Una de las promesas más vistosas del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet fue la gratuidad universal de la educación superior. Este compromiso, así como toda su agenda de reformas educativas, le permitieron establecer un vínculo -electoral y político- que todavía sostiene con los cuadros del Frente Amplio.
Sin discutir ahora sobre la conveniencia de un sistema de financiamiento gratuito de la educación superior en un país como el nuestro, el problema que nos sigue penando es la forma en que se diseñó dicho beneficio. Para sostener una promesa de altísimo costo fiscal, se recurrió a la fijación de aranceles y vacantes de las instituciones, universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que adscribieron. En otras palabras, el Estado maneja los ingresos de la educación superior determinando el “precio” y la cantidad. Desde el gobierno de ese entonces se argumentó que estas limitaciones eran para controlar el gasto fiscal -algo necesario- pero desde la oposición se hicieron ver las evidentes externalidades negativas: desfinanciamiento y falta de autonomía para las instituciones de educación superior.
Con ya varios años de aplicación de la gratuidad, esto se ha confirmado. Las instituciones empezaron a reportar el desfinanciamiento casi de inmediato: los estudiantes -en general- demoran más que cinco años en egresar, pero el diseño de la gratuidad les prohíbe cobrarles el arancel completo. Esto ha significado un costo enorme para las instituciones, que lo han sobrellevado gracias a un truco escondido en la Ley de Presupuestos que le permite al CRUCH acceder a unos fondos cuyo propósito es otro. Pero el problema está.
Por otra parte, la fijación de aranceles ha sido un proceso disputado y tortuoso. Las instituciones han recurrido a la Contraloría General de la República y a los Tribunales de Justicia para intentar detener una fijación de precios a todas luces injusta y arbitraria. Y no podía ser de otra manera: toda fijación de precios de un bien tan heterogéneo como la educación está destinada a fracasar. Y esta en particular tiene una falla más grave aún: solo financia, por ley, los costos de docencia. Lo anterior es una contradicción en sí misma, cuando las exigencias de acreditación obligatoria (en plena implementación aún) hacen exigible a las instituciones de educación superior una serie de elementos adicionales a la docencia, que es necesario costear (investigación y vinculación con el medio, al menos). Y la mayoría de las instituciones no tiene otra fuente de financiamiento que los aranceles.
Dicho de otro modo: el diseño de la gratuidad es deficiente y su piedra angular, el arancel regulado, está cuestionada. Varias instituciones llevan tiempo dando cuenta de esta debilidad.
El problema es que el proyecto que el gobierno del Presidente Boric presentó hace algunas semanas para condonar y reemplazar el CAE se basa, nuevamente, en el arancel regulado y la fijación de vacantes. Se toma, en el fondo, lo peor y lo más cuestionado de un diseño de política, y se decide expandirlo. De ahí la crítica que hicieran rectores de instituciones públicas y privadas, técnicas y universitarias, respecto del proyecto: la expansión de la lógica de la gratuidad profundizará el daño que este diseño ha hecho sobre el sistema (en particular para las instituciones gratuitas, la prohibición del copago en los deciles 7, 8 y 9 de ingresos). La limitación de vacantes, también, debe ser considerada otro error de este diseño, uno particularmente dañino para dar oportunidades a quienes todavía no acceden a la educación superior. Y este error también se amplía en el nuevo sistema propuesto.
No se puede pretender enmendar un error con otro error. O incluso peor, insistiendo en el error anterior.
