Los grupos violentos se basan en el control territorial, de esa manera ejercen el poder en un sector buscando disminuir la presencia del Estado en él. Los actos terroristas son la manera para conseguir lo anterior, además de atemorizar a la población y presionar al gobierno para no impulsar ciertas medidas.
En ese sentido, una solución centrada en las tierras podría ser un arma de doble filo que permita a las comunidades violentas aumentar su territorio y extender su control y poder.
El catastro de tierras y las iniciativas de justicia para el pueblo mapuche pueden ser mal utilizadas por estos grupos, quienes sólo verán en ellas una oportunidad para mantener sus actividades. Mapuches y no mapuches sufren a diario con la violencia, las orgánicas radicalizadas usan la causa de un pueblo originario para levantar su bandera de lucha contra el Estado de Chile en una zona donde el terrorismo ha permitido el avance del crimen organizado complejizando un escenario de seguridad donde actualmente conviven el terrorismo doméstico, las economías ilegales y el narcotráfico.
El diálogo y los acuerdos son fundamentales para construir respuestas que integren las necesidades de todos los actores. Pero, frente a la violencia, ese diálogo y esos acuerdos deben ser fuertes y claros al momento de aplicar la ley y sancionar a quien corresponda. No es posible ceder ante presiones, las ya conocidas huelgas de hambre no pueden torcer la mando del Estado, quien debe fortalecer su presencia en el territorio y al trabajo de policías y militares se debe incorporar a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Impuestos Internos para perseguir el dinero que financia los actos terroristas y desbaratar los grupos dedicados al crimen organizado.
Resulta fundamental que las víctimas estén primero, que se restaure la confianza que genera la denuncia segura y que se proteja a los testigos que permiten el éxito de las operaciones policiales. Es decir, el Estado debe producir un ambiente que privilegie la justicia y seguridad frente al crimen y el terror y, para eso, antes del catastro de tierras, se debe trabajar en el diseño de una propuesta que integre diversas instituciones y que permita un trabajo coordinado para entregar las respuestas a las necesidades sociales, de seguridad y económicas, que tanto se necesitan en esa parte del Chile.
