Converso con dos amigos socialistas que son a la vez mis mejores amigos y mis más severos críticos. Me dicen que ellos no difieren de las reflexiones que he venido haciendo desde este medio las últimas semanas. En esas reflexiones he insistido en la idea de que en democracia la política es búsqueda de acuerdos y no imposición de diferencias: que la primera genera mayorías amplias que garantizan la fortaleza de las decisiones y con ello la estabilidad del progreso económico y social, en tanto la segunda sólo genera inestabilidad, estancamiento e incluso el riesgo de la ruptura democrática. Y he insistido también en que el diálogo que lleve a la identificación de áreas de consenso y establezca la “medida de lo posible” para las reformas no consiste en una suma de concesiones hechas a regañadientes, sino en la búsqueda activa de coincidencias que permitan construir soluciones compartidas.
Hasta ahí el acuerdo con mis amigos, porque en lo que no están de acuerdo es en la posibilidad de que esa concepción de la democracia y la política pueda expresarse en la actualidad. Yo les digo que una actitud de ese tipo debería traducirse en un diálogo político entre el gobierno y la oposición socialista democrática que permitiera definir “la medida de lo posible” para la solución de los problemas que el gobierno ha identificado como prioritarios. Problemas que seguramente ellos comparten, si no como prioritarios, probablemente sí como reales e importantes: seguridad pública, crecimiento económico, inmigración irregular. “No están dadas las condiciones” me replica uno de ellos, quien me asegura que le basta escuchar a personeros del gobierno atribuyendo todos los problemas del país a la administración anterior -no pocas veces forzando cifras o llanamente mintiendo, me dice- para concluir que no existe un interlocutor válido. Y a ello suma la falta de empatía en la exposición de algunas políticas (me habló del ministro Quiroz) y la prepotencia con que otras son defendidas (aquí la referencia fue el ministro Poduje).
Mi respuesta a ese argumento es simple: esa misma opinión negativa existe en buena parte del oficialismo respecto de la oposición. Y si ambos diagnósticos se dan por ciertos e inmodificables, el resultado no puede ser más que la imposibilidad del diálogo y la condena a un movimiento pendular en el que cada gobierno se dedique a deshacer lo hecho por el anterior. Un país que funciona así no sólo se estanca: se condena a vivir en una inestabilidad permanente. Por eso, aun en medio de la desconfianza, alguien debe ser capaz de salir de la trinchera y tender la mano, aunque inicialmente no encuentre respuesta.
A ese diálogo con mis amigos bien pudo haber servido de ejemplo la decisión del ministro Secretario General de la Presidencia de abrir conversaciones con el Partido Comunista y el Frente Amplio en torno al proyecto de Reconstrucción; una decisión que me pareció más que auspiciosa. La respuesta inicial, claro, no fue alentadora. El Partido Comunista se limitó a pedir el retiro del proyecto para presentar uno “de reconstrucción real”, mientras que el Frente Amplio solicitó dividir la iniciativa en partes acusando al gobierno de intentar pasar “gato por liebre”. Nada de esto debería sorprender, sin embargo, y menos aún desalentar. En política, el primer paso hacia el acuerdo suele ser el más difícil. Más preocupante fue, en cambio, la reacción surgida desde el propio oficialismo. Dirigentes de la UDI criticaron la iniciativa señalando que el encuentro era innecesario y que no tenía sentido abrir espacios de diálogo con sectores que, a su juicio, no han mostrado voluntad real de alcanzar acuerdos. Esa reacción lleva a pensar que entre las fuerzas que apoyan al gobierno (o que son partes de él), existe la misma existencia de “dos almas” con que muchos -yo entre ellos- describimos al gobierno de Gabriel Boric.
Pero junto con ésta hubo otras señales que sí son alentadoras. Provinieron -y es algo que no debe extrañarnos- de espacios menos expuestos a la lógica de la primera línea política. El análisis crítico de Andrea Repetto sobre el proyecto publicado en El Mercurio el domingo pasado, que no contiene ni un solo epíteto o consigna y sí una reflexión seria y aguda, abrió un debate sustantivo al advertir los riesgos de una reducción tributaria cuyo efecto en la inversión y la recaudación futura no está garantizado en la dimensión que el gobierno estima. Su planteamiento, que sugiere la posibilidad de moderar la magnitud de la rebaja para equilibrar crecimiento y sostenibilidad fiscal, no es un rechazo, sino una invitación a deliberar.
Algo similar ocurrió en el diálogo entre Julio Isamit y Alan Álvarez -independiente cercano a la UDI uno, militante socialista el otro- en Teletrece Radio el pasado miércoles. Desde posiciones distintas, ambos fueron capaces de identificar un punto de convergencia relevante: la necesidad de certeza jurídica en un país que ha experimentado dos intentos de reforma constitucional en la última década y, desde el retorno a la democracia, dos reformas tributarias mayores y no menos de seis reformas parciales. De esa constatación desprendían la necesidad de la invariabilidad tributaria por un plazo largo (25 años propone el proyecto de Ley), pero no la justificaban igualmente para montos de inversión tan bajos como los que propone el mismo proyecto (US$ 50 millones, equivalentes a la construcción de un par de edificios de departamentos nos ha recordado Ricardo Escobar en una columna de opinión durante la semana). Ambas constataciones, como es evidente, establecen bases para un diálogo que lleve a un acuerdo virtuoso sobre el tema.
Estos ejemplos muestran que ese diálogo es posible, que existen espacios de coincidencia en el diagnóstico y de construcción de una solución consensuada. Pero también demuestran que hoy es posible encontrarlo sólo en los márgenes del sistema político, mientras en el centro de éste, entre los políticos que toman las decisiones, predominan las descalificaciones recíprocas.
Sería deseable que esas señales que comienzan a surgir fuera de la primera línea política inspiraran a quienes hoy tienen la responsabilidad -desde el gobierno y desde la oposición- de conducir el país. Abandonar la trinchera no implica renunciar a las convicciones, sino reconocer que en democracia estas sólo pueden proyectarse en el tiempo si logran expresarse, así sea parcialmente, en acuerdos amplios. De lo contrario, seguiremos atrapados en un péndulo estéril, incapaces de construir la estabilidad que el país necesita… y yo seguiré sin poder recuperar la plena coincidencia con mis amigos.
