Castigar o esconder

Ante la muerte de un niño de 12 años en una encerrona, una alcaldesa resumió el clamor de muchos en una línea: los menores “están delinquiendo porque saben que no tienen ni una pena”. Quien la pronunció creía hablar de disuasión. Sin advertirlo, dijo algo más hondo y cierto: que un muchacho a quien sus actos no le devuelven consecuencia alguna no aprende que ha hecho un mal, sino algo peor, que el mal no existe. Tiene razón. Es de justicia que el delito tenga pena, y un orden que libera al día siguiente a quien acaba de quebrarlo no es más humano: es más cruel, porque le confirma al joven que su voluntad no topa con muro alguno en la realidad. Y un alma sin muros es un alma a la que se abandonó.

Hasta aquí, los alcaldes que pidieron urgencia para la reforma de la ley penal adolescente tienen toda la razón. Corresponde concedérselo entero, porque sólo quien admite que el castigo es debido tiene después derecho a preguntar por su forma. Y la pregunta es difícil: cuando pedimos “régimen cerrado”, ¿sabemos lo que pedimos?

Debemos mirar la cosa real y no el folleto. La ley promete continuidad de estudios, tratamiento de adicciones, reinserción. El recinto entrega otra cosa. No hace falta admirar al sistema interamericano —confieso que no lo admiro— para reconocer que, de tarde en tarde y casi a pesar de sí mismo, acierta. En noviembre de 2024 condenó al Estado de Chile por las condiciones en que ese mismo Estado mantiene a los adolescentes que encierra: hacinamiento, celdas de castigo, aislamiento, ausencia de separación por edad. Hay una ironía difícil de digerir en pedir como solución, a gritos y con urgencia, precisamente aquello por lo cual ya fuimos condenados. Llamamos remedio a lo que un tribunal —uno que rara vez me da la razón— acaba de llamarnos enfermedad.

Podría pensarse que, fealdad aparte, el encierro al menos cumple su promesa central: devolver a la calle un joven mejor. Los números dicen lo contrario y con una crudeza que desarma. De todas las sanciones que contempla la ley, el régimen cerrado es el que más reincidencia produce: más de la mitad de quienes egresan vuelven a delinquir dentro de dos años. Se ha estimado que la privación de libertad en la adolescencia aumenta en 36 puntos la probabilidad de reincidir ya de adulto. Léase con calma: no es que el régimen cerrado fracase en formar al joven. Es que fabrica, con puntería estadística, al delincuente adulto que dice venir a prevenir. Pedimos endurecer la máquina que produce, con exactitud, el resultado que tememos. Si un hospital contagiara a la mayoría de sus pacientes, no pediríamos más camas.

Y aquí la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral. Si el encierro no corrige, no repara nada y degrada a quien lo sufre, entonces se sostiene únicamente en la tranquilidad del resto. Y conviene decir lo que eso significa, con todo el respeto por quienes lo piden desde el espanto de un niño muerto, pero sin ceder un milímetro en el argumento. Una persona, también la culpable, se ordena al bien común como la parte al todo; pero sólo en aquello en que es parte, no en todo lo que es, porque hay en ella un destino que ninguna comunidad agota. Por eso jamás puede ser tratada como mera pieza al servicio de la seguridad ajena. Cuando el castigo se justifica únicamente por su utilidad para los demás, ha dejado de ser castigo: se ha vuelto sacrificio. Y un Estado que sacrifica a los suyos, aunque sean culpables, repite con mejor caligrafía el gesto del que delinque: usar a otro como cosa.

Detrás de todo esto late una confusión más honda: hemos olvidado qué es un castigo. Un castigo que no duele no es un castigo; es una ceremonia. La pena es un bien que se padece —un bien por su fin, que es restaurar la justicia— pero que llega necesariamente en forma de mal, de algo que se sufre contra la propia voluntad. Quítese el padecer y se quitó la cosa: una pena que no cuesta nada es como un ayuno que permite comer. Y no sólo resulta inútil; es injusta, porque deja la balanza donde el delito la dejó. Educar, por lo demás —en el sentido más viejo de la palabra, el que tenía Platón cuando decía que consiste en aprender a alegrarse y a dolerse como es debido—, no es otra cosa que reordenar los afectos: que duela lo que debe doler y agrade lo que debe agradar. Y el que delinque es justamente aquel cuyos goces y penas se han desquiciado: se alegra de lo que tendría que apenarlo, y no le pesa lo que tendría que pesarle. Devolverlo al orden exige, antes que nada, que el daño vuelva a dolerle.

Pero entonces la cuestión no es si el castigo debe doler, sino qué dolor. Hay uno que reordena y otro que sólo embrutece. El de la celda degradante duele, por cierto, pero es el dolor equivocado: no se enlaza con lo que el joven hizo, y así no le enseña a apenarse del mal que causó, sino a apiadarse del que él padece. De ahí no nace arrepentimiento sino rencor. El otro dolor —mirar a la víctima, reparar lo roto, sostener la cara de aquello que se quebró— es el que vuelve a anudar la pena con el acto y reenseña al alma a dolerse donde corresponde. Y ese, digámoslo, es el más arduo de los dos.

Por eso castigar de verdad es más difícil que encerrar, y nunca más blando. La blandura cómoda y la dureza inútil se parecen más de lo que creen: ninguna de las dos le cobra al joven lo que su falta de veras vale. La experiencia comparada en justicia restaurativa —responsabilizar al infractor ante su víctima, exigirle reparar— muestra resultados modestos pero reales, mejores que los del puro cerrojo. No es indulgencia: es exigencia de la más áspera. Uno se pregunta por qué la única firmeza que sabemos imaginar es la del candado. Hubo tiempos en que se creyó que a un joven sin rumbo se lo enderezaba encuadrándolo, formándolo, exigiéndole un servicio, imponiéndole disciplina dolorosa y modales con rigor; no escondiéndolo. No propongo una fórmula específica: propongo abandonar el falso dilema. Entre soltar y sepultar hay un país entero por explorar, y lo hemos dejado baldío. El alcalde Agustín Iglesias ha dado un primer y valioso paso en esta dirección.

“No tienen ni una pena”, dijo la alcaldesa, y tenía razón a medias. Porque tampoco tienen pena —en el sentido grave y restaurador de la palabra— los que entran al régimen cerrado y salen peores. Tienen un castigo que no restituye nada, no corrige a nadie y sólo los guarda hasta que regresan, más deshumanizados, a la misma esquina. La verdadera impunidad no es únicamente la del que sale libre mañana. Es también la del Estado que llama justicia a un encierro que ya le fue reprochado como injusticia, y duerme tranquilo —por un rato— creyendo que cumplió.

Queda el muro. Lo imaginamos como lo primero firme contra lo cual un alma a la deriva podría, por fin, apoyarse. Pero hay otro muro, y es el que levantamos con más prisa: el que no se alza para sostener a nadie, sino para esconder lo que no queremos mirar. El mismo muro, dos sentidos. Y toda la diferencia entre castigar y esconder cabe en cuál de los dos elegimos.