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El jueves pasado, dos ministros, Carolina Tohá de Interior y Carlos Montes de Vivienda hicieron noticia por temas diferentes, pero que, en ambos casos, demuestran cuan deteriorado está este gobierno que se auto calificaba como moralmente superior que sus antecesores.

Durante la inauguración de la Plaza Los Cuncos, de la comuna de Renca, la concejala del partido Demócratas, Camila Avilés, se acercó a la ministra Tohá y le solicitó respetuosamente que hicieran un mejor esfuerzo en combatir la delincuencia en su Comuna porque la inseguridad de los vecinos era cada día mayor, pidiéndole que por favor se pusiera las pilas y decretara estado de emergencia. La soez reacción de Tohá, ampliamente divulgada en las RRSS, es indigna de un ministro encargado de la seguridad del país.

Refiriéndose a la solicitud de la concejala Avilés como un patético show, demuestra la insensibilidad de la ministra del Interior ante el temor generalizado que invade a la población por el incremento exponencial de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y ante la negativa reacción general sobre su conducta, se vio obligada a pedir disculpas, lo que hizo a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el ministro Carlos Montes está colgando del calendario, pues lo más probable es que después del plebiscito del domingo, salga finalmente del gabinete porque las declaraciones de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas ante Fiscalía lo desmienten en cuanto a que él no estaba al tanto de lo ocurrido en el caso Convenios. Rojas declaró que ella le proporcionó al ministro Montes un informe que contenía todos los convenios de Antofagasta, incluyendo el programa desarrollado por Democracia Viva, indicando además que en abril recibieron las primeras alarmas de que se estaban contratando a muchos militantes de RD.

En su declaración ante la PDI y la Fiscalía, fue explícita al decir que el ministro Montes estaba al tanto de los problemas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de los que se estaban rectificando en el programa de asentamientos precarios. Y lo más grave que señaló es que el informe se lo entregó al ministro antes que el caso saliera a la prensa. Finalmente, Montes terminó reconociendo que tenía el informe, pero que lo había recibido recién el jueves pasado.

Y el Presidente, que indultó 12 delincuentes en diciembre 2022 aduciendo que eran jóvenes inocentes y no delincuentes, también tuvo su jueves negro, pues uno de los indultos más controvertidos, el caso de Luis Castillo, al  que Gendarmería se opuso intensamente a su liberación pero Boric expresó que la justicia había obrado mal contra él y lo liberó, fue detenido el mismo jueves por un supuesto intento de secuestro contra un hombre que estaba encerrado en la maleta de su auto y fue rescatado por Carabineros.

Este caso impacta directamente al Presidente y por ende al gobierno, considerando que este individuo tenía un extenso prontuario, previo al 18-O. Y durante el estallido fue detenido por saquear a una automotora y atacar al Registro Civil, siendo condenado a 4 años de cárcel por 7 delitos. Este era el joven inocente por el que Boric se comprometió personalmente a indultar y hoy vuelto a detener. Como su hija intentó salvarlo aduciendo que se trataba de un carrete con el presuntamente raptado, la reacción oficial fue intentar bajarle el perfil al caso y hacer creer que no era lo que parecía, con el propósito más que claro de que no salpique al Presidente, lo que es un imposible.

Dos ministros y el Presidente envueltos en el mismo día en situaciones de alta complejidad implican que el Gobierno se encuentra en serias dificultades para conducir al país, porque el desprestigio por actuaciones, declaraciones y decisiones tomadas al más alto nivel, empañan la gestión ante la ciudadanía y además, porque en lugar de tomar medidas para la solución de los graves problemas que nos afectan, tienen que focalizar su gestión en solucionar los problemas auto creados que se apartan de lo que deberían estar dedicados.

Hoy, votando a favor de la nueva Constitución, tenemos la posibilidad de demostrarle al Gobierno que el pueblo rechaza la forma en que está conduciendo los destinos de Chile. De lo contrario, seguiremos en la misma senda de retroceso que el gobierno está llevando al país.

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