No cabe duda que comenzamos un año muy complejo, donde la actividad política se tomará gran parte de la agenda, en medio del combate contra la pandemia y la vacunación masiva.
Habremos de concurrir a las urnas para la elección de convencionales, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, candidato presidencial vía primarias, Presidente de la República y Parlamento. Como si esto fuera poco, se iniciará la Convención Constitucional, que definirá el destino del país por los próximos 30-40 años, de aprobarse la nueva Constitución que allí se generará, en 2022.
Con este abrumador calendario, que implicará el despliegue territorial durante 8 meses, de todo tipo de candidatos en competencia, me pregunto quien se va a dedicar a resolver los acuciantes problemas que nos afectan, a legislar con la premura que se requiere, con el gobierno en su último año, preocupado de organizar las elecciones con la eficiencia acostumbrada y los parlamentarios haciendo puerta a puerta o campañas virtuales, en medio de la pandemia y del despliegue de la vacunación masiva.
Y de los acuciantes problemas, me referiré a uno de los más graves: violencia, narcotráfico y delincuencia, todos entrelazados.
Dada la connotación de las últimas balaceras a plena luz del día, el gobierno lanzó una agenda contra el crimen organizado. Está bien, ¿pero cuánto tiempo tomará legislar, si es que finalmente se legisla, cuando hay proyectos semejantes que duermen eternamente?. ¿Y qué se puede esperar del Congreso?, si tenemos parlamentarios como Jackson y Boric, que pidieron disculpas por haber aprobado la ley anti saqueos, barricadas y rayados, y si desde la Presidencia del Senado se auspicia un proyecto para amnistiar a los violentistas de las jornadas del año pasado. ¿Qué mensaje se está enviando a la calle?
Eso ayuda a que la impunidad campee. Que mejor ejemplo que ese individuo de 26 años, que lo detuvieron por violentos incidentes ocurridos en el centro con barricadas, saqueos y molotov, que tenía 145 detenciones previas por delitos diferentes y estaba supuestamente cumpliendo arresto domiciliario por alterar el orden público. Y de los 13.425 portonazos cometidos en el país el 2020, con 11.888 de los casos en la RM, hay solo 253 detenidos. ¿Habrá alguno preso?
Iván Poduje, Arquitecto y urbanista, que conoce muy bien la ciudad, comentó en El Líbero, que en Santiago existen barrios donde 800.000 personas están afectadas por el narcotráfico, con 200.000 niños expuestos a ser reclutados por estas bandas. Además advierte que puede haber candidatos municipales que vayan con “patrocinios” de bandas narco. Eso es urgente investigarlo, reclama con toda razón.
Lamentablemente, los narcos avanzan como un tsunami. En la Araucanía, en las poblaciones, en las barras bravas, y participaron en la crisis del 18-O. Esto no es nuevo. Por lo menos hace 10 años que se viene hablando y haciendo diagnósticos, pero el fenómeno en lugar de disminuir se ha incrementado a niveles inaceptables.
Hay países en que no existe este flagelo, como en Singapur. Ahí se aplica la pena capital contra el tráfico de drogas y otros graves delitos como el disparo ilegal de armas de fuego. Como acá eso es imposible políticamente, sí se podría dictar una ley de tolerancia cero contra el narcotráfico, con penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada.
Si no hacemos algo así, los narcos seguirán penetrando en el tejido social, corrompiendo, destruyendo a la juventud, a las instituciones, y finalmente a la sociedad entera.
2021, año de decisiones. Quizás combatir con energía a los narcos, sea la más importante de todas.
