Aunque es difícil de entender que el gobierno del Presidente José Antonio Kast no tenga un vocero de dedicación exclusiva, el problema principal de La Moneda es que no hay un mensaje claro, simple y coherente para comunicar. A siete meses de haberse iniciado este gobierno de emergencia, es difícil entender cuál es el norte que lo guía y cuáles son las prioridades que privilegiará La Moneda en los próximos meses.
Todos los gobiernos siempre tienen problemas en sus primeros meses. Pasar de las promesas de campaña a reformas concretas que se conviertan en los hitos que forjarán el legado del gobierno siempre requiere una curva de aprendizaje. Pero cuando un gobierno llega al poder con un discurso de reformas inmediatas que permitan cambiar el rumbo equivocado por el que presumiblemente va el país, el tiempo siempre se convierte en el peor enemigo. Precisamente porque en campaña, el candidato presidencial Kast buscó distinguirse del gobierno de izquierda de Gabriel Boric en el plano de la eficiencia y la preparación, este gobierno tenía muy poco margen de tiempo para comenzar a mostrar resultados en sus promesas sobre la economía y la seguridad.
En la economía, el incuestionable éxito del gobierno en lograr aprobar una reforma tributaria que baje los impuestos a las empresas se vio algo empañado por la cuestionable decisión de traspasar en su totalidad y de forma inmediata el costo del aumento en los combustibles producto de la guerra iniciada por el gobierno del Presidente Trump en Irán. Para empeorar las cosas, el timing del impacto positivo de la reforma tributaria en la economía y del impacto negativo de la guerra eran especialmente inconvenientes para el gobierno. Mientras habrá que esperar un par de años para ver cómo la reforma tributaria se materializa en la creación de empleo, el impacto negativo del aumento de los precios del combustible se comenzó a sentir a pocos días de iniciado el gobierno y sigue golpeando hoy los bolsillos de los chilenos.
Con todo, en materia económica, el gobierno se anotó una victoria importante y parece tener un norte claro y una hoja de ruta definida. Es cierto que ha tropezado en el camino, como en su lentitud para responder a la demanda por mayor creación de empleo. Pero la gente sabe hacia dónde quiere ir el gobierno y aunque, se vea lejos, hay luz al final del túnel.
Pero en materia de seguridad, el gobierno sigue estando al debe. Después de la incuestionable y vergonzosa ausencia de un plan para abordar el problema de inseguridad, que llevó al remplazo de la ministra de Seguridad, el gobierno volvió a tropezar cuando presentó una propuesta que fue rápidamente rechazada por equivocar el camino. Al buscar dotar al Ejecutivo de poderes especiales -que el propio gobierno reconoció como inconvenientes en caso de que La Moneda fuera ocupada por la izquierda radical- el gobierno se metió en un lío enorme al abrir un flanco que permitió a la izquierda criticar al gobierno por una supuesta inclinación autoritaria. En vez de centrarse en propuestas concretas que mostraran mejoras en la seguridad en la vida cotidiana, el gobierno cayó en la trampa de las reformas constitucionales como el camino para mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando La Moneda debió aterrizar sus propuestas a reformas concretas, el gobierno de Kast abrió un debate de reformas constitucionales que lo hicieron perder tiempo y credibilidad.
Ahora, el gobierno está contra la pared y contra el tiempo. La aprobación presidencial está por debajo del 30%, comparable a lo que tenía Gabriel Boric en igual momento del periodo anterior. El gobierno está en una posición claramente minoritaria en la opinión pública y en el Congreso. La paciencia de la gente se está agotando. Y el riesgo no es que haya un nuevo estallido social, aunque la izquierda no se canse de soñar con ese escenario. El verdadero riesgo está en que la gente simplemente se convenza de que este gobierno no se la pudo y se desconecte de lo que quiere hacer La Moneda.
El Ejecutivo ahora parece creer que el problema es la ausencia de vocero. Es cierto que es poco aconsejable que un gobierno no tenga una persona de dedicación exclusiva para la vocería. Pero de poco sirve tener un vocero si el gobierno no termina de decidir cuál es el mensaje. Es difícil entender cómo un gobierno que dijo llegar para hacerse cargo de una emergencia, a siete meses de haber comenzado su periodo, todavía no tiene un plan coherente y concreto para abordar el problema de inseguridad. Si no hay una respuesta clara y concreta sobre cuál es el plan para combatir la inseguridad, de poco va a servir tener un buen vocero. Es cierto que se necesita un buen vocero, pero el principal problema del gobierno no es el vocero, es el mensaje.
