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¿Qué papel habría tenido la “Comisión Asesora contra la Desinformación”, instituida hace unos días a través de un decreto ministerial, de haber existido antes de 2023, cuando algunos episodios de desinformación -si es que así se les pudiera denominar- alcanzaron gran trascendencia entre nosotros? Un ejercicio contrafactual en esta materia resulta útil para discernir respecto de una de las instituciones más controversiales que se pueden concebir en un régimen democrático.
¿Qué habría recomendado la Comisión, por ejemplo, cuando se afirmó no hace tanto, y se repitió sin descanso, que el sistema de ahorro previsional era en realidad una gigantesca estafa Ponzi? A la vista de las magras pensiones que entregaba el sistema, millones de personas creyeron en esta especie, que más que desinformación fue una colosal mentira, una que ha tenido profundos efectos -no podría ser de otra forma- en la sociedad chilena y en la política. Algunos parlamentarios contribuyeron a esparcirla con aspavientos en pleno hemiciclo, y todavía suele algún congresista referirse al sistema de ahorro individual como una estafa perpetrada impunemente por sus administradores.
Cuando parecía que sería imposible contradecir la idea del “robo legalizado de las AFP”, reiterada aquí y allá cientos de veces, inesperadamente los retiros de fondos previsionales vinieron en auxilio de la verdad. Ningún peso de los ahorrantes había sido escamoteado por los gestores de esos fondos y, al contrario, con el tiempo habían ganado ingentes intereses. De pronto, quedó al descubierto que los problemas del sistema de pensiones eran otros de muy distinta índole. No habría sido especialmente difícil comprenderlos si se hubieran puesto oportunamente en la palestra. Pero el daño reputacional ya estaba hecho: la confianza en el sistema había sido aniquilada como pocas veces ha ocurrido respecto de una actividad de tal importancia en el país. Tanto así que la licencia social para operar de las AFP pende de un hilo, al extremo que su continuidad por momentos se ha tornado políticamente inviable.
No es posible exagerar la gravedad de este episodio, incluso si se aceptan sin reservas las evidentes insuficiencias e imperfecciones de nuestro sistema de pensiones. ¿Puede haber una creencia más corrosiva en una sociedad que suponer el saqueo de los ahorros de millones de cotizantes por parte de aquellos a los que obligatoriamente se entregan a su cuidado para hacerlos rentar? ¿Cuánta incidencia tuvo esta execrable mentira en la discusión de la necesaria reforma previsional que lleva años sin avance en el Parlamento? ¿Incluso, qué impacto pudo haber tenido en la “calidad de la democracia” (las palabras son del decreto que dio vida a la Comisión en cuestión)? Y, por qué no, ¿tuvo alguna incidencia el supuesto saqueo de las cuentas individuales en el estallido social de octubre de 2019?
El rol correctivo que la Comisión pudo haber tenido en este ejercicio imaginario, ¿sería el mismo que sus impulsores tuvieron en mente para su creación? No es difícil imaginar la reacción de los entonces parlamentarios del Frente Amplio, que hoy habitan en el gobierno, a la que habría sido la única recomendación posible de la Comisión ante esa monumental “desinformación”: una propuesta orientada a desvirtuar semejante especie. Es más, si algo así hubiese sido acordado por sus integrantes, sigamos imaginando, en pleno gobierno de Sebastián Piñera, ¿habría sido capaz de corregir la “desinformación” que sufrieron conspicuos personajes de entonces, o sólo quedaba el efecto fortuito que iban a tener los retiros para su necesaria reparación?
Lo que muestra el ejercicio es la casi entera inutilidad del organismo recién instituido en un caso en que la desinformación ha tenido graves consecuencias en la formación de opinión de millones de chilenos. Ni siquiera sus “desinformados” autores se habrían beneficiado en su tiempo de las pretendidas virtudes de la existencia de esta Comisión. Todo esto reafirma, en cambio, el rol insustituible de las instituciones concernidas para procurar el imperio de la verdad, esto es, ministerios, superintendencias, las propias administradoras y los centros de pensamiento, entre otros. Cuando actúan pasivamente, o peor todavía, cuando guardan silencio, el vacío comunicacional es llenado inevitablemente por la desinformación o la posverdad.
En consecuencia, el foco debe ser puesto en la comunicación de los contenidos en forma oportuna y continua por parte de las instituciones correspondientes, las que han de utilizar los medios más eficaces para ese fin, en un contexto de una elevada diversidad de canales comunicacionales disponibles y de fragmentación de las audiencias como ocurre actualmente.
Lo cierto es que en tiempos cuando la desconfianza es el default la acción de una Comisión contra la Desinformación no sólo ofrece escasa utilidad, sino que se presta para una duda trascendental: si acaso podría servir para erosionar la libertad de expresión, un pilar de la democracia que ni por un momento debiera ser tocado por las amenazas que sus enemigos le prodigan sin respiro.
