En mi columna anterior, recordé que Chile ha experimentado con seis estrategias de desarrollo bastante distintas en los últimos 55 años. Ello ha significado sendas propuestas de reforma tributaria que han consumido la mayor parte de las energías de cada gobierno en sus primero dos años. Con razón en los últimos diez nos encontramos con el ingreso per cápita estancado. Pocas son las inversiones sustantivas que tenderán a hacer los empresarios en esas condiciones de incertidumbre y descrédito mutuo. Salir de ese movimiento pendular entre estrategias económicas casi opuestas por parte de gobiernos distintos cada cuatro años, y encontrar una que se mantenga sostenidamente en el tiempo, parece ser una tarea importante y urgente para retomar un camino de crecimiento económico y paz social.

¿Qué rasgos principales deberían caracterizar una estrategia económica para el Chile actual que pueda sostenerse por unos 15 a 20 años? Este sería el principal desafío del país en lo económico hoy y, muy en particular, para quienes vayan de candidatos a Presidente el próximo año.

En lo fundamental las estrategias de desarrollo que siguen los países se pueden distinguir por el énfasis, signo y magnitud que asigna el gobierno y la sociedad a tres variables principales: la distribución de los ingresos (D), el crecimiento económico general (C) y el tamaño y rol del Estado (E). Lo complicado en la práctica (al contrario de lo que creen muchas personas que no han estudiado estos temas), es que esas tres variables tienden a estar relacionadas entre sí de manera muy específica e inevitable, y no siempre como uno desearía. Me refiero a que una mayor D (igualdad) tiende a reducir C (el crecimiento) y a elevar E (el tamaño y rol del Estado). Los economistas son las personas que se dedican a estudiar estas abstracciones y se llevan discutiéndolo hace unos 250 años. Esto por el lado técnico. Pero en paralelo están las preferencias políticas e ideológicas de ciudadanos, gobernantes y partidos políticos.

En determinado períodos o circunstancias, pueden prevalecer y gobernar quienes tienen el juicio (propio y colectivo) de que más Estado es siempre bueno en sí mismo, y que lo demás importa poco, incluyendo lo que digan los técnicos y sus estudios. El arte de desarrollar un país se podría expresar como el de encontrar un equilibrio virtuoso entre esas tres variables para conseguir progreso con paz social que la mayoría de la población apoye para que se mantenga estable.

Los problemas y movimientos pendulares surgen cuando los países pierden ese equilibrio y se sesgan mucho hacia una variable en particular. La consecuencia es el menoscabo excesivo y por largo tiempo de las otras. En el caso argentino, por ejemplo, el crecimiento excesivo del tamaño del Estado terminó por derrumbar el crecimiento y una igualdad mínima aceptable de ingresos (duplicando la pobreza en pocos años). Eso tiende a ocurrir por ignorancia de los gobernantes o por apegarse a ideologías, ya sea estatistas -“todo se consigue o se arregla si lo realiza el Estado” -o neoliberales- “todo mayor rol del Estado es malo y se debe dejar las cosas a los individuos y al mercado”.

En el caso chileno de hoy, mi diagnóstico es que hemos llegado a tener un Estado demasiado grande y burocrático que ha frenado el crecimiento económico; una burocracia política que trabaja para conservar sus puestos de trabajo e influencia creando marañas de regulaciones que ahogan el emprendimiento y la inversión. Esto se sostiene y complementa con el “clientelismo político” que es la dedicación de los dirigentes políticos y partidos a conseguir cargos en el Estado para sus militantes a cambio del voto (los partidos como “agencias de empleo”). Para eso se necesita que el Estado crezca continuamente y asuma más roles. Eso ha ocurrido porque han prevalecido una mentalidad y gobiernos de raíz ideológica socialista (i.e. Estatista) que favorecieron ese crecimiento excesivo del Estado, especialmente como proveedor directo de servicios públicos. Su consecuencia inmediata ha sido menos crecimiento y productividad, mientras el impacto distributivo es bajo o dudoso. En los últimos diez años, los empleados públicos subieron de aproximadamente 560 mil a 900 mil: 60%, comparado con sólo 20% que subió el PIB o ingreso nacional.

Pareciera ser que ese patrón de comportamientos o sistema de gobierno está llegando a un punto de saturación. La mayoría de la gente no está satisfecha de la tendencia que lleva el país y desea un cambio. Así lo demuestran las encuestas con la preferencia por futuros gobernantes de derecha. Preocupante sería que nos vayamos de nuevo al otro extremo del péndulo en materia de estrategia de desarrollo, y en cuatro años más volvamos al punto opuesto. Así no habrá desarrollo alguno.

Mi propuesta para detener el péndulo y alcanzar un desarrollo sostenido es conformar una alianza entre partidos de derecha y de centro que se fundamente en una estrategia de desarrollo nueva, y no sólo en coincidencias políticas ni repartos convenidos de cargos y poder. Lo nuevo de esa estrategia es que genere mejor distribución de ingresos con menos Estado. ¿Cómo? Utilizando como medio principal para elevar los bajos ingresos el reparto de fondos (dinero) directo a las cuentas corrientes o de ahorro de los grupos menos favorecidos. No a programas de distintos tipos ejecutados por una burocracia estatal.

La transacción política sería que la derecha acepte más redistribución a cambio de que el Estado y el clientelismo se achiquen. El centro, por su parte, que ideológicamente busca más redistribución o igualdad, cede aceptando que esto se haga con menos programas y empleados estatales y más transferencias directas.

Desde el punto de vista administrativo público, esta estrategia implica una revolucionaria modernización del Estado: volverlo masivamente digital, incluso adelantándonos a lo que traerá la Inteligencia Artificial en materias como, por ejemplo, la provisión de servicios de salud. Tenemos un Estado funcionando con atenciones presenciales y manuales en cantidad de rubros desconectados entre sí, sin ponerse al día en lo que significa tener hoy a casi toda la población adulta con celulares y cuentas corrientes bancarias (Cuenta Rut). Los subsidios y bonos para los grupos de bajos ingresos debieran entregarse a futuro a través de los celulares, incluyendo especialmente bonos Fonasa y otros nuevos.

Una parte central de esta Estrategia de Digitalización del Estado sería operar sobre la base de copagos. Siempre la persona aporta algo y el Estado sólo complementa y, además, el ciudadano/usuario es libre de escoger proveedor. Su modelo debiera ser la Pensión Garantizada Universal (PGU), que debiera transformarse en el principal medio de igualación de ingresos en la sociedad, en vez de, por ejemplo, la eliminación del CAE. Otra medida clave serían bonos para pagar una “sala cuna universal” con libre elección para las familias (no sólo Junji) y para pagar educación inicial (jardines infantiles) para familias vulnerables. El norte sería más empleo formal, con previsión social.

Habrá que continuar caracterizando esta estrategia nueva, pensar en su secuencia de implementación, modo de abordar a sus poderosos opositores (probablemente algunos actuales empleados públicos y sus padrinos en la política clientelista), y destacar el cambio cultural y humano que implicaría, etc. También ponerle un nombre. Espero aportes, junto con comentarios y críticas. Podríamos llamarle un “Desarrollo para mejor Distribución con menos Estado”, o “Más igualdad con menos Estado proveedor”; una estrategia que -aunque sea duro decirlo- a los pobres les haga más dignos y libres, y menos clientes que pagan con votos a políticos profesionales para conseguirles servicios del Estado. Espero que se entienda el punto.

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