“Otra cosa es con guitarra”, admitió hace poco el Presidente José Antonio Kast. La frase tiene historia: con ella Gabriel Boric reconoció en su día la distancia que media entre prometer y gobernar, y los republicanos no dejaron pasar la ocasión de recordársela. Ahora la pronunció Kast, y la réplica más reveladora no vino de la oposición, sino de su propia casa. El 20 de septiembre, en entrevista con El Líbero, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sostuvo que “a la guitarra del gobierno hay que sacarle más melodías de las que estábamos acostumbrados”. Dicho por uno de los hombres más cercanos al Presidente, no es un comentario al pasar. Es la admisión de que, a seis meses de instalado, el gobierno todavía no encuentra el tono.
Las encuestas confirman el diagnóstico. Según la medición que se consulte, la aprobación presidencial oscila entre el 25% y el 36%, y el rechazo ronda el 60%. Con todo, la cifra que debería quitar el sueño en La Moneda es otra: seis de cada diez chilenos creen que el gobierno ha resultado peor de lo que esperaban, y cuatro de cada diez no confían en ver mejoras antes de que concluya el mandato. Eso ya no es simple impopularidad; es desánimo. Y el desánimo tiene una particularidad incómoda: no se revierte con un buen anuncio ni con un cambio de gabinete, porque no nace de un error puntual, sino de la sospecha de que nada va a cambiar.
¿Cómo se llegó a este punto? En parte, porque el país cambió de pregunta y el gobierno siguió contestando la anterior. Kast ganó con la promesa del orden, cuando la seguridad copaba la conversación pública. Hoy son la economía y el empleo los que encabezan con holgura las preocupaciones ciudadanas, mientras la delincuencia ha quedado en un segundo plano. El reproche más extendido es haber traspasado a los consumidores el alza de los combustibles; lo siguen el bajo crecimiento y el desempleo. El Presidente llegó dispuesto a cavar zanjas en la frontera y se encontró con que la angustia de los chilenos estaba en la billetera.
Hay, sin embargo, algo menos visible y probablemente más grave, que tiene que ver con el oficio de gobernar. Septiembre dejó una coincidencia digna de manual. En el Senado, la fórmula para financiar la Sala Cuna Universal naufragó por un voto. Dos semanas más tarde, en la Cámara, la reforma constitucional que ampliaba el plazo de detención de migrantes irregulares para hacer efectivas sus expulsiones quedó también a un voto del quórum. Una era una iniciativa de acuerdo social; la otra, una bandera de trinchera. Signos opuestos, desenlace idéntico. Perder por un voto es la manera más costosa de perder, porque revela que el problema no estuvo en las convicciones del adversario, sino en los cálculos propios.
De ahí que la disyuntiva entre política de trincheras y política de acuerdos sea, en buena medida, engañosa. No funcionó la mano dura, pero tampoco la mano tendida. Lo que falló fue la mano que cuenta los votos. La ciudadanía parece haberlo percibido: el equipo de gobierno, la disciplina de la coalición y la relación con la oposición figuran entre los aspectos peor evaluados de la administración. Un gobierno sin mayoría propia no puede darse el lujo de prescindir de buenos operadores políticos. Aun así, el Ejecutivo se apresta a reponer en la Cámara la misma fórmula de financiamiento que el Senado acaba de rechazar, como quien vuelve a pulsar la cuerda desafinada esperando que esta vez suene distinto.
¿Qué melodías quedan, entonces, por arrancarle a esa guitarra? Lo primero es resistir la tentación de una nueva escalada simbólica. Otro decreto punitivo podrá entusiasmar al núcleo duro, pero no le dice nada a la mayoría que hoy pregunta por el trabajo. Si existe una fuga hacia adelante, pasa necesariamente por la economía.
Y aquí asoma una ironía que el oficialismo haría bien en no desdeñar. Un gobierno que exhibe como su gran logro la contención del gasto y el orden de las cuentas fiscales quizá deba, a estas alturas, releer a Keynes. No al Keynes de la caricatura, el del gasto sin freno, sino al que comprendió que, cuando las expectativas se derrumban, empresas y familias se repliegan a esperar, y esa espera termina por cumplir la profecía. El desánimo es también un dato económico. Cuando nadie se atreve a invertir ni a consumir, alguien tiene que encender el motor, y en tales circunstancias ese alguien solo puede ser el Estado.
Ello no exige abandonar la responsabilidad fiscal, sino ponerla al servicio de lo que multiplica: inversión pública ejecutada a tiempo, vivienda, obras y concesiones destrabadas, permisos que dejen de ser un laberinto burocrático. Incluso la sala cuna, mirada con otros ojos, es política de empleo, porque libera trabajo femenino y genera demanda de servicios. Reducirla a un pleito por un 0,35% es desperdiciar una de las pocas melodías capaces de sonar bien a ambos lados del hemiciclo.
La otra tarea es política y bastante más prosaica. Si el gobierno aspira a acuerdos, debe negociarlos antes de votar y no después de perder. Eso supone un comité político con peso propio, interlocutores en quienes la oposición confíe y una coalición que no se entere por la prensa de lo que se resuelve en Palacio. Supone, además, cambiar el relato: menos épica del orden y más metas concretas de empleo e inversión, que la gente pueda ir verificando mes a mes.
Nada de esto garantiza recuperar la aprobación perdida, pero sí puede contener el desánimo, que es hoy el adversario más serio del gobierno. La alternativa es seguir rasgueando la misma cuerda, cada vez con más fuerza, confundiendo el volumen con la música.