Chile sabe hace años cuánto gana, en promedio, un titulado de cada carrera. Mi Futuro, del Mineduc, publica la empleabilidad al primer año y el ingreso al cuarto año por carrera e institución. Aun así, cada año cientos de miles de jóvenes, sobre todo vulnerables, hipotecan (al menos) cinco años de sus vidas en carreras sin la empleabilidad mínima que justifique esa inversión -suya, de sus familias y de los contribuyentes- y engrosan las filas de desempleados y subempleados. 

Gallup y Strada preguntaron a 86.000 estadounidenses por qué estudiaron: 58% dijo por trabajo y carrera; solo 23%, por aprender. En Chile la apuesta es también familiar: 43% de los matriculados en universidades e Institutos Profesionales son la primera generación que llega a la educación superior, y para sus padres el título es movilidad social. «Sin un cartón en la vida uno no es nada», le decía su padre a una estudiante entrevistada. La presión es enorme. En Chile, nueve de cada diez escolares esperan terminar la educación superior (PISA); la realidad es 45% (SIES 2025). ¡Menos de la mitad!

Si jóvenes y familias «compran» movilidad social, debe ser esa parte importante de la vara con que el Estado mide lo que financia. Hoy sólo paga por matricular, no por titular ni por emplear. Y las universidades e institutos reciben lo mismo si el egresado encuentra trabajo o si el alumno deserta en primer año. 

Informar, sin más, mueve poco las decisiones. Hastings, Neilson y Zimmerman mostraron en Chile que los postulantes de menores ingresos a programas de bajo retorno sobreestimaban en más de 100% lo que ganarán al egresar, y que corregir esa creencia redujo la demanda por esos programas en apenas 3,3%. En otras palabras, le decimos a las familias «miren los datos», mientras el financiamiento público les dice «da lo mismo lo que estudien y dónde». 

¿Qué han hecho otros? 

Australia movió precios: desde 2021 abarató algunas carreras y más que duplicó el costo de otras. Según la Universidad de Melbourne, solo cerca de 1,5% de los postulantes cambió de preferencia.

Otros abordaron el problema por el lado de la oferta: Tennessee financia desde 2010 a sus universidades por resultados, con un premio por cada titulado de bajos ingresos. Y en Estados Unidos, desde la ley de 2025, los programas cuyos egresados ganan menos que alguien sin estudios superiores pierde el crédito federal si fallan dos años de tres. 

La lección: la información funciona cuando existen consecuencias reales, y éstas deben recaer sobre quien ofrece el programa. Chile tiene los datos (SII, seguro de cesantía, etc.) para hacerlo.

Tres ideas para Chile:

1. Mostrar el retorno por programa al momento de postular, no en un portal que casi nadie visita.

2. Pagar una parte creciente del aporte público contra resultados: titulación oportuna, empleabilidad e ingreso, con plazo para mejorar antes de perderlo.

3. Medir valor agregado, con un bono por cada titulado vulnerable, para que para premiar el desafío conlleva. 

Hay objeciones legítimas: los datos llegan con rezago y hay carreras de alto valor social y bajo ingreso, como pedagogía o artes. Para ellas, podemos considerar subsidios explícitos o umbrales graduales.

El tema de fondo es que hoy el debate sobre gratuidad o financiamiento de la educación superior gira sólo en torno al costo fiscal. Falta la pregunta incómoda: ¿Qué compra el Estado con esos recursos? 

Financiar carreras sin mirar resultados no iguala oportunidades. Deja que las familias, sobre todo las más vulnerables, apuesten con plata pública sin saber si la apuesta paga. No se trata de que el Estado decida qué estudian nuestros jóvenes, sino de que deje de malgastar recursos escasos. No sólo en dinero, sino también en tiempo, energía e ilusión de millones de chilenos.

Emprendedor. Fundador de Cumplo y presidente de ASECH

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1 Comment

  1. El tema es super complejo. De partida para aprender, adquirir habilidades y capacidades hay que asistir a clases. Se debiera pagar solo con asistencia mínima de 90% efectivo, real.

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