Dos escenas recientes, la reforma constitucional de seguridad y la cumbre del Foro Madrid en Santiago, evidencian una misma línea de corte al interior de la derecha. Esta no corre entre el gobierno y la oposición; más bien, separa a los liberales de los iliberales.

1. Dos escenas de agosto

El 10 de agosto, el Presidente Kast firmó la reforma constitucional que lidera su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El lunes 17, la presentó en el Senado con ocho cambios a la Constitución. La modificación que más controversia generó establece un quinto estado de excepción constitucional, llamado de seguridad pública, que se sumaría a los de asamblea, sitio, emergencia y catástrofe.

Sus términos iniciales eran estos: el Presidente podía emitir un decreto por 120 días sin necesidad de autorización del Congreso y extenderlo por otros 120 días. En ese período, tiene la facultad de suspender o limitar la libertad personal, de locomoción y de reunión; restringir el derecho de asociación; interceptar, abrir y registrar documentos y comunicaciones de todo tipo; y ordenar la requisición de bienes. Además, las Fuerzas Armadas pueden colaborar con Carabineros y la Policía de Investigaciones en tareas de seguridad interna. En total, ocho meses de poderes extraordinarios activados solo por decisión presidencial, con un Congreso que solo recibe informes sobre lo realizado.

La objeción no vino de donde el gobierno esperaba. Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado desde el 11 de marzo, afirmó que no es necesario un quinto estado de excepción y que su partido no lo apoyaría. Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, comentó el 21 de agosto que no hay justificación en democracia para otorgar al Ejecutivo poderes sin control parlamentario durante 240 días. Andrés Longton, de RN, criticó que se privilegiara la estrategia comunicacional y expresó que los votos no estaban a favor. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que se incluían excepciones de rango legal en la Constitución por temor a las decisiones del Tribunal Constitucional. Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, interrogó si se querían mantener esas herramientas de forma permanente para futuros presidentes. Miguel Ángel Becker, senador de RN y retirado del Ejército, afirmó que las Fuerzas Armadas no debían salir a combatir el crimen organizado. Por último, al extremo derecho del espectro, Johannes Kaiser advirtió: “Los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso”, ¡precisamente!

El 25 de agosto el gobierno retiró la urgencia. A fin de mes negociaba con Chile Vamos que el nuevo estado de excepción requiriera autorización del Congreso desde el inicio, que se revisara cada treinta días y que la interceptación de comunicaciones saliera del texto constitucional. Así, una reforma pensada para exhibir determinación terminó mostrando aritmética, porque los cuatro séptimos que exige no se alcanzan sin los senadores que la objetaron y otros más.

La segunda escena ocurrió el 3 y el 4 de septiembre en Santiago, con el quinto encuentro regional del Foro Madrid, la red que impulsa la Fundación Disenso, un think tank de Vox. Javier Milei lo inauguró con una crítica al 18 de octubre y con la afirmación de que “Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”. Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid en 2020, lo cerró, después de un cambio de programa de última hora que corrió su discurso desde la apertura hasta el final de la segunda jornada. Evópoli se restó con una declaración pública. RN evitó comprometerse como partido y dejó la asistencia a título personal, que resultó ínfima. La UDI se dividió: su vicepresidente, Eduardo Cretton, cuestionó la prioridad asignada a las ‘batallas culturales’, mientras que los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann defendieron lo contrario. Republicanos y libertarios concurrieron sin reservas.

Dos asuntos distintos, una misma línea de fractura, gruesamente los mismos partidos a cada lado. Cuando eso ocurre dos veces en tres semanas deja ser parte de la crónica periodística y se vuelve necesario preguntar por la dialéctica de las ideas.

2. El nombre de la cosa

La palabra ‘iliberalismo’ se usa con cierta incomodidad entre nosotros. Generalmente, es vista por académicos y columnistas de derecha dura como un término impreciso, usado para desacreditar a quienes piensan diferente. Sin embargo, merece ser considerada en serio, ya que posee una historia documentada, una bibliografía en expansión y, sobre todo, autores que se identifican con ella.

