En marzo de 1992, mientras presidía el Consejo de Seguridad de la ONU, el entonces embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, permitió que el sacerdote croata, Fra Jozo Zovko, diera testimonio de la violencia en Bosnia ante delegados de la ONU aun cuando no existía un protocolo para aquello. Desde entonces Naciones Unidas denomina «fórmula Arria» al mecanismo que nació de esa improvisación. En abril de 1993, cuando visitó Srebrenica y ante la indiferencia de las grandes potencias, Diego Arria advirtió de un genocidio en cámara lenta, mucho antes de que se produjeran las masacres en Srebrenica en 1995, una zona que había sido considerada segura por el Consejo de Seguridad. Años después, Diego Arria declaró como testigo en La Haya, durante seis horas, en contra de Slobodan Milošević, que murió en 2006 en su celda, pero sin sentencia.
En 2011, cuando era precandidato presidencial en Venezuela, Diego Arria también denunció ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al entonces prócer de moda de la izquierda latinoamericana, Hugo Chávez, por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2003 y 2011. Un informe de seiscientas páginas documentaba desplazamientos forzados, asesinatos y torturas bajo el poder de quien, no hay que olvidarlo, también había intentado un golpe de Estado en 1992 en Venezuela. En junio de 2014, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció una orden de captura en contra de Arria junto a la de otros opositores. Arria ya vivía fuera del país y hasta ahora no ha podido regresar. Años después, la propia Ortega Díaz rompió con Maduro y hoy también figura entre los exiliados del régimen que ayudó a sostener.
El férreo opositor a Chávez era el mismo Diego Arria que en 1974 consiguió que otro dictador militar, Augusto Pinochet, dejara libre al excanciller Orlando Letelier. Arria era entonces gobernador del Distrito Federal de Caracas, pero viajó personalmente a Chile para buscar la libertad de su amigo. Y lo logró. Letelier posteriormente se instaló en Estados Unidos, donde fue vilmente asesinado en un atentado terrorista el 21 de septiembre de 1976 en pleno Washington, junto a su colega del Institute for Policy Studies, Ronni Moffitt.
A diferencia de Diego Arria, que siempre ha sido coherente con la defensa de los derechos humanos, la expresidenta Bachelet ha sido más bien ambivalente. Si bien su informe respecto a Venezuela en 2019 fue explícito al consignar 6856 muertes a manos del régimen chavista bajo la categoría de “resistencia a la autoridad”, años antes había elogiado a Hugo Chávez.
En julio de 2017, por ejemplo, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó que la entonces Presidenta Bachelet no considerara al régimen chavista como una dictadura, ya bajo el mando de Nicolás Maduro, y que dijera que todo era un problema de falta de diálogo, dando a entender que la oposición venezolana también era responsable de la represión de Maduro. Lo cierto es que en ese entonces el chavismo ya operaba de forma autoritaria encarcelando a disidentes y opositores.
La posición de Bachelet respecto a otros regímenes autoritarios de izquierda siempre ha sido amortiguada. Visitó Xinjiang en mayo de 2022 en un recorrido guiado por los comunistas chinos y el informe sobre la situación de los uigures se publicó recién el 31 de agosto, minutos antes de que expirara su mandato. Peor aún, todos saben que ha sido complaciente con la dictadura comunista cubana. Inolvidable es su entusiasmo para ir a saludar a Fidel Castro en febrero de 2009.
Michelle Bachelet, en ese sentido, tiene el modus operandi instrumental que gran parte de la izquierda aplica respecto a los derechos humanos. Mientras hablan constantemente de garantías de no repetición cuando el dictador es de derechas, aplican justificaciones de todo tipo, desde eufemismos burdos hasta los típicos argumentos del asedio imperial, para no tener que exigir el mismo estándar a un régimen dictatorial o a un sátrapa de izquierda. Así lo hizo de hecho una parte de la izquierda chilena en relación con el propio informe de Bachelet respecto a Venezuela. Quienes le quitaron el piso a su trabajo como alta comisionada no fueron los republicanos de Kast, sino los comunistas chilenos que acusaron de parcialidad a la exmandataria y que hoy, irónicamente, derraman lágrimas por su desplomada candidatura como secretaria general de las Naciones Unidas.
La no repetición que clama la izquierda se torna una liturgia vacía, una pantomima que sólo sirve para instrumentalizar políticamente el pasado y los derechos humanos. Esto es algo en lo que la derecha también cae cuando pretende elevar a asesinos o torturadores a la categoría de héroes. Lo coherente, siguiendo el ejemplo de Diego Arria, es exigir justicia con una sola vara: pedir la extradición de quien está asilado en Francia tras asesinar al senador Jaime Guzmán, y la de los responsables del atentado que mató a Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington. Ese sería un criterio mínimo de coherencia y justicia.
La caída de las opciones de Michelle Bachelet a la primera línea de la ONU y su candidatura impulsada por Gabriel Boric en septiembre de 2025 ante la 80.ª Asamblea General sin mediar consenso político, no debería extrañar a nadie. Se quiera o no, Bachelet llegaba a competir con una hoja de servicios en favor de los derechos humanos que, examinada de cerca, no es tan grandiosa como sus partidarios pretenden.
Diego Arria nunca dirigió las Naciones Unidas. Pero su apellido quedó grabado en el procedimiento del Consejo de Seguridad. Quizás el problema está en que muchos ahora buscan cargos más que justicia. Son candidatos a todo sin compromiso con nada.