Ayer pollos, medicamentos, papel higiénico y pañales, buses interurbanos, radios y concesiones radiales, cargas navieras y hasta médicos y precios de consultas (Punta Arenas en 2008, ginecólogos de Ñuble en 2016, cirujanos de Valparaíso en 2018). Hoy, transportes de valores y sospechas en el negocio del gas licuado. Las colusiones empresariales ya son parte –mala parte– del panorama económico de Chile. Quizás hayan existido desde siempre, pero ahora se sabe de ellas, se conocen los nombres y los montos de sus ganancias ilícitas. Las colusiones van desde acuerdos en precios y control de puntos de venta, hasta concomitancias de ofertas en las licitaciones públicas.
Estos delitos contemplaban penas pecuniarias bajas en relación a los montos obtenidos con estas operaciones. A veces hasta convenía económicamente afrontar las multas aplicadas, como si fuesen parte de los costos posibles. De este modo, en los chilenos (los consumidores perjudicados) fue instalándose la imagen de impunidad de los hechores y empresas coludidas –otro de los ingredientes de la indignación ciudadana actual– que dio impulso a la reforma legislativa de 2016, ley 20.945, la que aumentó considerablemente el importe de las multas, estimulando la delación compensada y exonerando penalmente a los autoinculpados, y se introdujeron sanciones penales a los responsables de estos delitos económicos. Con ello, el país se alineó con las legislaciones de naciones más avanzadas que castigan fuertemente este tipo de delitos.
La colusión daña sustancialmente el núcleo del libre mercado: la competencia, es decir, la ventaja, el beneficio que ella daría al consumidor final, en precio y calidad de los productos y servicios de las empresas o profesionales. Tiene también otros derivados perniciosos, como las pérdidas del erario fiscal cuando se amañan las ofertas en las licitaciones públicas, o el perjuicio a las medianas y pequeñas empresas incapaces de competir ante las ofertas distorsionadas de los coludidos. Agreguemos el freno a la innovación y mejoría de productos en un mercado de antemano condicionado en los precios al consumidor.
La colusión forma parte del catálogo de los delitos económicos, junto a la evasión de impuestos, el deterioro premeditado de la calidad de los productos, el fraude financiero, el daño ambiental, lavado de dinero y, últimamente, el cyberdelito. Delitos que en el mundo están en alza, como leemos en un reporte internacional, con casos clamorosos que involucran incluso a gobiernos, como lo ilustra Iván Witker en su columna de este medio acerca de personeros venezolanos hoy investigados internacionalmente. No lo citamos a modo de consuelo, sino como referencia en torno a un mal que el país debe afrontar de manera radical.
El tema de la colusión nos lleva directamente a la calidad social de las empresas (y los empresarios) de Chile. Un asunto no menor en los tiempos de crisis que el país está viviendo, crisis sanitaria, social e institucional. Se ha planteado en algunas instancias y por sensatas personas, el imperativo de un acuerdo nacional sobre la base de intereses compartidos por el bien común de todas y todos los chilenos. Ese acuerdo requiere, entre los actores centrales, de la presencia del mundo empresarial. Pero, ¿cuál empresa? Una empresa convencida –y no puramente constreñida– de su rol social, tan importante como el objetivo del provecho monetario. Y si nos apuran, rol moralmente superior.
¿Cuál debe ser la función de la empresa y cuáles los fines que impulsan las conductas y decisiones empresariales? Es una pregunta que en primer lugar deben responder los propios empresarios. Por nuestra parte, creemos que responsabilidad económica (buena salud de la empresa) es sustancialmente compatible con la responsabilidad social de la misma, entendida como el trato salarial y las condiciones de sus trabajadores, como la calidad de productos y servicios ofrecidos y como su desarrollo acorde con el medioambiente.
La empresa no crea valor solo para sus dueños o accionistas, sino también para todos quienes directa o indirectamente son afectados por su existencia. El valor de la empresa se expande más allá de su valor en sí, abarca el impacto social, ambiental y económico sobre la comunidad, el territorio y la sociedad en general. La empresa, como cualquier ciudadano, asume derechos y deberes hacia la sociedad de la cual obtiene bienes y servicios comunes. Debemos decir que no tenemos una mirada muy benigna de los empresarios chilenos, sin tampoco demonizarlos en su conjunto, pero hemos visto señales positivas respecto de su rol social en declaraciones y palabras de algunos máximos dirigentes gremiales, a propósito de la crisis social y pandémica.
Una crisis siempre es una oportunidad para el cambio. La recuperación de los efectos de la pandemia y la superación de la violencia social que persiste son una preciosa ocasión para dejar atrás las malas prácticas y execrables comportamientos económicos de algunas empresas nacionales. En otras palabras, se trata de integrar ética y empresa, rol social y productividad, responsabilidad y ganancias.
Hay un término de moda que evidencia muy bien lo anterior: “business ethics” o “ética de los negocios” que plantea una relación segura y virtuosa entre empresa y sociedad, esta última entendida como un todo que abarca la comunidad, en torno al establecimiento empresarial, a los consumidores, trabajadores, colaboradores y proveedores.
Digamos asimismo que la ética de los negocios o de la empresa, no se reduce solo al respeto de las leyes ambientales, tributarias o laborales, sino que es también un modelo de conducta moral que busca compatibilizar los negocios empresariales con los requerimientos sociales de justicia, respeto y colaboración. Se plantea dejar atrás la idea retórica de que lo que es bueno para la empresa es bueno para todos.
Esta visión trata de demostrar que una conducta ética en los negocios y actividades empresariales es algo provechoso para la empresa y para la sociedad; ejemplo de ello es el cuidado del medioambiente que algunas compañías comienzan a demostrar y comunicar a sus consumidores, como la sustitución de las boletas de papel de los servicios domiciliarios por boletas electrónicas que se ofrece hacer llegar a los correos de los clientes. En otro aspecto, hemos sabido de empresas que se han dotado de un código ético propio, del cual informan al público en general, lo que consolida una buena reputación y ofrece mayor seguridad a los consumidores y también a sus propios trabajadores. Una práctica que debería extenderse e, incluso, hacerse exigible.
Un empresario que asuma su rol ético social y supere el dilema ganar en buena o mala forma, conjugará los valores de su empresa con aquellos de sus trabajadores y del bien común de sus conciudadanos. En esta perspectiva, sus ganancias no serán algo negativo, producto del solo egoísmo y codicia, sino el resultado concreto de un trabajo hecho bien.
Es la empresa que todos esperamos que se siente a la mesa de un deseable acuerdo nacional, idealmente inscrito en la nueva Constitución.