Fareed Zakaria acuñó el adjetivo en la revista Foreign Affairs en 1997 para describir regímenes que celebran elecciones limpias, pero desconocen el pluralismo, las libertades individuales y los contrapesos institucionales. Su tesis provocó una larga discusión. Marc Plattner objetó al año siguiente que no existe democracia sin liberalismo, y, con él, una tradición entera prefiere hablar de regímenes híbridos, autoritarismo competitivo o erosión democrática.

El giro ocurrió en 2014, cuando Viktor Orbán, en su discurso de Băile Tușnad, tomó el adjetivo y lo erigió en bandera. Desde entonces dejó de ser un diagnóstico que se aplica desde fuera y pasó a ser una autodescripción que se reivindica desde dentro. Es una diferencia que cambia el estatuto del concepto. En efecto, nadie se ha llamado nunca a sí mismo autoritario competitivo.

En 2022, Marlene Laruelle propuso en la revista East European Politics un concepto que estructura el debate. Ella sugiere pasar del uso del adjetivo ‘iliberal’ para describir un régimen al de ‘iliberalismo’ para denominar una ideología, lo que permite analizarla como se hace con el conservadurismo o el socialismo. Es decir, como una constelación en la historia de las ideas más que en la tipología de los regímenes. Su definición incluye cuatro características: (i) es un universo ideológico nuevo, doctrinalmente flexible y dependiente del contexto, pero en cierto modo coherente; (ii) reacciona contra el liberalismo, en todas sus formas, invocando principios democráticos y logrando victorias electorales; (iii) presenta soluciones mayoritarias, nacionalistas o soberanistas, favorables a las jerarquías tradicionales y a la homogeneidad cultural; y (iv) traslada la disputa política a la cultura.

3. No es un invento

La objeción más frecuente entre nosotros es que el término es confuso, carece de respaldo académico y se utiliza como arma. Sin embargo, estas tres afirmaciones son comprobables y ninguna de ellas se sostiene ante la verificación.

Laruelle acepta la confusión y la explica mediante la distinción de Michael Freeden entre ideologías delgadas y gruesas. El ‘iliberalismo’ es una ideología delgada, con un núcleo restringido y pocos conceptos políticos propios, y carece de un gran sistematizador. Aunque es delgada, no es inexistente. Laruelle propone una hipótesis interesante: las ideologías gruesas surgieron en la modernidad clásica y quizás no vuelvan, por lo que el mundo posmoderno solo generará ideologías delgadas. Exigirle al ‘iliberalismo’ un Marx o un Locke para considerarlo válido sería pedirle que perteneciera a otro siglo.

En cuanto al respaldo académico, el artículo de Laruelle fue publicado en East European Politics en 2022. Ese mismo año, se lanzó el Routledge Handbook of Illiberalism, editado por András Sajó, Renáta Uitz y Stephen Holmes, que reúne sesenta contribuciones. En 2021, Varga y Buzogány diferenciaron dos genealogías: la de los ‘conservadores revolucionarios’, herederos de la Revolución Conservadora alemana y de la Nueva Derecha, y la de los ‘conservadores nacionales’, de base católica o protestante, que rompen con la unión entre el conservadurismo y el libre mercado. Anteriormente, Kauth y King distinguieron entre el ‘iliberalismo’ disruptivo, que desafía las normas procedimentales, y el ideológico, que excluye ciertos grupos de la ciudadanía. Takis Pappas invirtió la formulación de Zakaria y habló de un ‘iliberalismo’ democrático. No se trata de una simple consigna, sino de un campo de investigación con desacuerdos internos, que refleja la forma en que estos ámbitos funcionan.

Sobre el uso del término ‘iliberal’ como arma, es cierto, pero no prueba nada. Casi todas las categorías políticas se usan como arma. ´Neoliberalismo’ también, y eso no impidió que designara algo real durante treinta años de discusión en Chile, a pesar de ser un término esencialmente controvertido.

Hay un rasgo que Laruelle destaca y que interesa subrayar aquí. El ‘iliberalismo’ no requiere un líder carismático ni es antiintelectual. Puede presentarse, por el contrario, como producción de élite. Eso lo separa del populismo, que sí necesita liderazgo y sí cultiva el desprecio por la deliberación culta. Y explica lo que se vio en el Foro de Madrid, más allá de la figura estrafalaria de Milei. Esto es una ideología que cree en la metapolítica e invierte en fundaciones, revistas, seminarios y cumbres regionales, porque su apuesta es ganar la cultura, además de la elección. La estrategia es, paradójicamente, gramsciana y sus promotores lo dicen sin rubor. Las ‘guerras culturales’ -y ya no sólo de ideas- ganan adeptos por doquier en los círculos de derecha dura.

4. La diferencia que ordena el debate chileno

El conservadurismo y el ‘iliberalismo’ tienen mucho en común. Ambos creen que la naturaleza humana posee rasgos que no desaparecen por voluntad propia, que la identidad nacional o sexual no es un simple constructo revisable, y que alguna forma de autoridad y jerarquía es inevitable. Ambos miran al hombre con pesimismo y sospechan que el progreso puede conducir a la decadencia, mientras que la emancipación puede causar caos. En conjunto, estas dos corrientes parecen ser una sola, con hermanos de diferentes edades.

Se separan en un punto, sin embargo. Y ese punto es el que se discute en el Senado de la República desde agosto pasado. Los conservadores clásicos, la democracia cristiana europea y el Partido Republicano norteamericano, antes de Trump, defendieron los derechos políticos y el constitucionalismo. Para ellos el orden político vigente refleja de algún modo el orden natural y merece obediencia; para el iliberal, el orden político vigente es el enemigo del orden natural y debe ser combatido. Hay allí un componente de rebeldía que el conservadurismo clásico nunca tuvo, y que emparenta al ‘iliberalismo´ con aquellas corrientes que en el siglo XX salieron del conservadurismo y tomaron un rumbo rupturista o refundacional.

De ahí que Plattner escribiera en 2019 que el futuro de la democracia liberal dependerá en buena medida de cuánto resista la derecha conservadora clásica frente al atractivo electoral de los liderazgos iliberales. Escribía sobre el Partido Popular Europeo y el Fidesz de Orbán, y sobre la sujeción del Partido Republicano a Trump. También podría haber escrito sobre Chile Vamos.

No es necesario exagerar. Las reservas de Núñez, Longton, Cruz-Coke y Ramírez, señaladas más arriba, no fueron un movimiento estratégico ni una muestra de rechazo hacia un socio incómodo. Fueron la manifestación, tras años de subordinación, de una objeción de principio. Un partido que acepta gobernar en situación de excepción durante ocho meses ha dejado de ser liberal-conservador, y ello se advirtió a tiempo. Que lo hicieran con una administración de gobierno recién instalada y en un asunto emblemático supera incluso nuestras expectativas. Incluso una ‘democracia protegida’ buscaría una institucionalización normalizada, no gobernar en un estado de excepción permanente.

5. Las variedades del iliberalismo

El ‘iliberalismo’ no es uno, ni lo es el liberalismo tampoco. Laruelle distingue cinco guiones liberales que conviven y, a veces, se estorban entre sí. (i) El guion político protege al individuo frente al Estado y limita a la mayoría mediante contrapesos institucionales. (ii) El económico adopta hoy la forma del neoliberalismo. (iii) El cultural desplazó los derechos políticos hacia los derechos de identidad, y es el que más irritación produce. (iv) El geopolítico amarra el liberalismo al orden internacional de la posguerra y al liderazgo norteamericano. Queda el quinto, el colonial, que la literatura decolonial denuncia como una plantilla externa de validez universal, escrita por europeos para el resto del mundo.

Cada ‘iliberalismo’ elige contra qué se levanta y, a partir de esa elección, se deriva su fisonomía. Orbán ataca el primero y el tercero, y conserva su lugar en la Unión Europea. Putin descarga casi todo su peso sobre el cuarto y, por eso, declaró obsoleto el liberalismo en la entrevista a Financial Times de 2019, pensando en Washington más que en J.S. Mill. El PiS polaco combatió el tercero mientras sostenía el cuarto, con una alianza norteamericana que consideraba intocable. En América Latina, Bukele trabaja en el primero con una eficacia que lo convirtió en un producto de exportación, y Milei hizo del segundo una bandera invertida, defendiendo el mercado con el vocabulario incendiario que otros reservan para atacarlo.

Por el contrario, la mayoría de los ‘iliberalismos’ europeos denuncia el neoliberalismo como responsable de la desprotección social, pero, al llegar al poder, implementa políticas neoliberales. Laruelle lo formula con precisión. Reorganizan la redistribución más que suprimirla, reducen el número de grupos con derecho a protección estatal y aumentan el de quienes quedan a solas frente al mercado.

El caso chileno tiene aquí su rasgo propio. Nuestra derecha dura no denunció el segundo guion. Mantuvo el libre mercado y el Estado mínimo, y puso todo el acento en la seguridad pública, el combate al crimen organizado, la criminalización de las incivilidades y la restauración de los vínculos morales en la familia, la escuela y la comunidad. El resultado es una combinación reconocible: Estado mínimo en lo económico y Estado máximo en lo policial. La reforma de agosto pasado aspira a ser la traducción constitucional exacta de esa fórmula.

6. Las culpas del liberalismo

Nada de todo esto se explica solo por la habilidad de los adversarios del liberalismo. Hace ocho años dediqué un ensayo largo en Estudios Públicos a las contradicciones culturales del liberalismo y sus malestares. Hoy me parece más pertinente que entonces. La cultura liberal es un laberinto semántico. Bajo un mismo nombre conviven ideas que se estorban, y entre sus variantes históricas cabe incluso, sin forzar nada, un ‘liberalismo iliberal’.

Las contradicciones están a la vista. Un Estado idealmente mínimo en el origen, que se expande sin descanso en función de la oferta de servicios públicos y una burocracia en aparatosa expansión. Una democracia que se declara representativa y traslada sus decisiones a tecnocracias, órganos públicos no elegidos y a los tribunales. Un capitalismo cuya racionalidad instrumental produce, como Weber vio tempranamente, resultados profundamente irracionales que degradan formas de vida y mercantilizan relaciones que antes poseían un estatuto extra-económico. Y una autonomía individual que se ofrece como emancipación y termina por construir su propia jaula de hierro.

Francis Fukuyama llegó por otro camino a un diagnóstico compatible. El liberalismo fue herido por sus propios excesos, no por sus enemigos. Por la derecha, la absolutización de la libertad económica hasta convertirla en la única que cuenta. Por la izquierda, el desplazamiento de la ciudadanía universal hacia el reconocimiento de identidades particulares, que fragmentó el sujeto político que el liberalismo había construido con tanto trabajo.

A eso se sumó un divorcio institucional del que se habla poco. Las decisiones que más importan migraron hacia los bancos centrales, los tribunales constitucionales, los organismos reguladores y los tratados comerciales, mientras que las elecciones quedaron administrando lo ya decidido por las llamadas ‘condiciones estructurales’ de la sociedad. El resultado es una fórmula que se enuncia rápido y pesa mucho, derechos sin soberanía popular y soberanía popular sin derechos. El ‘iliberalismo’ ofrece devolver la segunda al precio de los primeros, y esa oferta se entiende sin necesidad de haber leído a nadie.

El problema más incómodo aún falta por abordar. Los bolsones iliberales no provienen de fuera de las democracias liberales, sino que se desarrollan dentro de ellas. En Europa, la lucha contra el terrorismo permitió que los gobiernos, que se declaraban liberales, realizaran intrusiones masivas en la privacidad. Los campos de detención de migrantes han puesto en duda los compromisos de varios Estados con sus propias declaraciones de derechos. Además, lo que Shoshana Zuboff llama ‘capitalismo de vigilancia’ ha establecido una recopilación de datos personales que ninguna democracia sometió a votación. La reforma que Kast firmó en agosto introduce, pues, un nuevo instrumento que viene siendo prefigurado por las transformaciones ‘iliberales’ del liberalismo europeo y de estilo MAGA (por ejemplo, en legislaciones antimigratorias y de ‘protección’ de las fronteras). Aunque esto no la hace aceptable, sí permite entenderla mejor.

