A un mes de haber asumido como ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot aborda, en su primera entrevista, los principales desafíos de la cartera que lidera. Se refiere al estado en que recibió el ministerio, a las más de 68 mil solicitudes pendientes de títulos de dominio, las tomas de terrenos fiscales, y sostiene que realizará un proceso de licitación de inmuebles fiscales, que han sido ocupados o abandonados.
Además, plantea la necesidad de modernizar los procesos del ministerio y advierte sobre los incentivos que, a su juicio, han debilitado la valoración del patrimonio fiscal en los últimos años.
-Ministra, ¿como se ha sentido en este primer mes de gobierno?
-Conversábamos con las otras ministras que recién llevamos un mes y parece que fuera mucho más. Ahora, esto es así, los gobiernos son así, yo ya tengo experiencia, fui ministra en este mismo ministerio, en el primer gobierno del Presidente Piñera, así que yo ya sé que siempre gobernar o dirigir un ministerio es a presión, así que hay que hacerlo con tranquilidad, con alegría y van saliendo las cosas.
-¿Cuál era el estado de situación del ministerio cuando entraron? ¿Cómo lo entregó el gobierno anterior?
-Uno cuando parte hace como un status quo de cómo están las cosas, para poder empezar a gestionar. Aquí hay un problema, que a lo mejor se ha debido a distintas formas de gestionar, o a lo mejor a que no se han hecho cambios legales que es necesario hacer en el ministerio para acelerar los procesos, pero nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en una de las materias más importantes que tiene este ministerio, que es el proceso de regularización de la propiedad raíz, tenemos más de 68 mil solicitudes pendientes. Eso significa que hay familias que están esperando por su título de dominio, el cual les permite a la familia, a los padres, transferirle la propiedad a los hijos, heredarla, o si no, recibir un subsidio de vivienda, o tal vez pedir un crédito, es decir, hacer gestión con esa propiedad.
-¿A qué se debe esto?
-Principalmente, son fallas legales, es decir, que la ley o los procesos no han sido capaces de responder a una demanda mucho más grande y una presión más grande sobre el ministerio. También, creo que nosotros tenemos la posibilidad de mejorar hoy día, con tecnología y además con las nuevas leyes que se han dictado, que son estas leyes de integración entre los servicios, que obligan a que cuando los documentos que se necesitan para un proceso provienen de uno u otro servicio, que en el fondo exista una integración en el trabajo.
-¿Y cree que existió un problema heredado del ex Presidente Gabriel Boric?
-Yo prefiero no hacer ese tipo de imputaciones. Yo lo que constato es que aquí hay 68 mil solicitudes de dominio que están pendientes. Una de las regiones que más nos interesa que salga de la pobreza y que vaya hacia el desarrollo es La Araucanía y ahí hay 15 mil de estas solicitudes de título de dominio pendientes. En el otro proceso, que son las herencias vacantes, tenemos 47 mil solicitudes de herencias vacantes dentro del ministerio. Un atochamiento, que se debe también a los cambios tecnológicos en la demanda, porque muchas solicitudes que antes se hacían personalmente, hoy día se hacen a través de los sistemas tecnológicos. Entonces, hoy día la avalancha es gigantesca a través de los medios tecnológicos. Hay un colapso que tiene múltiples facetas, que no es solamente que yo pueda atribuir mala intención. Lo atribuyo a una necesidad de modernización del ministerio, de los procesos y adecuación a las realidades que hoy día tiene el país.
«Se ha incentivado que el territorio fiscal no es de nadie y se puede tomar«
-Y en el llamado «gobierno de emergencia», ¿cuál es la principal emergencia que tiene Bienes Nacionales?
-Este ministerio administra más o menos el 52% del territorio fiscal. Es muy difícil seguir fiscalizando grandes expansiones de terreno en el norte con el equipo humano que tenemos, porque simplemente no alcanza. ¿En qué se ha traducido eso? En tomas que ya están prácticamente incontrolables y eso para nosotros es una emergencia. Es una emergencia desde varias facetas. Es una emergencia social, pero también es una emergencia de falta de valoración de lo que es de todos, que al final de cuentas se han generado incentivos incorrectos. Es decir, de alguna manera con las políticas que se han tenido en sucesivos gobiernos, se ha incentivado el que el territorio fiscal no es de nadie y se puede tomar, y al final llega el Estado, te regulariza, y te soluciona el problema. Tenemos ese gran problema.
-¿Qué van a hacer con la «megatoma» de San Antonio? Porque la inmobiliaria le pidió al gobierno desistir de la expropiación.
