El actual gobierno no da puntada sin hilo. Dos semanas antes de las elecciones comunales y regionales y por cadena nacional, el Presidente dio a conocer el cambio que pretenden introducir en el sistema de financiamiento de la educación, eliminando el CAE e introduciendo lo que han denominado FES, proyecto que elimina los bancos, pero a cambio introduce el control estatal de los aranceles de las carreras a todas las universidades adherentes al sistema.
En Chile se imparten alrededor de 2.000 carreras distribuidas en todo el país y no necesariamente cuestan lo mismo, aunque sean las mismas. ¿Tiene capacidad el Estado de determinar los aranceles por universidad y por carrera o serían todos los precios por cobrar los mismos para cada profesión, no importando diferencias de calidad docente? Lo más probable es que no está esa capacidad y que esto terminara siendo un desastre.
Dentro de lo que se conoce del sistema, se establece que aquellas universidades que adhieran al FES, no podrán cobrar copago a los estudiantes hasta el noveno decil sino sólo a los del décimo; es decir a aquellos que pertenezcan a familias de ingresos altos y que puedan financiar la universidad de sus hijos. Pero más grave aún, el sistema FES le impone una “retribución” de 8% a los recién recibidos hasta por 20 años, que no es otra cosa que un impuesto, los que podrían terminar pagando más que el costo total de sus carreras.
¿Qué pasaría entonces con las universidades privadas que adhiriesen al FES? En ese caso, la autonomía universitaria pasaría a ser letra muerta, pues dependerían 100% de lo que el Estado decida que pueden cobrar por carrera. Por otra parte, aquellos establecimientos que no adhieran al FES no recibirán subsidio alguno y serán los estudiantes y sus familias los responsables de hacerse cargo de los costos que cada universidad determine por carrera.
Este tema es simplemente ideológico, porque la izquierda no es partidaria de la educación privada. Partiendo por bajar de los patines a los niños que anunciara el exministro Eyzaguirre en Bachelet II, y el hecho que en ese mismo gobierno se prohibió por ley fundar nuevos colegios subvencionados, y ahora, en este nuevo sistema, como se les prohíbe a las familias de clase media que puedan invertir en la educación de sus hijos, pues solo a los alumnos del décimo decil; es decir al 10% de la población con mayores ingresos se les podría cobrar un copago, es muy probable que muchas universidades privadas no puedan subsistir con los costos establecidos al arbitrio estatal, pues podría ocurrir lo mismo que con el sistema de gratuidad, donde el arancel de referencia es inferior al valor real de las carreras. ¿No será ese el verdadero propósito?
En cambio, aquellas que no se sometan al FES, podrán cobrar lo que estimen necesario para ofrecer una educación de alto nivel, con lo cual podrán desarrollar programas educativos especiales, realizar investigación, ofrecer post grados, contratar profesores de alto nivel, etc…, pero como no tendrán financiamiento estatal ni CAE, sólo podrán estudiar en esas universidades aquellos alumnos cuyas familias estén en condiciones de sustentar sus estudios, con lo cual, en lugar de que todo el talento, independiente de la condición económica que su familia tenga, no tendrán iguales posibilidades de recibir una educación de calidad. Esto es, el FES iguala hacia abajo.
Si a todo esto se le suma el hecho que las finanzas públicas están exigidas al máximo y que el próximo gobierno tendrá precarios fundos públicos dado el estado de la economía que dejará este gobierno, no se entiende que la actual administración se comprometa a financiar teóricamente a las cerca de 2.000 carreras ofrecidas en Chile por el sistema universitario y que además se haga cargo de la deuda existente del CAE con los bancos, por ser su aval.
FES es un saludo a la bandera de Boric a sus partidarios, pues fue ingresado al Congreso sin urgencia, lo que implica que el mismo gobierno no tiene fe que sea aprobada su propuesta por todos los problemas que causaría, pero quince días antes de la elección lo hizo para asegurar votos y decirle a la izquierda que cumple con lo prometido, aunque su contenido difiere sustancialmente de lo que fueron sus promesas de campaña y del gobierno de condonar el CAE.
Por último, es importante recalcar que el FES pretende solucionar un problema inexistente pues los cambios que se le han hecho al CAE, les permite a los deudores cumplir con sus obligaciones sin mayores problemas y si ha habido aumento en la mora, se debe a la falsa promesa de condenar el 100% de la deuda a quienes aún mantienen su CAE vigente.
El FES es una velada amenaza a la continuidad de universidades privadas y a la educación de calidad del talento joven del país, pues la sustentabilidad en base a criterios arbitrarios del Estado podría ser el fin de muchas de ellas, que no podrían mantenerse vigentes por las condiciones económicas impuestas por la burocracia estatal.

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