El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, puso un plazo perentorio al gobierno para que se volviera a reunir el Comité de Ministros a fin de pronunciarse sobre el proyecto Dominga. Cabe recordar que dicho Comité en reunión efectuada en 2023 decidió rechazar el proyecto, lo que fue considerado ilegal por el Tribunal de Antofagasta por falta de imparcialidad de alguno de los ministros y dio un plazo perentorio de 15 días, que expiró el 31 de diciembre, para que dicho Comité tomara una decisión al respecto.
Eso no ocurrió, lo cual genera interpretaciones y efectos. Lo primero que se podría considerar es que el incumplimiento de una resolución judicial constituye desacato, figura que está contemplada en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, inciso 2°, que establece que quien cometiere desacato será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. Si así se declarara, sería un grave problema para el gobierno. Pero no sólo en lo legal tiene efectos, pues el no cumplir la resolución judicial afecta la percepción de la eficacia y seriedad de la institucionalidad ambiental del país, lo que deriva en generar una gran incertidumbre en aquellos inversionistas que pretenden desarrollar proyectos que requieran aprobaciones ambientales y un serio deterioro en nuestra imagen y reputación internacional.
¿Pero cuál fue la reacción del gobierno ante esta decisión judicial? Intentó dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal de Antofagasta, pero no lo logró pues éste reiteró su decisión de obtener una nueva resolución ministerial con plazo máximo el 31 de diciembre. Pero como eso no ocurrió, el gobierno se ha defendido, aduciendo, a través del ministro subrogante Maximiliano Proaño, que han hecho todo lo necesario solicitado por el Tribunal, pues se habían reunido el día 23 (?) y según él, se solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre las subrogancias, porque los ministros se inhabilitaron.
Lo que queda claro de las gestiones del gobierno es que todo lo que han hecho no es otra cosa que acciones para dilatar una resolución favorable al proyecto, porque el mismo atenta contra la ideología oficialista y contra el deseo del propio Presidente que siempre ha estado en contra de Dominga, impidiendo la realización de un proyecto de US$2.500MM que podría mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Higuera, la comuna más pobre de la Región de Coquimbo. Si logran su objetivo, el daño a la institucionalidad ambiental y jurídica de Chile sería grave y la señal que se enviaría al mundo es que en Chile invertir en proyectos que no son del agrado del actual gobierno y del Presidente, no tienen destino.
El otro problema institucional guarda relación con el cierre de la causa por la pérdida de las escuchas telefónicas de Daniel Jadue relacionadas con el caso Led, que terminó en total impunidad. El caso Led también conocido como Caso Luminarias, es un proceso de investigación llevado a cabo por la Fiscalía en varias regiones de Chile por contratos irregulares realizados por Itelecom, compañía perteneciente a Luis Lefort Hernández, para obtener la concesión de instalación de alumbrado público en distintas regiones, por un total de $44.000MM en 22 Municipalidades del país.
En el caso de Recoleta, la Contraloría hizo una fiscalización a la Corporación Cultural de la Municipalidad y encontró que dicha Corporación recibió la suma de $50MM por parte de Itelecom, firma con la que había sellado una licitación por más de $10.000MM por el cambio y mantención de luminarias led en la comuna, razón por la cual se abrió una investigación contra Jadue. Se hicieron escuchas telefónicas al exalcalde, pero, curiosamente una treintena de ellas se perdieron en 2023 sin que se lograran recuperar, con lo cual no se pudo comprobar si el edil estuvo o no comprometido en delitos asociados a licitaciones irregulares por recambio de luminarias en su comuna.
Quien tuvo a cargo la investigación por esas desapariciones fue la fiscal Lorena Parra, quien focalizó su indagación en los funcionarios de la PDI a cargo del caso y en particular en el detective Gonzalo Vivanco, quien tenía la custodia de las escuchas. Vivanco declaró como imputado, porque se conoció de correos en que éste pidió formatear un equipo donde estaban dichas grabaciones, pues según él se había realizado el debido respaldo de las mismas, lo cual no era efectivo.
Sin embargo, a pesar de contar con toda esa información, la fiscal Parra solicitó el cierre de la causa y no perseverar en las pesquisas, solicitud acogida por la jueza Alicia Rosende del 8° Juzgado de Garantía, por lo que este caso termina en total impunidad y genera un claro menoscabo institucional.
Cuando la institucionalidad se deteriora, como en los dos casos citados, impacta a todo el país con imprevisibles consecuencias, pues se va creando un ambiente en que se piensa que es posible funcionar al margen de los procesos institucionales, lo que impacta el crecimiento, desincentiva la inversión tanto nacional como extranjera y se pone en peligro el Estado de Derecho y la democracia.
Pero esto es una horrible situación legal y yo creo delito
¿Es que acaso no hay nada que hacer contra esta fiscal y también contra la juez ? ¿Como nadie se querella contra todos los involucrados? ,la verdad es que estamos como la ranita a quien le han subido de a poco la temperatura. ¿Será que Chile está a punto de fallecer como país?
Estos casos tienen claros responsables. Gracias El Libero por visibilizarlos y ojalá sigan mostrando las acciones del gobierno ante estas denuncias. La ineptitud y negligencia es una característica de nuestros gobernantes actuales, por lo que no me creo muchas expectativas, pero medios como El Libero al menos lo ayudan a uno a sentir que el costo de tanta incapacidad no será cero para estos «lideres».