No todos los crímenes de lesa humanidad son producto de la violencia. Así es, las políticas públicas “deficientes” implementadas por gobiernos pueden derivar en un aumento de la mortalidad de la población. Qué duda cabe que lo que ocurre en Venezuela, donde el empobrecimiento no solo ha causado una emigración desproporcionada, sino que también una caída importante en la esperanza de vida. El caso de Venezuela es un extremo, pero hay otros países que también han retrocedido en democracia y crecimiento económico, lo que ha implicado estancamiento en la esperanza de vida, además del incremento en la pobreza. ¿Quién es el responsable de esos años de vida menos? Muchos políticos que rasgan vestiduras con los derechos humanos, pero desdeñan estos datos, y a la hora de tomar decisiones que impactan muy negativamente el nivel de bienestar, no trepidan en enarbolar el maniqueo argumento de la dignidad e igualdad para justificar su accionar.
Según el Banco Mundial, en 1960, la esperanza de vida al nacer en Venezuela era de 60 años, muy por sobre los 56 años del promedio de América Latina y el Caribe, y sólo superada por Argentina (65) y Cuba (64). En Chile, la cifra era 57 años, solo un año por sobre el promedio de la región. En la actualidad, la realidad ha cambiado significativamente. De hecho Chile tuvo, a fines del 2020, el nivel de esperanza de vida más alto de la región, 80 años, superando con creces a todos los que fueron líderes en el pasado. ¿Por qué? Durante muchos años en Chile el tema de la salud fue un objetivo serio para los políticos, no un argumento populista para conseguir votos. Venezuela tiene una esperanza de vida de 72 años (la misma del 2001), cuatro años por debajo del promedio de la región. ¿Cómo se calificaría a los responsables de políticas públicas en Venezuela, que explican un montón de años menos de vida? ¿Podría considerarse eso un crimen de lesa humanidad?
¿Qué va a pasar en Chile, donde buena parte de los políticos abandonaron la costumbre de legislar pensando en la próxima generación para centrarse en la siguiente elección? En Chile se han tomado decisiones que a ojos de las personas menos preparadas persiguen sus propios intereses sabiendo que van a producir daño en el mediano o largo plazo a la población del país. La defensa o justificación de la violencia por parte de ciertos políticos de izquierda, más el gasto indiscriminado de los recursos que por décadas de disciplina fiscal y monetaria fueron ahorrados, está produciendo impactos estructurales en la economía y la convivencia de los chilenos.
Aunque algunos altos personeros de gobierno insistan en que las variables económicas no afectan a los chilenos (“el precio del dólar no afecta a la inflación porque la gente compra en pesos”), el aumento de la inflación, el alza del dólar, el aumento de las tasas de interés, el desmoronamiento de las expectativas económicas, la caída de la inversión (que al 2023 completaría 10 años paralizada), etc. se traducirían en un estancamiento en los años de vida, producto del deterioro de la salud y de la calidad de vida, que no hubiesen ocurrido si los políticos y el gobierno hubieran tomado las decisiones correctas. Los cambios a la salud de la nueva constitución podrían ser un factor decisivo en la esperanza de vida al nacer.
Los chilenos llevamos medio siglo impactados de muchas formas por los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante la dictadura militar, y han sido condenados decenas de responsables directos o indirectos de esas muertes. Sin embargo, llama la atención que el crimen, no de unos miles, sino probablemente de decenas de miles y otros tantos que morirán a una edad más temprana de lo que hasta hace un par de años les esperaba, quede totalmente impune.
Para evitar que los políticos y gobiernos de turno, en sus ansias de mantenerse en el poder, implementen políticas que dañen la economía, convivencia y salud del país, todos los chilenos debemos tener muy clara la estrecha relación entre la sanidad de esta y la de sus habitantes, y no dejarnos llevar por populismos que nos parecen convenientes, pero que en realidad van a traducirse en menores oportunidades, más pobreza y deterioro en general de nuestro bienestar. Prueba de ello es el caso de Venezuela, Cuba y Argentina.
La propuesta de nueva constitución es un claro ejemplo de algo que va a dañar nuestro futuro y de las generaciones que nos siguen, que sólo con la posibilidad de aprobarse, ya estamos viendo sus efectos en las variables económicas y en las perspectivas futuras. Es tiempo de despertar y no escuchar el canto de las sirenas, que solo nos van a llevar a contar las miserias que ocasionan sus equivocadas melodías. Ya lo decía, Margaret Thatcher, cuando era primer ministro de Inglaterra: “El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero… de los demás”. Como se aprecia en Argentina y Venezuela de hoy, el dinero se acabó hace rato ya, y ahora comienza a descender la esperanza de vida y a aumentar la pobreza, y junto con ello las evocaciones a la dignidad y la igualdad. Por eso creo que es necesario rechazar la propuesta de Nueva Constitución.
*Manuel Bengolea es estadístico de la PUC y MBA de Columbia.