La editorial que no debía estar

Hay formas de censura que no necesitan decreto. No requieren prohibición formal, quema de libros ni funcionarios públicos revisando catálogos. A veces basta con algo mucho más simple: decidir quién puede entrar y quién debe quedar fuera. 

Eso fue lo que ocurrió con la editorial Entre Zorros y Erizos en la Feria Primavera del Libro de 2023. La editorial postuló, cumplió los requisitos, pagó la inscripción y luego fue excluida porque su catálogo no respondía a los «lineamientos» de la asociación organizadora. Su catálogo estaba compuesto por libros de historia, filosofía política y ensayo, con una orientación liberal y conservadora. Es decir, no fue excluida por incumplir una regla objetiva, sino porque sus ideas resultaban incómodas para quienes administraban el espacio. 

El 30° Juzgado Civil de Santiago acaba de acoger la demanda presentada por Sofía Abarca y la editorial, concluyendo que hubo discriminación arbitraria. El fallo es relevante por el caso concreto, pero también por la señal institucional que entrega: en una democracia libre, la circulación de ideas no puede depender del gusto ideológico de quienes controlan una feria, una mesa, una comisión o un espacio cultural. 

El problema de fondo no es solo jurídico. Es cultural e institucional. En Chile se ha vuelto demasiado habitual que ciertos espacios se presenten como abiertos, diversos y plurales, pero funcionen en la práctica bajo criterios de homogeneidad ideológica. Algunas ideas entran con naturalidad. Otras deben pedir permiso, justificarse o demostrar que merecen existir. No siempre hay una orden explícita ni una decisión coordinada. Muchas veces basta con un ambiente donde ciertos criterios se han naturalizado y otros se consideran sospechosos desde el inicio. 

Alexis de Tocqueville advirtió, hace casi dos siglos, algo que puede ser discutible, pero sin duda de interés para este punto: que el mayor peligro para la libertad en las democracias modernas no vendría de la tiranía del Estado sino de algo más sutil: la presión social de la mayoría sobre la minoría que se atreve a pensar distinto. No hacen falta cadenas ni decretos; basta con hacer la vida intelectual suficientemente incómoda para que el disidente aprenda a callarse. Lo que Tocqueville describió como riesgo abstracto es hoy, en amplios sectores de la vida cultural chilena, una práctica cotidiana. Y su rasgo más característico es precisamente ese: no tiene autor, no tiene decreto que impugnar, no deja huella visible. Solo resultados. 

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En el mundo anglosajón, los últimos años han dejado episodios que ilustran el mismo patrón con mayor nitidez, precisamente porque allí la reacción institucional ha sido más visible. Académicos de universidades de primer nivel han sido desinvitados de conferencias o presionados a renunciar no por la calidad de su trabajo sino por sus posiciones intelectuales. Escritores han visto sus manuscritos rechazados por editoriales que aplican criterios ideológicos de selección. El caso del psicólogo canadiense Jordan Peterson —a quien la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge retiró una oferta de visiting fellowship en 2019 tras la presión de grupos estudiantiles, es quizás el más conocido. Pero no es el único. Lo relevante no es el nombre ni el caso, sino el patrón: la exclusión ideológica en espacios culturales y académicos no es un accidente ni una excentricidad local. Es una tendencia con lógica propia. 

John Stuart Mill sostuvo que el valor de la libre circulación de ideas no depende de que todas sean verdaderas. Depende de algo anterior: nadie tiene autoridad suficiente para suprimir una opinión sin correr el riesgo de suprimir una verdad, o de convertir la verdad aceptada en dogma irreflexivo. Una convicción que nunca es desafiada deja de ser razonada para convertirse en reflejo. El mundo cultural que excluye un catálogo porque sus ideas molestan no sólo comete una injusticia con quienes las sostienen: se empobrece a sí mismo. 

La exclusión de Entre Zorros y Erizos no ocurrió en una reunión privada ni en una actividad cerrada de afinidad doctrinaria. Ocurrió en una feria del libro organizada por una asociación gremial, con apoyo municipal y respaldo del Ministerio de las Culturas. Eso cambia el estándar. Una asociación privada puede tener preferencias, líneas editoriales y afinidades propias. Pero cuando administra un espacio de circulación cultural abierto al público, asociado a instituciones públicas y presentado como expresión de diversidad editorial, no puede actuar como árbitro de las ideas permitidas. Cuando eso ocurre con apoyo público, el problema deja de ser privado y se transforma en un asunto republicano. 

Por eso el fallo importa. No porque obligue a nadie a estar de acuerdo con los libros de Entre Zorros y Erizos. Importa porque recuerda una regla básica de la vida republicana: cuando un espacio cultural se abre al público y se apoya en instituciones comunes, no puede discriminar por razones ideológicas. La igualdad ante la ley también protege a quienes no son mayoría en los ambientes donde se reparten invitaciones, cupos y legitimidad cultural. 

Hay además una lección para el mundo liberal clásico y conservador chileno. Sofía Abarca no se limitó a denunciar el hecho en redes sociales ni a reclamar por la cultura de la cancelación. Fue a tribunales, invocó la Constitución y la Ley 20.609, argumentó en derecho y ganó. Ese camino importa. En una democracia, las instituciones no sólo sirven para limitar el poder del Estado; también sirven para proteger a las personas y organizaciones frente a formas más difusas de exclusión. El Estado de Derecho no distingue entre ideas de izquierda y de derecha: protege a todos, pero sólo a quienes tienen la determinación de invocarlo. 

El mundo liberal clásico y conservador suele denunciar —muchas veces con razón— la hegemonía cultural que se ejerce en ciertos espacios. Esa denuncia es legítima. Pero la denuncia sola no construye nada. Lo que este caso demuestra es que hay otro camino: usar las herramientas institucionales disponibles, litigar cuando corresponde, exigir criterios objetivos y defender la igualdad ante la ley con la misma convicción con que se defienden las ideas propias. Sofía Abarca lo hizo. Y ganó. 

El caso terminó bien para Entre Zorros y Erizos. Pero deja una pregunta abierta: ¿cuántos otros espacios culturales financiados, apoyados o legitimados con recursos públicos operan bajo criterios parecidos, sin que nadie haya decidido todavía impugnarlos? 

Una democracia sana no necesita menos libros ni menos editoriales. Necesita más debate, más pluralismo y más confianza en que las personas pueden leer, comparar y decidir por sí mismas. Una feria del libro que excluye por ideas no protege la cultura: la empobrece. Y cuando esa exclusión ocurre con apoyo público, el problema deja de ser privado y se transforma en un asunto republicano.