A raíz del controvertido proyecto de post natal de emergencia, una vez más las normas constitucionales no se respetaron. Con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, se declaró nuevamente admisible dicho proyecto, el que ahora deberá ser sancionado por el Senado, donde previamente había sido declarado inadmisible por requerir gasto fiscal. Lo que resulta incomprensible es que 27 de los votos favorables provinieron de diputados oficialistas: 8 de la UDI y 19 de RN, como si fueran parte de la oposición.
Lo que se resuelva en definitiva en la Cámara Alta está en suspenso, a la espera que se determine la fecha de la sesión para debatir este tema. Si la racionalidad impera, debiera prevalecer la misma decisión anterior de declararlo no admisible. Pero nada es seguro en estos días, porque si 27 parlamentarios que se supone respaldan al gobierno, se inclinan por aliarse con la oposición, entonces cualquier cosa se puede esperar de esta legislatura.
Cuando los responsables de la formulación de las leyes que nos rigen como sociedad ignoran las obligaciones que nos impone nuestra Carta Magna, justificando proyectos que expresamente son de exclusiva iniciativa presidencial, porque hay necesidades que son de justicia satisfacer, están enviando un mensaje de permisividad a la ciudadanía que dice así: si Ud. tiene necesidades insatisfechas, yo lo autorizo a que no cumpla con la ley, porque es de toda justicia que lo haga.
Y el jueves, a raíz de la posibilidad que el Presidente enviara sendos vetos por leyes que no cumplían con las normas constitucionales, importantes parlamentarios de oposición emitieron gravísimas declaraciones. Consideran los vetos presidenciales “resquicios” a los que recurre el Ejecutivo para alterar la decisión mayoritaria del parlamento, menoscabándola. Rechazan que ejerza su derecho a veto, por considerar que su uso se habría vuelto reiterativo y que al hacerlo “demuestra una voluntad de dilatar la entrada en vigencia de proyectos donde hay una insensibilidad con las familias, su nula voluntad de respetar las decisiones de mayoría y que eso daña la democracia”.
Pregúntese usted qué daña más la democracia, ¿que no se respeten las normas y reglas establecidas en la Constitución y las leyes, o que se respeten, porque esa es la única forma para que la convivencia en sociedad funcione con normalidad y podamos dirimir adecuadamente nuestras diferencias?
¿No resulta obvio que el Presidente no puede promulgar leyes que son claramente inconstitucionales? ¿Acaso no tiene la facultad de recurrir al TC para que se pronuncie si una ley tiene o no vicios de constitucionalidad, o de ejercer el derecho a veto? O qué esperan, ¿que las promulgue porque una mayoría, sabiendo la ilegalidad que cometían, las aprobó porque era de justicia hacerlo?
Estamos presenciando el desarrollo de un conflicto de incalculables consecuencias si no se le pone fin a tiempo. Es inconcebible que en medio de la mayor crisis que ha enfrentado el país en años, tengamos que ser testigos de esta contienda de poder, difícil de calificar por la gravedad que reviste.