-Esa megatoma no tiene nada que ver con Bienes Nacionales, está vinculada al Ministerio de Vivienda. No depende de este ministerio ni esa ni otras expropiaciones. Sí, nosotros tenemos la herramienta para expropiar, pero en este caso no corrió por Bienes Nacionales, no hay platas asignadas para expropiación.
-¿Pero abogarán por la recuperación de terrenos fiscales?
-Sí, recuperación de estos grandes paños. En el fondo tenemos que hacer un trabajo ahí. Nos hemos ido juntando con los gobiernos regionales, con los alcaldes, con la Fundación Un Techo para Chile, porque ellos tienen un profundo conocimiento de la situación de los campamentos, y han ido trabajando allá, para poder definir una política que nos permita, por una parte, solucionar los problemas sociales, pero por otra parte decir que no se va a aguantar este abuso, y para adelante esto no se tolera más. Pero, para eso también necesitamos volver a valorizar el terreno fiscal, la gente tiene que sentir que ese patrimonio es de todos, y no que es un terreno abandonado, baldío, al que se le puede echar basura, porque tú ves que se han transformado en basurales, el que se puede deteriorar, o el que se puede tomar.
«Se han acumulado un número de propiedades que pueden ser más de las que hablaba el ministro Quiroz«
-De hecho el ministro Jorge Quiroz habló de 1.200 propiedades que tiene Bienes Nacionales que han sido ocupadas por funcionarios públicos o abandonadas. ¿De qué se trata esto, ministra? ¿Han hecho ese catastro?
-La verdad es que esas propiedades tienen un origen, el que yo te contaba que era el de la herencia yacente. Es decir, cuando la persona fallece, no tiene herederos, se hace una denuncia al fisco para que el fisco investigue si hay herederos, si hay bienes, y en el caso de que no existan, esos bienes pasan al fisco como heredero. En esos bienes puede haber inmuebles, acciones o derechos sociales, previsiones, fondos previsionales. Y ese es el cúmulo de inmuebles, porque la ley mandata que el ministerio una vez que recibe ese inmueble tiene que venderlo en dos años. Eso es lo que no se ha hecho históricamente, y por lo tanto se ha acumulado un número de propiedades que pueden ser más de las que hablaba el ministro Quiroz.
-¿Más de 1.200?
-Pueden ser más. Por eso yo te decía que tenemos una cantidad de cerca de 47.000 denuncias de herencia yacente. Dentro de esas denuncias hay inmuebles, hay acciones, hay fondos previsionales. Y esos inmuebles a los que se refiere el ministro Quiroz tienen esa fuente, pero son los que a nosotros se nos informa que están acá. Como hay muchas solicitudes pendientes de investigar, ahí se pueden encontrar una cantidad importante de inmuebles. No digo que los 47.000 sean inmuebles, porque eso sería falso.
-Ahora, el ministro Quiroz decía que van a vender estas propiedades. ¿Las venderán todas? ¿Cómo va a ser este proceso?
-Esta es una decisión que es poca la movilidad que tiene. Esto es una obligación legal, que si no se ha hecho, ha sido porque históricamente se tomaron decisiones distintas. Pero yo voy a cumplir la ley, entonces lo que vamos a hacer es investigar en qué situación se encuentran estas propiedades. Porque es posible que estén arrendadas, es posible que estén tomadas, es posible que haya que aclarar todavía algunos títulos, que haya alguna denuncia en tribunales. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, de levantamiento de esa información.
-Se hablaba de una propiedad en La Parva…
-Respecto de la casa de La Parva que ha salido, la verdad es que yo no sé si es la misma a la que se refería el ministro Quiroz, pero efectivamente el fisco tiene una casa en La Parva, adquirida por este mismo mecanismo que fue herencia yacente. Ese inmueble estaba entregado a una organización que se llama «Los Vecinos de la Parva». Era una concesión por 25 años. Después se les entregó un permiso de ocupación que creo que venció, y esa propiedad va a entrar dentro de la licitación de inmuebles fiscales provenientes de herencia vacante, que esperamos poder hacer de aquí a seis meses.
-¿Ese es el plazo para todo el proceso?
–El plazo que tenemos en mente es modelar la licitación y hacer toda esta investigación de inmuebles dentro de seis meses. Ahora, esto va a significar que vamos a tener que correr, porque normalmente las licitaciones que van modelándose dentro del aparato público son más lentas, pero lo vamos a hacer porque queremos correr, es decir, hay una urgencia económica, sabemos que el país está viviendo momentos difíciles y, por lo tanto, queremos cumplir con esta obligación legal para llegar a más fondos que se puedan usar en todos los beneficios que hay que entregar a muchos chilenos.
-Se hablaba de entre 200 y 300 millones de dólares en recaudación.
