Señor Director:
Seguir defendiendo el cobro de contribuciones en el contexto actual exige, al menos, hacerse cargo de una contradicción evidente: los municipios cuentan hoy con más recursos que en décadas, pero el estándar de gasto sigue dejando serias dudas.
El royalty minero distribuyó en 2025 más de $218 mil millones de libre disposición. No se trata de recursos marginales, sino de una inyección significativa que debiera haber elevado tanto la calidad del gasto como las prioridades municipales. Sin embargo, la reciente auditoría de la Contraloría muestra una realidad distinta: montos relevantes se destinan a celebraciones y actividades prescindibles, mientras se mantiene intacta la carga sobre los contribuyentes.
Los casos son elocuentes. Millones de pesos en Alto Hospicio, Padre Las Casas, Antofagasta, Iquique, Coquimbo y Copiapó han sido asignados a fiestas y eventos. No es un problema anecdótico, sino una señal de prioridades mal alineadas.
Aquí no hay un dilema técnico, sino político: cuando existen recursos para gasto no esencial, mantener las contribuciones, especialmente las que pagan personas que han dejado de recibir ingresos, deja de ser una necesidad y pasa a ser una decisión. Y es una decisión que recae, una vez más, sobre las familias.
Más que discutir si las contribuciones deben continuar, la pregunta de fondo es por qué, en un escenario de mayores ingresos, no se exige simultáneamente una revisión estricta del gasto municipal. Sin ese mínimo estándar, cualquier defensa del statu quo resulta difícil de sostener.
El royalty minero abrió una oportunidad para aliviar la carga tributaria y mejorar la calidad del gasto. Lo que hoy se observa, en cambio, es que se está desaprovechando en ambas dimensiones.
Paula Santa María C.
Así es, siempre habrá excusas para gastar más, sobre todo si el sobregasto lo pone un tercero. Si ello se agrega débil fiscalización y gestores sin ética, sin moral…..es la fiesta perfecta para los sinvergüenzas