Señor Director:
En economía existe un concepto clásico: el riesgo moral, que ocurre cuando quien toma una decisión no es quien asume sus consecuencias. Con la inteligencia artificial generativa, ese riesgo se trasladó puertas adentro de las empresas. Quien pega un contrato en ChatGPT para resumirlo, o comparte una base de clientes para segmentarla, rara vez responde después ante una multa o filtración de datos.
Según Laborum, un 61% de los trabajadores en Chile usa IA y un 99% la considera útil. Desde diciembre rige la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, con un cambio de fondo: ya no basta con cumplir, hay que demostrarlo. Bajo multas de hasta 20.000 UTM, este principio de responsabilidad proactiva deja en evidencia algo que muchas empresas no han resuelto: no saben qué herramientas de IA usan sus equipos, ni qué información circula por ellas.
La IA está para quedarse, pero como ocurrió con la nube, hay que preguntarse dónde queda el conocimiento que generamos al usarla, y quién es responsable de cuidarlo. Las empresas chilenas deberían usar este año de plazo no como un trámite legal más, sino como la oportunidad de ordenar algo que ya ocurre todos los días, con o sin autorización.
Alejandra Acuña Villalobos – Directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC