Señor Director:

“Preocupante. Boicotear a nuestros aliados israelíes tensaría gravemente las relaciones y los lazos comerciales entre Estados Unidos y Chile. Las empresas estadounidenses allí perderían los beneficios fiscales y mi lenguaje en el recién aprobado proyecto de ley de China limita las asociaciones con países que boicotean los territorios controlados por Israel.”

Este fue el categórico tweet publicado por el Senador estadounidense del partido Republicano, Ted Cruz, el pasado Martes 15 de junio, advirtiendo sobre algunas de las consecuencias reales que tendría el proyecto de ley de boicot, presentado el 1 de junio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile por el diputado Sergio Gahona (UDI), quien ha sumado como coautores del mismo al candidato presidencial, Daniel Jadue (PC), Fuad Chahín (DC), la Comunidad Palestina de Chile y los otros 10 diputados firmantes.

Ni los Chicago Boys, ni los de expertos de economía en matinales, ni ministros, ni las comisiones parlamentarias que mantienen funcionando el sistema económico chileno, han sido capaces de enfocarse en lo que se viene cocinando desde hace ya dos años bajo sus narices, de hecho, algunos de ellos son parte del staff de esa catastrófica receta.

El proyecto penaliza como “contrabando” el ingreso a Chile de “mercancías, bienes, servicios o productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios ocupados…” Imponiendo a su vez la obligación de que “Toda persona que, a sabiendas o debiendo saber el origen ilegal de mercancías, bienes o productos en virtud de la presente ley, participe de manera directa o indirectamente en las actividades de importación…”
En resumen, la potencial legislación criminaliza la importación de productos y servicios de cualquier territorio que pudiese calificar como asentamiento ilegal en territorio ocupado, incluyendo la falta de individuos de denunciar tal importación o servicio.

El miércoles 16 de junio, el Senador norteamericano, Marco Rubio, expresó también a través de Twitter lo siguiente:

“Preocupante que miembros del congreso chileno promulguen iniciativas antisemitas e inciten a la desvinculación comercial con #Israel. No podemos permitir que este tipo de propuestas dañen la relación entre EE.UU. y Chile, la cual se ha basado en el apoyo y cooperación.”

Las implicancias de esta ley serían catastróficas, no solo para las relaciones entre Chile e Israel, que celebran 72 años de excelentes relaciones bilaterales, con importantes acuerdos firmados y en ejecución, sino que pondría a Chile en una situación de riesgo respecto de sus obligaciones en torno al World Trade Organization (WTO), impactando directamente a empresas norteamericanas con inversiones y operaciones en Chile, y a la vez, así como aquellas que invierten en empresas chilenas que transan en la bolsa norteamericana o tienen inversiones en Estados Unidos.

El lenguaje de la ley es tan amplio, que los empleados de empresas estadounidenses con presencia en Chile podrían incurrir en penalidades criminales por su participación “indirecta” en este tipo de importaciones.

Aún más, el proyecto es tan amplio que podría incluir afectar a Rusia en Crimea, Turquía en Chipre, Marruecos en el Sahara, China en el Tibet, pero claro, cuando los diputados Gahona, Kariola, Vallejo, Longton, Auth y Brito, entre otras caras conocidas, realizan un punto de prensa para anunciar pomposamente el proyecto el día 2 de junio, lo hacen vistiendo “kefias” o pañoletas palestinas, dejando claro que este proyecto (como había sido anunciado por ellos mismos en múltiples ocasiones), tiene un objetivo claro: socavar las relaciones entre Chile y el Estado de Israel, en el marco de un movimiento antisemita, calificado así por una docena de países, incluyendo a Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros.

Sumado a la calificación de Antisemitismo sobre movimiento que impulsan los diputados y su acción legislativa, varios de estos países poseen legislaciones anti-boicot, que no solo condenan, sino que penalizan la adhesión a boicots económicos.
Esto afectaría directamente en la inversión estadounidense en empresas chilenas, generando, así, la temida desinversión de empresas chilenas.

No es justo que Chile sea sometido a un proceso de desinversión producto de los intereses de parlamentarios inconscientes (o ignorantes), siguiendo una agenda ajena a sus votantes—una agenda de intereses extremistas y extranjeros. No es aceptable que se utilice el Congreso de Chile para seguir fantasías antisemitas de parlamentarios comprometidos con causas condenadas mundialmente. Pero sobre todo esto, lo último que necesita Chile es ser incluida entre las naciones antisemitas del mundo, rechazando la idea de occidentalismo que es la base cultural e identitaria del país proyectada hacia el futuro.
Los diputados que presentaron el proyecto, desde la UDI hasta el PC y el FA, están boicoteando a Chile económica y culturalmente.