-Es que yo no me quiero casar con una cifra, porque tengo que esperar a ver las condiciones en que están estos inmuebles. Aquí pueden haber inmuebles que son departamentos que pueden estar muy bien ubicados, pero no nos olvidemos que esos departamentos durante muchos años no han pagado gastos comunes ni luz, pueden tener deudas, entonces el valor del inmueble puede bajar mucho con la cantidad de deudas que tengan. Toda esa investigación yo prefiero analizarla, llevo recién un mes, entonces tengo que despejar esos números y de aquí a un tiempo más vamos a decir ‘este es el número de inmuebles que se van a licitar’.
«Muchas veces se dice que el ministerio está privatizando, como si fuera un pecado»
-¿Y sobre el proceso?
–El proceso va a ser la licitación, porque es más transparente y porque cualquier persona interesada va a poder conocer el estado de los inmuebles, las situaciones en que se encuentran y va a poder comprarlos. En el fondo, es el mandato legal, porque muchas veces se dice que el ministerio está privatizando como si fuera un pecado, nosotros queremos que esos inmuebles, que hoy día prácticamente son un pasivo y que no están teniendo buen uso, lleguen a una persona privada que pueda darles un buen uso.
-¿Y efectivamente podría haber funcionarios públicos utilizando estas propiedades del Estado?
-Lo que pasa es que existe en la normativa una facultad para los funcionarios públicos de poder arrendar inmuebles fiscales. Esto se usaba mucho cuando teníamos casos de funcionarios que iban a la zona extrema, por ejemplo, funcionarios que se iban a Magallanes o que tenían que ser destinados para trabajo en Arica, o en comunas donde los arriendos son extremadamente caros, y muchas veces se les daba la facilidad de arrendar estos inmuebles fiscales. Había una política que ha estado destinada con los inmuebles fiscales a ir resolviendo algunas situaciones administrativas que necesitaban tener un cauce. No es ilegal. Lo que sí, nosotros vamos a buscar los abusos, que es otra cosa. Si hay abuso, nosotros los vamos a parar. Pero lo que esté dentro de la ley lo vamos a respetar.
-Y eliminaron la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, que ayudaba a regularizar las tierras indígenas para que obtuvieran sus títulos de dominio y optaran a las ayudas estatales. ¿A qué responde esta medida?
-Cuando llegamos acá teníamos una mala impresión de la orgánica donde estaba situada la Unidad de Pueblos Indígenas, porque estaba debajo de la división de planificación y presupuesto. Nuestro diagnóstico fue que la unidad donde estaba situada o las capacidades donde estaban situadas tenían que trasladarse a las unidades de gestión. La unidad de gestión en regularización, y la unidad de gestión en la administración de Bienes Nacionales, que es donde se definen los paños cuando hay reclamaciones de algunas comunidades indígenas, especialmente en el norte. Entonces, lo que quisimos es que la gestión de cada una de esas unidades respondiera a la necesidad que tenemos nosotros de darle solución o cauce a las solicitudes de nuestro pueblo originario. Y por eso sacamos esa unidad, distribuimos a algunas personas y otras no pudieron continuar porque en el fondo eran personas de confianza y estaban en otras tareas.
-¿Pero, va a tener efecto sobre la tramitación de tierras indígenas?
-De todas maneras, sí, ese fue el objetivo de sacarla, porque entendimos que sigue existiendo para el Ministerio de Bienes Nacionales una tarea muy importante con los pueblos indígenas, pero esa tarea se tiene que traducir en resultados. Nosotros no somos la Conadi, que nos dedicamos a hacer estudios o cosas por el estilo. Nosotros tenemos que dar la mano a través de la entrega de los títulos de dominio y la disponibilidad de los territorios en los que existen reclamaciones.
-¿Hay alguna otra medida de austeridad fiscal que involucre a Bienes Nacionales?
-Todos los ministerios estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder disminuir el 3%. Este ministerio es un ministerio chico, por lo tanto hay ciertas áreas que nosotros podemos mejorar, y eso nos ha permitido cumplir rápidamente con el reajuste del 3%. Estamos también generando sinergias en los equipos de trabajo, que nos van a permitir utilizar de mejor manera los materiales, toda la infraestructura que tenemos acá. Y también estamos haciendo una reorganización, por ejemplo, de innumerables inmuebles que se arriendan y que podemos darles un mejor uso, o en vez de arrendar, usar los bienes fiscales, etc. Estamos buscando distintas fórmulas y en eso el trabajo con el subsecretario ha sido muy estrecho, con distintas fórmulas para poder ir allegando recursos, y poder colaborar con esta tarea de mejorar la gestión y de llegar recursos para poder seguir sosteniendo las políticas sociales del gobierno.