Señor Director:
Hace poco más de tres años, la directiva encabezada por Gloria Hutt y Juan Carlos González asumió la conducción de Evópoli prometiendo profesionalizar el partido. La propuesta se sostenía en una idea que buscaba marcar una diferencia política e identitaria: instalar el mérito, las buenas prácticas y la dedicación exclusiva como principios rectores de la conducción partidaria, junto con una mirada crítica hacia la administración anterior.
El problema no fue la promesa. Fue el resultado.
La negociación municipal para la elección de concejales con la UDI se transformó en el primer golpe político relevante. En numerosos territorios no se resguardaron los espacios de representación de concejales incumbentes, lo que derivó en competencias electorales en condiciones desfavorables. El efecto fue inmediato: una reducción significativa de la representación municipal del partido, debilitando su base territorial.
Y en política, el territorio importa. La elección de concejales es la principal medición de fuerza local de un partido y su principal semillero de liderazgos. Cuando esa base se reduce, el daño no es solo electoral; es estructural.
A ese debilitamiento se sumó un proceso de elección interna que terminó erosionando la confianza de los militantes. La empresa encargada de la votación nunca logró despejar completamente las dudas sobre la transparencia del proceso, no se conocieron auditorías públicas ni los términos del contrato, y la única salida posible fue repetir la elección para asegurar legitimidad. Para un partido que ha reivindicado siempre la institucionalidad, el episodio fue particularmente contradictorio.
Posteriormente, el Servicio Electoral formuló una observación al balance del partido vinculada al pago de remuneraciones mediante una empresa relacionada al entonces secretario general, situación que podría contravenir la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En medio de esa controversia, el ex secretario general renunció al partido justo cuando se conoció la observación que lo involucraba, decisión que terminó profundizando la crisis en lugar de contribuir a resolverla.
La suma de estos hechos deja una paradoja difícil de ignorar. La conducción que llegó prometiendo profesionalización y mérito terminó administrando retrocesos electorales, cuestionamientos institucionales y problemas administrativos que dañaron la credibilidad del partido.
El punto no es solo político, sino también cultural. Cuando una dirigencia instala la idea de superioridad moral basada en el mérito, eleva inevitablemente el estándar con el que será evaluada. Y cuando los resultados no acompañan, esa narrativa se vuelve insostenible.
La profesionalización de la política no se declara; se demuestra en la capacidad de fortalecer instituciones, cuidar el capital territorial de un partido y administrar con prudencia y transparencia. Sin esos elementos, el mérito deja de ser un principio y se transforma en un relato.
Lo ocurrido en Evópoli durante ese período deja una advertencia más amplia para la política chilena. La apelación al mérito y a las buenas prácticas puede convertirse fácilmente en una forma de superioridad moral declarativa si no se traduce en resultados concretos. Y cuando eso ocurre, la distancia entre discurso y realidad termina debilitando no solo a una dirigencia, sino también al proyecto político que dice representar.
La política exige menos consignas y más responsabilidad. Porque, al final, el mérito no se proclama: se prueba en la gestión. Y cuando la gestión fracasa, la superioridad moral simplemente no alcanza.
Carola Oyarzún – Secretaria General Directiva Regional Metropolitana Evópoli