Señor Director:
Desde la reforma procesal penal que el sistema judicial se viene abajo. El resultado es evidente en La Araucanía, donde las víctimas son ahora victimarios, los jueces se mantienen atados de mano por burocracia garantista y la policía intenta repeler terroristas arrojando agua de las carmelitas. No vaya a ser que les invoquen “legítima defensa”.
Propongo que aquellos que se dicen promotores de los derechos humanos establezcan su domicilio en La Araucanía, para que así puedan percibir de primera fuente las consecuencias de sus palabras en las víctimas de la zona y su industria. Como enseña la sabiduría popular, “ojos que no ven, corazón que no siente”.