Cuando el Estado llega tarde

Hace pocos días, el miércoles 30 de abril, venció el plazo perentorio para declarar los impuestos y pagarle al Estado lo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos para financiar su gestión. De hacerlo tan solo un día después, se nos castiga con multas e intereses por no haber cumplido  con nuestros deberes tributarios a tiempo.

Sin embargo, ese mismo miércoles 30 en que la ciudadanía sí cumplió con sus obligaciones, a pesar de los problemas presentados por la página del SII, el Estado no lo hizo, incumpliendo su tarea de proteger a los ciudadanos, y en lugar de eso le brindó protección a un funeral narco, aduciendo que era de altísimo riesgo, por lo que una vez más llegó tarde. Y por supuesto, no recibe sanción alguna.

Es tan tarde lo que llega el Estado, que en lugar de combatir decididamente al crimen organizado y proteger a la ciudadanía de sus acciones, optó por promulgar  una nueva ley para regular los funerales denominados «de riesgo», como se llama a los narco funerales. Y cuyo reglamento, promulgado en marzo de este año, entrará en vigor ahora en mayo.

Dada la existencia de dicha ley, el miércoles 30 de abril la ciudadanía tuvo que soportar cortes de tránsito en Vespucio Norte afectando su movilidad y el llegar a tiempo a sus trabajos; un periodista de Radio Bío-Bío se vio no sólo amenazado, sino que intentaron atropellarlo y lo más desgraciado de todo, las clases fueron suspendidas en al menos tres colegios de Quilicura, lo que es absolutamente inaceptable, con todos los problemas que hay en la educación escolar.

Y todo aquello por el funeral de Carlos Acevedo Ramírez, (a) el “Guatón Mutema”, narcotraficante recién salido de la cárcel y que fuera acribillado a balazos desde un auto, por su presunta vinculación con un secuestro de la pareja e hija de otro narco que está preso y que por su liberación los criminales exigieron $500 mil millones.

Esto es el mundo al revés. El artículo 1° de nuestra  Constitución establece claramente que el Estado tiene el deber de dar protección a la población y a la familia y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional -además de otros considerandos-  pero en lugar de cumplir con los preceptos constitucionales, la población  se ve desprotegida ante el narcotráfico y se la condena a recluirse cuando uno de los criminales va a ser enterrado, impidiéndole a los niños poder recibir educación por la suspensión de clases, a los padres a circular libremente por el corte de calles, a periodistas ejercer su trabajo al verse amenazados y a muchas familias de poder asistir al trabajo por no tener con quien dejar a sus hijos que no pueden concurrir a sus colegios.

Y mientras la Alcaldesa de Quilicura Paulina Bobadilla (Ind-FA), solicitaba la presencia de las Fuerzas Armadas para proteger a los ciudadanos de su comuna, el despliegue policial en el funeral del “Guatón Mutema” se parecía a la visita de un dignatario extranjero camino a La Moneda. Tres vehículos escoltando el cortejo y funcionarios en moto le procuraban protección, que eufemísticamente se impuso para “aminorar el impacto a vecinos que constantemente temen por su seguridad”, según lo declaró el ministro de Seguridad Luis Cordero. Qué ironía sus palabras.

Lo ocurrido, una vez más, en un entierro narco demuestra la indolencia e incapacidad del Estado en combatir y controlar el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado. Llegando tarde una vez más, al verse obligado a proteger el funeral de un criminal, en lugar de eliminar la existencia de esos carteles del crimen, combatiéndolos con inteligencia, fuerza y decisión, coartando así la vida de ciudadanos inocentes que ven amenazada su seguridad e interrumpida su normalidad.  

Es necesario decir que al hablar de Estado nos referimos a un concepto político, abstracto, alusivo a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de los ciudadanos en un territorio, pero la responsabilidad de las acciones del Estado no es algo abstracto y recae en quien ejerce el Gobierno y su administración. En Chile, esa responsabilidad la ejerce el Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público, en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

Cuando el Estado llega tarde en brindar seguridad, es porque quien lo administra y gobierna no ha cumplido debidamente con lo que ordena la Constitución en su artículo 1°. Cuando el Estado llega tarde demuestra indolencia y quien sufre las consecuencias es la ciudadanía, que cada día ve más amenazada su seguridad ante el crimen organizado y el narcotráfico, que se disputan a balazos los barrios y la dominación de territorios con absoluta impunidad.