Qué duda cabe que vivimos una septimana horribilis. Un carabinero y una carabinera asesinados; el funeral de un vendedor de droga a manos de una pandilla rival paraliza Valparaíso; la fotografía de dos hombres acribillados dentro de un auto recorre Chile horrorizándonos a todos. Y la “celebración” del día del “joven combatiente” se convierte en la Noche de Walpurgis del “joven delincuente”; el aquelarre con que, una vez al año, los delincuentes se sienten con el derecho a vandalizar, a robar y a agredir a todo aquello que simbolice autoridad, orden, vida.
Pero fueron también días en que tomamos finalmente consciencia de que convivimos con un fenómeno para nosotros nuevo, aunque sea viejo en el mundo: el crimen organizado. Un despertar a la realidad que desató una pequeña tormenta de energía que seguramente todos deseamos sea permanente.
El Presidente de la República declaró, haciéndose cargo de las críticas que recordaban sus pasadas invectivas al actuar de Carabineros, sus promesas de “refundar” a la institución y sus votaciones como diputado rechazando proyectos de seguridad pública de anteriores gobiernos: “Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro como Presidente de la República que no vale la pena en el largo plazo… lo que la ciudadanía nos exige es que nos pongamos de acuerdo…”. Y, para garantizar la autenticidad de lo que no puede sino considerarse un vuelco respecto de sus actitudes anteriores, afirmó: “…estaré acompañando a Carabineros en procedimientos, para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad”.
Un par de días más tarde fue más preciso acerca de su propio comportamiento político antes de ser Presidente: “Creo que vale la pena reflexionar respeto a nuestras actuaciones en el pasado y considerar actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.
Por los mismos días el ministro de Justicia dio a conocer que había rechazado la solicitud de indulto presentada por un condenado por hechos ocurridos en el marco del llamado “estallido social”. Explicó que la decisión correspondía a “…los criterios de política que me indicó el Presidente de la República”. Y para que no quedara lugar a duda, agregó: “…los indultos asociados al estallido tenían un contexto, un momento. Ese contexto y ese momento no es el que está vigente”. Otra demostración del vuelco en la actitud presidencial.
El Congreso no se quedó atrás. La Cámara aprobó seis proyectos legislativos, entre ellos la llamada “ley Naín-Retamal”, que en su parte central establece la figura de la “legítima defensa privilegiada” para Carabineros, PDI y Gendarmería.
Y fue justamente con relación a este aspecto de la Ley (su artículo 7), que el ala izquierda de la base de apoyo del gobierno, el Partido Comunista, el Frente Amplio y algunos independientes, no pudieron más. No lo acompañaron en su nueva actitud, en su vuelco: veinticuatro de ellos votaron en contra, trece se abstuvieron y dos se parearon para no tener que votar.
El proyecto pasó al Senado y el Gobierno presentó indicaciones para este nuevo trámite legislativo, justamente en el artículo 7, explicando que el tema se podía tratar más eficazmente en el Código de Justicia Militar. Agregó que la “legítima defensa privilegiada”, que es una figura contemplada de antiguo en nuestras leyes, se extiende también a otros derechos de las personas como la propiedad y el honor, lo que escapa al tema del uso de la fuerza.
Lo cierto es que el proyecto original había merecido comentarios de la misma índole incluso desde la oposición y, aunque en la práctica signifique también una forma de satisfacer a sus aliados, lo cierto es que el argumento gubernamental resulta convincente y su puesta en práctica no debiera alterar substantivamente el propósito de la Ley “Naín-Retamal”.
Desde septiembre del año pasado, luego del cambio que llevó a la ministra Tohá al gabinete, he sostenido que el Gobierno, y específicamente el Presidente Boric, está efectuando un vuelco hacia posiciones de centroizquierda que lo asocian con una visión socialdemócrata y lo alejan del ala izquierda de su base de apoyo.
He reiterado que ese cambio necesariamente ha de ser lento y que asemejará más al parsimonioso viraje de una embarcación en el mar que al giro brusco de un automóvil en la vía pública.
Y, sobre todo, que Boric lo hará intentando mantener el apoyo de su ala izquierda. Desde ese punto de vista, he criticado los que me han parecido retrocesos en ese viraje (destacadamente los indultos de diciembre o la falta de comprensión del hecho que dialogar no es lo mismo que negociar, que negociar es mucho más, es estar dispuestos a ceder para llegar a acuerdos).
Pero también he criticado la actitud de la oposición que, por la vía de exagerar esos aparentes retrocesos y de magnificar errores o imprecisiones, ha parecido muchas veces más interesada en el fracaso del Gobierno que en impulsar, a veces con él, proyectos que pueden resultar beneficioso para el país.
Al terminar esta septimana horribilis, no puedo sino volver a esta última crítica. Y es que, a pesar de las evidencias de la intención del Presidente de cambiar de actitud con relación a los temas de seguridad y aceptar prácticamente todos los planteamientos de sus adversarios en la materia, hay quienes plantean ahora la necesidad de que, antes de aceptar sus palabras y sus decisiones actuales, haga un reconocimiento de responsabilidad por lo que dijo o hizo antes. Otros, llanamente, le han exigido que se disculpe públicamente para aceptar su cambio de actitud.
Desde luego que somos muchos los que en Chile podemos sentirnos ofendidos o aun injuriados por dichos y actuaciones del Presidente y sus seguidores en el pasado. La sola expresión “no son treinta pesos, son treinta años” como una forma de desacreditar los que probablemente sean los treinta años de más rápido progreso en la historia de nuestro país, bastarían para provocar ese sentimiento.
Sin embargo, tal sentimiento no debe nublar la comprensión de lo que realmente importa. Y en Chile, hoy, lo que importa es que el Gobierno se aleje definitivamente -aunque lo haga de manera gradual y aún con avances y retrocesos- del extremismo utópico de aquellos de entre sus seguidores que aún creen que es realista proponerse lo imposible. Y no hay razón para creer que actos de contrición pública deben ser parte de ese cambio de actitud.
Quienes, con espíritu de inquisidores o con ánimo vindicativo, lo exigen, deben entender que eso es algo que el Presidente probablemente no hará. A alguien con las responsabilidades actuales del Presidente -que no son las del pasado- debe exigírsele que solucione los problemas del presente y que lo haga escuchando a todos y logrando la participación de todos. Eso es lo que deben exigir los adversarios del Presidente en democracia.
Y tampoco importa si el Presidente actúa de esa manera porque él mismo haya cambiado su ideología, o sólo porque no tiene otra salida. Gabriel Boric seguirá siendo todavía por muchos años un protagonista de la vida política nacional y tendrá mucho tiempo para resolver ese dilema.
Exigir que admita que antes estaba equivocado y ahora ha “entrado en razón”, es tanto como pedir que acepte las ideologías de sus adversarios, que se convierta a la “verdad” de esos adversaros. Ese es un acto de intolerancia también inaceptable en democracia. Tolerancia es aceptar al adversario como es, no como queremos que sea, y negociar con él hasta llegar a acuerdos beneficiosos para el país y sus habitantes. Actos de contrición y conversiones, mejor dejarlas a pastores y evangelizadores.
Lo que verdaderamente importa ahora, y lo que deben exigirle sus adversarios al Presidente Boric, es que lo que está diciendo se traduzca en hechos concretos. Exigir que se garantice la seguridad de todos quienes habitamos en esta tierra. Para que esta septimana horribilis no se convierta en una vitae horribilis.
