Concluido el gobierno de Boric, el balance no puede reducirse a un juicio ideológico ni a una disputa retórica; también corresponde evaluar la gestión concreta y la calidad de las decisiones adoptadas. Bajo esos parámetros, la conclusión no es buena: estuvo marcado por cierta desidia y por una preocupante tendencia a la opacidad.

Desde el inicio enfrentó dificultades serias, en un contexto donde el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 sepultó buena parte de sus anhelos, mientras la inseguridad se consolidaba como la principal preocupación ciudadana y el crecimiento económico entraba en una prolongada fase de estancamiento. Sin embargo, los óbices principales para traducir su programa en resultados fueron la improvisación y la falta de aptitudes para diseñar e implementar políticas coherentes y técnicamente robustas. Las iniciativas se anunciaban con ímpetu, pero terminaban entrampadas o diluidas, generando una brecha entre discurso y cumplimiento.

El otro rasgo de su administración —incluso más persistente— fue la forma en que encaró sus crisis: con información fragmentada, decisiones adoptadas en círculos estrechos y resistencia a someter sus actos al escrutinio ciudadano. Varios episodios lo ilustran. Recordemos los más estridentes.

En los indultos de fines de 2022, la controversia surgió porque no se entregaron los antecedentes considerados, por la oportunidad de las decisiones y por la comunicación errática. En el caso Convenios, en 2023, la respuesta fue defensiva y tardía. La falta de controles preventivos y la debilidad en la supervisión de traspasos millonarios a fundaciones afines dejaron en evidencia un manejo descuidado o derechamente negligente. En el caso Monsalve, en 2024, la demora en dar a conocer el episodio y la información incompleta alimentaron la impresión de que la prioridad no era rendir cuentas, sino evitar el impacto reputacional. En el escándalo por la adquisición de la casa de Allende, a comienzos de 2025, los cuestionamientos se centraron en los conflictos de interés y en la pertinencia del uso de recursos fiscales. Recientemente, en vez de promover un debate abierto sobre el cable chino, optó por concentrar sus decisiones en espacios inescrutables para el país; mientras el Consejo Fiscal Autónomo advertía reiterados y significativos errores en las proyecciones y en la contabilidad fiscal, cuestionando la consistencia de las cifras.

Lo que une esas situaciones no es su naturaleza —distinta en cada caso—, sino un patrón de conducta: información parcial, insuficiente deliberación pública, reacciones tardías y correcciones forzadas por la presión externa. Esta manera de gobernar tuvo consecuencias complejas: socavó la confianza ciudadana y debilitó el control democrático.

La gestión gubernamental puede cometer errores, pero lo decisivo es cómo los aborda. Cuando la respuesta sistemática es el repliegue informativo, se instala una percepción de falta de transparencia, manifestada en la ambigüedad, en la resistencia a explicar o en la tendencia a minimizar los problemas hasta que ya no se pueden ocultar. Por el contrario, un Estado moderno requiere una cultura de responsabilidad pública que entienda que el poder se ejerce bajo escrutinio permanente.

Boric asumió con la promesa de inaugurar una nueva etapa, más ética y de mayor apertura. Sin embargo, los hechos han mostrado que no honró ese compromiso. Por el contrario, los episodios más controvertidos de su administración han estado marcados por la desidia y el hermetismo, con decisiones polémicas sustraídas del debate democrático.

La evaluación final de un gobierno siempre es compleja y matizada. Pero hay dos criterios ineludibles: la capacidad de generar resultados y de hacerlo con transparencia. En ambos planos, el balance es deficitario. La inoperancia puede explicarse por errores o limitaciones técnicas. La opacidad, en cambio, cuando se repite, deja de ser circunstancial para convertirse en un rasgo del estilo de conducción.