Cruzo los dedos

Inicié la semana que pasó con optimismo. Los primeros días sólo me enviaban señales de que aquella tendencia que ya advertía el domingo pasado -la existencia de un ánimo de debate y soluciones en el que convergía la mayoría con relación al proyecto de Ley de Reconstrucción propuesto por el gobierno- que por el momento parecía expresarse solamente en el mundo intelectual, se había acentuado visiblemente. Eran muchas más las voces que se oían, de lado y lado, criticando, pero buscando modificar para mejorar, no destruir, ese proyecto. Y todas ellas hacían pie en un consenso básico: la necesidad de crecer económicamente, algo cuestionado no hace mucho, cuando se habló de que ya no era hora de pensar en crecer sino en distribuir o aún de que había que decrecer, como plantearon algunos en las discusiones de la Convención Constitucional.

Los nuevos planteamientos que se oyeron durante los últimos días -entre otros de Harald Beyer, Carlos Mladinic, Manuel Agosín, Eduardo Engels- desde diferentes ángulos y tradiciones políticas advirtieron en columnas y entrevistas que, aun cumpliéndose la previsión que la reducción del impuesto de primera categoría incentivara la inversión y con ello el crecimiento, ese crecimiento muy probablemente no sería suficiente para compensar la caída en los ingresos fiscales y por ello incrementaría el déficit fiscal. Sus proposiciones de compensación a ese escenario iban desde una menor reducción de la rebaja tributaria y su complementación o reemplazo por la depreciación acelerada de activos, hasta la compensación mediante un impuesto al diésel o la eliminación de la reintegración tributaria del proyecto, entre otras.  

Y más aumentó mi optimismo la que quizás haya sido la noticia principal de la semana: el Informe que presentó el Consejo Fiscal Autónomo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. El Consejo, cuya crítica del desempeño fiscal del gobierno de Gabriel Boric fue aplaudido por la oposición a ese gobierno y que en consecuencia puede lucir una neutralidad técnica indiscutible, advirtió que del análisis financiero del proyecto se desprende que éste presentará déficits fiscales por lo menos hasta 2031 e identificó explícitamente nueve riesgos o incertidumbres, señalando  que esa incertidumbre “es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales.”

En compensación a su crítica, fue totalmente asertivo en sus recomendaciones, entre otras “que el proyecto… avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando tanto en magnitud como en temporalidad un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias”. Y agregó que para ello se podían considerar “medidas compensatorias adicionales de ingresos y gastos… evaluar modificaciones en gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos, monitoreo y condicionalidad, o mejoras en la relación costo/efectividad”. También recomendó el establecimiento de mecanismos de seguimiento verificables para las medidas y “un sistema de monitoreo anual que evalúe el efecto recaudatorio de los cambios tributarios que se vayan implementando.” Y quizás lo más importante: en sus consideraciones finales hizo hincapié “…en que es necesario lograr un diagnóstico común de la situación fiscal actual y concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en las decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo este proyecto de ley”.

Y las exposiciones ante la misma Comisión de economistas tan prestigiados -y también de tan diferentes tradiciones políticas o ideológicas- como Klaus Schmidt-Hebbel, Mario Marcel, Andrea Repetto, Matías Acevedo y Alejandro Weber, aumentaron aún más mi optimismo. Todos ellos, explicablemente con énfasis y matices diferentes, identificaron debilidades y riesgos del proyecto e hicieron sugerencias tendientes a lograr el objetivo del crecimiento económico sin agravar el deterioro fiscal.

Estas críticas y las proposiciones para su superación brindaban al gobierno una oportunidad única para mostrarse ajeno a cualquier extremismo intolerante y abrirse a la consideración de esas sugerencias. La seriedad indiscutible de las personas y de la institución de la cual provenían (y no he querido mencionar otros comentarios con similares advertencias como los del FMI o J.P.Morgan), justificaban y avalaban una decisión de ese tipo. Haber aceptado alguna de ellas y mejor aún, haber anunciado que se proponía hacer las modificaciones correspondientes a su proyecto en materias en las que sin duda encontraría unanimidad como, por ejemplo, limitar la reducción del impuesto de Primera Categoría a sólo 25% -algo que ya propuso el gobierno de Gabriel Boric- sin duda habría comprometido el apoyo o por lo menos la apertura a una discusión seria por lo menos de una parte de la oposición (y, sí, me estoy refiriendo a la DC y al Socialismo Democrático).

Sin embargo, eso no ocurrió y con ello todo el optimismo que yo había acumulado se demostró vano. La anunciada respuesta del gobierno (o del ministro Quiroz) a las consideraciones que le planteara el CFA, se limitaron a una formalidad burocrática que sólo buscó replicar puntualmente algunas de las cuestiones planteadas en el Informe (otras simplemente fueron ignoradas). Es más, el propio ministro, que inicialmente se había referido con mucho respeto al Informe, terminó calificándolas de “observaciones de detalle”.

Lamentablemente el gobierno desperdició una gran oportunidad de mostrarse inclusivo y desechó la posibilidad de generar un proceso de cambios para el país, no sólo en el contenido sino también en las formas, con proyección de futuro y garantía de estabilidad. No se mostró mejor que la oposición y, como ésta, prefirió, en esta oportunidad por lo menos, atrincherarse en su verdad y no escuchar al otro.

Es posible que, en el cortísimo plazo que ha impuesto para ello, el gobierno logre aprobar su proyecto en la Cámara de Diputados si prosperan las pequeñas negociaciones en que está envuelto con el Partido de la Gente. Si ello sucede, aún quedará la posibilidad de lograr un acuerdo substantivo y con un apoyo amplio en la discusión política en el Senado. Voy a esperar ese trámite con un optimismo renovado porque sigo creyendo que es lo mejor para Chile y es la única manera de reivindicar a la política como instrumento de la democracia. Sin embargo, debo reconocer que declaraciones como las del ministro Quiroz y del propio Presidente Kast en el sentido que, de no aprobarse la Ley tal cual ellos la han propuesto, están dispuestos a intentar imponer sus medidas mediante decretos, hacen flaquear ese optimismo y me hacen temer lo peor.

Cruzo los dedos.