Nadie lo podría haber dicho mejor que el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. “Necesitamos una alfabetización en sexualidad”, aseguró la autoridad de gobierno, explicando que sería una prioridad de su cartera para el año 2023. Y no sólo eso; Ávila fue enfático en señalar que deberá ser el Estado quien se encargue de terminar con nuestra aciaga ignorancia: “Esa alfabetización, cuando la dejamos en manos sólo de las familias, probablemente es dispar, porque depende de la formación que cada familia tenga lo que podrá entregar a sus hijos”.

La vocería del ministro dejó indiferente a muy pocos. Ha sido caldo de cultivo para quienes desconfían del Estado, y nos dejan en un mal pie a los que sí creemos que el Estado tiene un rol valioso que cumplir, pero que en ningún caso puede sustituir al de la familia. En eso consiste, después de todo, el principio de subsidiariedad: el Estado debe convivir y apoyar a los cuerpos intermedios y a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. Pero en ningún caso reemplazarlos. Cosa que -ni más ni menos- pretende hacer la doctrina Ávila… visto así, su cuña se parece mucho a la obra 1984 de George Orwell, con el Gran Hermano y el “Ministerio de la Verdad”. 

Como respuesta al arrojo del ministro, son varias las voces que han salido a decir lo condenable que es que el ministro encargado de mejorar la educación en Chile establezca la alfabetización sexual como una prioridad, cuando hoy nuestro país vive un escenario casi apocalíptico en materia pedagógica, tras el cierre de las escuelas por casi dos años, y niveles de violencia en las aulas nunca antes vistos, todo lo cual -por cierto- afecta principalmente a los sectores más vulnerables. 

Dicho argumento es necesario, pero no suficiente.

¿Sucede entonces que si Chile tuviera buenos niveles de educación, podríamos darnos el lujo de tener un Estado que nos diga cómo debemos educar sexualmente a nuestros hijos? Por ningún motivo. Y esto vale tanto para un gobierno progresista como el que tenemos, como si llegase en el futuro un gobernante ultraconservador: la forma cómo educar a los hijos -y particularmente cómo entregar educación sexual, por lejos uno de los temas más sensibles para quienes tenemos hijos pequeños- es y debe ser un derecho y un deber primordial de los padres. Siempre.

Por ello, la intención de asfixiar y sobrepasar el rol de la familia en materia de educación sexual, por parte del Estado, no puede ser tolerado, ni siquiera si tuviéramos los niveles de calidad de Finlandia. Es un principio básico de la vida cívica, y no entenderlo nos acerca al mundo de Orwell.

La doctrina Ávila, por tanto, raya en el totalitarismo. Pero no sólo eso; además es antojadiza, discriminatoria e inconstitucional.

Es antojadiza, pues confunde lo que es la educación para evitar abusos sexuales y asegurar la integridad del niño, niña o adolescente -algo en lo que imagino que hay consenso transversal- con la intención de normalizar actitudes o conductas sobre las que hay distintas visiones, muy disímiles entre sí. Y sobre lo primero ya hay planes y programas en funcionamiento, incluso desde los primeros años de escolaridad. Es verdad; son siempre perfectibles, pero hay argumentos suficientes para sostener que cuando el ministro habla de alfabetizar sexualmente a los niños, no se está refiriendo a “ese” tipo de educación.

Además, es discriminatoria, pues tal como él mismo lo ha señalado, se buscará que los entes estatales otorguen una sola verdad oficial. Y con eso se dejan de lado muchas otras perspectivas, que pueden ser tanto o más válidas. Dicho de otro modo, la alfabetización sexual atenta contra la autonomía de los distintos proyectos educativos. Y aquello no es más que una forma de discriminación.

Finalmente, la doctrina Ávila es inconstitucional, y por partida doble. No sólo se opone a la actual Constitución -que señala expresamente el “derecho preferente y el deber” de los padres de educar a sus hijos, agregando que el Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho- sino que además contradice las bases institucionales del nuevo proceso constituyente, suscritas por el propio partido del ministro (RD). Entonces no queda claro: ¿el ministro no cree en estos 12 principios que su mismo sector ha impulsado?

Al final del día, este episodio permite entrever la emergencia de un nuevo tipo de progresismo oficialista. Hasta ahora habíamos advertido dos tipos, el comunismo-filo-totalitarista a lo Jadue, y el activismo identitario en pro de minorías, representado principalmente por los partidos del Frente Amplio. La doctrina Ávila, empero, resulta una mezcla entre los dos: es una clara política identitaria que busca darle aire de mayoría a una agenda de minoría, a través de mecanismos que rayan en el totalitarismo. Es deber de la sociedad civil, por tanto, poner freno de mano a estos intentos, antes de que sea demasiado tarde, y el Gran Hermano lo impida.