El elemento gravitante de la política nacional continúa siendo la Convención Constitucional, que en el febrero más noticioso de los últimos años ha puesto velocidad a sus desvaríos. Las votaciones preocupan a un universo cada vez más transversal de observadores, por sus sobregiros que van desde arriesgar la separación de poderes o el Estado unitario hasta pretender transformar en derechos sociales prácticas que atentan contra el reconocimiento de la dignidad de todos −como el aborto y la eutanasia− y excluyen el derecho de objeción de conciencia de personas e instituciones.
En este contexto, son valiosas las iniciativas como el nuevo movimiento de «amarillos», en que parte de la izquierda democrática busca alzar la voz frente a las pretensiones constructivistas del órgano constituyente. Aunque se trata en buena medida del mundo concertacionista despreciado por el ‘octubrismo’ que domina la Convención −y, en ese sentido, no será fácil que su voz sea escuchada−, invita a una moderación que parece sintonizar con la sensibilidad de la ciudadanía, que hace pocos meses dio el triunfo a Kast en primera vuelta, eligió un Congreso sorprendentemente equilibrado y terminó por respaldar a un Boric muy alejado de sus primeros discursos.
El término «amarillo» no está exento de dificultades: tradicionalmente ha sido sinónimo de falta de convicción, de disposición a pactar con el adversario en cuestiones que debieran ser no negociables. En su nueva acepción, en cambio, consiste en la capacidad de captar matices, de abrirse a la realidad, de reconocer lo que hay de valioso en la historia de un pueblo y de alejarse de cualquier intento de ingeniería social que pretenda rediseñarlo desde cero. Los nuevos amarillos apuntan a un cierto tono, a una actitud de diálogo que ha estado bastante ausente de la discusión pública de los últimos años. Todo esto despierta ahora la simpatía de quienes temen que la fiebre refundacional arrase con todo.
Ahora bien, como ha hecho notar un analista en los últimos días, esa invitación a la moderación en el momento presente, aunque necesaria, no es suficiente: hace falta también articular propuestas alternativas a las que se discuten y argumentar su razonabilidad en el espacio público. Porque la Convención está jugando, por decirlo de algún modo, en dos niveles: por una parte, en el plano del poder −en que se busca cambiar las reglas del juego y sustituir a las élites políticas de las últimas décadas− y en el plano intelectual, donde lo que importa es instalar ideas, contrastar visiones, definir el marco conceptual en que se fraguará el Chile de las próximas décadas, mucho más allá de la letra escrita de la Constitución de 2022. Ese esfuerzo intelectual, que debiera ser una tarea prioritaria de los moderados y que muchos ya están llevando a cabo, es de largo aliento y requiere de unas energías que no se agotan en los plazos de la discusión constitucional.
Quienes se consideran en algún sentido amarillos se encuentran, entonces, ante el delicado equilibrio de intentar incidir en los acontecimientos en curso y atender a la vez a la tarea intelectual de largo plazo. Este segundo aspecto es la traducción más permanente de la mesura, del esfuerzo por comprender y progresar sin despreciar lo valioso del pasado. Se trata de un trabajo que supone estrategia, tiempo y estudio, y que requiere de la colaboración directa e indirecta de muchas personas. Su objetivo no es únicamente hacer de Chile un país estable, un buen lugar donde hacer negocios, sino una nación donde podamos convivir. Si el proceso constituyente fracasa y el riesgo país aumenta, no faltarán quienes se vean tentados de desentenderse de estas preocupaciones de largo plazo. Pero eso sí que sería, y esta vez en su peor sentido, amarillar.