Los dichos de Óscar Landerretche en una entrevista en Radio Infinita, que aún no dejan de resonar en los mentideros de la política, dejó al descubierto una brecha entre el socialismo democrático y la izquierda -atenuada casi hasta la invisibilidad durante el ejercicio del gobierno-, que pugnaba por salir a la luz en cualquier momento desde los intersticios del progresismo.
El movimiento de Amarillos fue una señal anticipada de las grietas que presentaba la proclamada unidad en ese sector político. Es cierto que en ese caso se trató de un grupo minoritario de ex concertacionistas -pero significativo en el resultado del plebiscito de 2022-, que no estuvo dispuesto a tirar por la borda el país laboriosamente construido durante los mejores treinta años de la República. Eran “amarillos”, en el sentido más peyorativo de la palabra, una franca minoría en una centroizquierda inexplicablemente entregada en cuerpo y alma a la causa del proyecto de la Convención Constitucional -no era perfecto, reconocía la dos veces mandataria de ese sector político Michelle Bachelet, pero se acercaba a lo que siempre habían soñado-.
El “maldito infierno” que intuye Landerretche que podría desatarse si la izquierda radical regresa a la oposición, está deviniendo ya no en una elocuente declaración expresada en una entrevista radial -y no una simple cuña como la motejó la vocera de gobierno-, sino que en lo que podría ser un inesperado parteaguas de cara a las primarias: el momento en el que el socialismo democrático parece querer recuperar su identidad democrática y reformista, la que por demasiado tiempo ha sacrificado en favor del supuesto bien superior de la unidad de la izquierda.
Lo cierto es que se ha instalado una desconfianza cerval respecto al comportamiento futuro de esa izquierda callejera e incendiaria, que durante el gobierno de Boric se ha mantenido notoriamente desactivada -esto es lo que refuerza la sospecha-, pero que podría volver a sus temidas andadas si la derecha gana la elección en diciembre, amparada en la inacción -o, derechamente, en la tolerancia a la violencia- que se deriva de sentenciar cualquier oposición a los desbordes violentistas como un acto de “criminalización de la protesta social”.
De qué lado se está es ahora la cuestión en el oficialismo: de los que podrían dejarse llevar por la tentación de tolerar una repetición del “maldito infierno” -de vivo recuerdo entre los chilenos- si acaso la derecha regresa a La Moneda, o de los que harían oposición a través de los cauces estrictamente institucionales, que es por lo demás de la esencia del juego democrático. Esta disyuntiva se ha transformado, cuando nadie se lo esperaba, en un punto de quiebre en la primaria oficialista. Es ahora una fractura expuesta en un sector político que se las había arreglado para esconder sus ineludibles diferencias, hasta que Landerretche las puso en vitrina para que nadie se confunda.
Pero una cosa es lo que dice un economista sin cargo alguno en el partido en el que milita, ni tampoco en la campaña de Carolina Tohá, y otra lo que piensan quienes están en posiciones de liderazgo en el progresismo. Quién parece no albergar dudas en una cuestión de esta trascendencia para la gobernabilidad democrática es la senadora Paulina Vodanovic, ni más ni menos que la presidenta del casi centenario Partido Socialista, pieza fundamental del socialismo democrático.
Vaya paradoja: la primaria oficialista, que buscaba la unidad a todo evento -y parecía que alcanzarla sería apenas un trámite electoral-, podría terminar convirtiéndose en el fin del matrimonio de hecho entre la izquierda radical y la centroizquierda, cuando lo que está en juego en el futuro próximo es el compromiso con la democracia y, sobre todo, el ejercicio escrupuloso de las obligaciones que impone a todos los actores políticos que dicen adscribir a ella, independientemente de la posición en que se encuentren, en el gobierno o en la oposición.
Excelente
El economista y académico Óscar Landerretche, al ser consultado a comienzos de junio sobre qué lo haría creer en un cambio genuino de parte del Frente Amplio y del presidente Boric, en radio Infinita declaró: «Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias».
Al respecto cabe formular las siguientes preguntas:
¿Qué haremos cuando el Partido Comunista y las fuerzas más extremas de la izquierda intenten desestabilizar al país por medio de la violencia; por una asonada revolucionaria como ocurrió en el año 2019 que formó parte del proceso insurreccional en curso?
¿Qué haremos en circunstancias que, por una parte, las autoridades de gobierno inhibidas por el “discurso de los derechos humanos” —que considera violatoria de tales derechos cualquier uso de la fuerza destinado a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo o la insurrección revolucionaria— no se atreven a usar la violencia física legítima del Estado a fin de cumplir su primerísima obligación que es la mantención del orden y la seguridad pública y promover el bien común; y, por otra, una fuerza pública cuyos miembros no se atreverán a actuar con el rigor propio de su profesión o, peor aún, que se insubordinarán y se negarán a salir a la calle por temor a ser acusados por el INDH u otras entidades de derechos humanos por “abuso de la fuerza” o por “violación de derechos humanos” y porque no serían juzgados por tribunales militares sino que por fiscales y jueces ordinarios que desconocen las características de las profesiones militar y policial y que no les aplicarán las eximentes de responsabilidad criminal establecidas en el Código de Justicia Militar (artículos 208, 410, 411 y 412), con lo que se expondrían a ser condenados a aberrantes, injustas y severas penas de prisión como ocurrió con el capitán de carabineros Patricio Maturana Ojeda, cuya sentencia condenatoria es una canallada que clama al cielo?
Aparte de la aplicación de la violencia física legítima del Estado ¿qué otra forma eficaz existe para enfrentar y reprimir o controlar a “manifestantes” o grupos armados radicalizados y extremadamente violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y están dispuestos a destruirlo y a quemarlo todo?
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política