En la “hoja de ruta” de la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, los ideólogos de su programa señalan que buscan “formar una cultura de la solidaridad en la cual todos nos hacemos responsables de alguna manera de la calidad de vida de todos”. ¿Cómo? Garantizando, responden, todos los derechos sociales y “desmercantilizando” ciertos aspectos de nuestras vidas. Todo esto consagrado en una nueva Constitución.
Se dice que el papel aguanta mucho, pero una Constitución no puede ser entendida como un simple soporte donde estén vertidos todos los “sueños”, tal como dijera un ministro hace un tiempo atrás. Una Constitución debe ser el marco mínimo para la convivencia social, estableciendo límites claros al poder estatal, garantías básicas para los derechos esenciales –vida, propiedad y libertad-, y las condiciones necesarias para el máximo despliegue de la sociedad civil. El resto es poesía panfletaria.
Los llamados derechos sociales van contra esa idea de Constitución, puesto que para su realización requieren de un Estado poderoso y monopólico, que deje de lado a la sociedad civil y se encargue de satisfacer las necesidades demandadas –educación, salud, previsión, entre otras–, socavando nuestra libertad para hacernos cargo de nuestros problemas. El Estado como único proveedor es la finalidad del programa de la candidata del Frente Amplio.
Muchos han cuestionado este enfoque por los recursos que implicaría, pero el debate va más allá de eso. No es sólo cuestión de si el Estado tiene la capacidad económica para hacerse responsable de la satisfacción de los llamados derechos sociales, sino también, y principalmente, de la concepción de sociedad que se pretende construir. El adherir a la postura del Frente Amplio y de otros sectores de la izquierda significa concebir a la sociedad como un colectivo indivisible, cuya existencia sólo es posible al amparo estatal, negando cualquier posibilidad de voluntarismo. El Estado como el garante de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Pluralismo democrático? Nada más lejano.
No se trata de excluir al Estado y entregar todo a las fauces del mercado, como les gusta a algunos satirizar, sino de plantear una solución responsable, que reconozca la diversidad en que vivimos, que comprenda cómo la sociedad civil, el mercado y el Estado, todos en una justa medida, pueden solucionar cooperativamente las deficiencias que aún tenemos como país.
Debemos tener cuidado con el fanatismo ideológico tras los derechos sociales, que puede llegar al extremo de deshumanizarnos, entregando todo el quehacer social al Estado, profundizando la crisis política en que nos encontramos.
Esteban Montaner Rodríguez, investigador de la Fundación para el Progreso
FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO