Pocos días han pasado desde el brutal ataque sufrido por el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades Gustavo Alessandri y familia, así como también uno de sus vecinos, sufriendo graves lesiones físicas y pérdidas pecuniarias, después de ser víctima en su propio hogar, de una violencia no destinada a robar, sino que seguramente a amenazarlo y amedrentarlo.
El caso del alcalde Alessandri es extraordinariamente grave, pues la agresión hacia él apunta a una represalia, por la inusitada violencia con que actuaron. Esa es una de las líneas de investigación de la PDI y es lo más probable que así sea dado que el alcalde ha denunciado reiteradamente a narcotraficantes que tienen montada una creciente operación de loteos ilegales en la provincia de Petorca, y que junto a sus pares de Papudo y la Ligua, advirtió en septiembre en la Comisión de Vivienda del Senado que amenazan de muerte y organizan encerronas a quienes fiscalizan. El resultado de esa golpiza lo tenían internado con ocho puntos en la cabeza, seis en el pómulo y nueve en el resto del cuerpo, además de un ojo en mal estado y dos fracturas.
Sin duda que esta noticia es alarmante y causa profunda indignación y preocupación, pero, desafortunadamente en pocos días más será olvidada u opacada por el escándalo del llamado Caso Convenios -que aún no se sabe cuál es el verdadero alcance que tiene- pero ya se están investigando traspasos a fundaciones por más de $14.000MM. Es decir, al igual que con las noticias de los ataques terroristas en la macrozona, de las balaceras en las poblaciones y tantas otras sobre narcotráfico, portonazos o delincuencia, terminará siendo una más, porque nos estamos acostumbrando a aceptar estas situaciones como parte de nuestra cotidianeidad y no reaccionamos, en lugar de rebelarnos masivamente como sociedad, exigiéndole al Gobierno, que utilizando todas las herramientas legales que dispone, nos garantice la integridad física y psíquica, como lo establece la Constitución en el Capítulo 19, N°1 que prometió respetar.
¿Debemos seguir soportando que el Gobierno y el Estado nos obligue a encerrarnos cada día más; que se suspendan clases por entierros narcos, a vivir atemorizados de ser víctimas de encerronas y portonazos o baleados por resistirnos a un atraco? ¿Debemos seguir aceptando que mueran niños por balas locas en las poblaciones, o a ser golpeados, amarrados y abusados mentalmente en nuestros hogares, mientras los narcos, delincuentes y terroristas se pasean libremente con total impunidad?
Cada día que pasa es más luctuoso observar cómo se está deteriorando el país en lo que respecta a seguridad y no se percibe que el Gobierno y el Estado tengan un plan efectivo ni exista inteligencia del nivel que se requiere para hacerle frente a estos hechos. Cada día que pasa, el narco avanza y penetra más y cabe preguntarnos hasta adonde ha extendido su influencia. ¿Habrán corrompido a miembros de la política, del Poder Judicial, de la policía, de las municipalidades? ¿Hay seguridad que en Chile no esté ocurriendo o que no haya ya ocurrido, como sí ha pasado en otros países de la región?
Debemos tener certezas sobre esas interrogantes, porque es indignante que autoridades que denuncien actos delictuales puedan sufrir un brutal atentado a su integridad familiar, como fue el caso de Gustavo Alessandri. También indigna que sea el propio Ministerio de Educación el que suspenda clases porque los señores narcos tienen que enterrar a sus muertos con escolta policial; y aún más irritante resulta constatar cómo nos hemos convertido en ciudadanos inseguros, temerosos de salir de noche, aumentando las medidas de seguridad en autos, edificios, casas y oficinas ante la impunidad de la que gozan los delincuentes, narcos y criminales organizados.
¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno y el Estado se decidan a actuar con toda la fuerza que la Constitución y las leyes le permiten para poner atajo al avance indiscriminado y desfachatado del crimen organizado? ¿Van a esperar hasta que sea tarde y no se pueda parar porque la corrupción con la que actúan penetró en todas las capas de la sociedad? O también creen, como muchos en la izquierda, que la injusticia social no les permitió ser ciudadanos honestos y por lo tanto no hay que castigarlos.
Los ecos de la semana son poco alentadores. Si el combate contra la criminalidad y la corrupción no pasa a ser una prioridad nacional, Chile se puede tornar en un país inviable. De nosotros depende que eso no ocurra, por lo que se necesita una voz activa de la ciudadanía para impedirlo.