7. Por qué aquí prendió tan rápido

El liberalismo chileno nunca tuvo raíces profundas como para resistir un invierno duro. Octavio Paz lo advirtió temprano y sus admiradores latinoamericanos preferimos no escucharlo. Faltó aquí la triple revolución que en Europa lo hizo posible: la crítica ilustrada en la filosofía, la revolución democrática en la política y la Reforma en la religión. Faltó también un capitalismo moderno con economías abiertas y algo parecido a un ethos socialdemócrata. En su lugar prevalecieron el tomismo escolástico, los caudillismos carismáticos, una cultura popular conservadora, la hacienda y un Estado patrimonial que repartía favores donde debía reconocer derechos.

El liberalismo criollo del siglo XIX funcionó más como una doctrina de élite que como una ética social. Era oligárquico y anticlerical, secularizó el registro civil y los cementerios, pero dejó intacta la estructura de la hacienda. Se trató de una intervención legal, no de una transformación cultural. Una incorporación que produjo algunas buenas ideas, pero no soportó la primera helada fuerte. Esa helada fue el 11 de septiembre de 1973, seguida de una larga sequía de los “cómplices pasivos”. 

El 18 de octubre del estallido fue distinto. La derecha liberal-conservadora del Presidente Piñera quedó aislada por no haber decretado el estado de sitio ni restablecido el orden con fuerza militar, y desde entonces carga el mote de ‘derechita cobarde’. La izquierda, entretanto, combatía esos días, bajo el nombre de neoliberalismo, la tradición misma de la que provenía su agenda cultural, en una paradoja que nunca se resolvió porque hasta ahora no se reconoce. Cuando la Convención se propuso sepultar la República para reemplazarla por un régimen de ‘perspectivas’ con adjetivos acumulados, el liberalismo ya no tuvo quién lo defendiera por ninguno de los dos lados.

De modo que, en 2026, cuando le toca defenderse, el liberalismo chileno no dispone de programa, ni de partido, ni de un vocabulario propio que la gente reconozca. Dispone quizá de algunos senadores, algunos intelectuales o columnistas, unos pocos medios de comunicación y unas voces esparcidas entre las élites. Eso es lo que quedó, y sin embargo fue con eso -más señales de la opinión pública encuestada- que se frenó la reforma en agosto.

8. Lo que vendrá

Pero el estado de excepción de seguridad pública intentará revivir y subsistir. Volverá con 120 días en lugar de 240, con revisión cada 30, con la interceptación de comunicaciones fuera de la Constitución y, probablemente, dentro de una ley orgánica donde llame menos la atención. Lo de agosto fue un aplazamiento. El gobierno tiene tres años por delante, un problema de seguridad real y una opinión pública que lo respalda en su objetivo hobbesiano. Las pulsiones iliberales en su interior son fuertes y no han sido descartadas. Buscarán otros frentes donde manifestarse, por ejemplo, mediante invocaciones a la ‘guerra cultural’.

Ahí precisamente reside la encrucijada que la derecha liberal-conservadora de Chile Vamos tendrá que resolver antes de la próxima ronda electoral. O se somete y desempeña un rol subalterno dentro del gobierno Kast y del fragmentado bloque oficialista, facilitando el ‘sorpasso’ por parte de la nueva derecha dura, o se redefine ella misma en términos liberales más al día con las corrientes intelectuales contemporáneas. Y, desde ya, hace valer esas ideas. Un atisbo de ello se ha visto en lo ocurrido durante las últimas dos semanas, lo que muestra que aún hay tiempo para detener el ‘sorpasso iliberal’.