Señor Director:
En 2025, los programas del Instituto Nacional de la Juventud llegaron a poco más de 30 mil jóvenes en todo Chile. Eso es el 0,7% del grupo etario al que el organismo dice representar. Mientras tanto, el 75% de su presupuesto se destinó al pago de remuneraciones y un 15% a gastos administrativos. Sólo el 10% —unos 800 millones de un total de 8 mil— terminó llegando efectivamente a programas para jóvenes. Estos no son los números de una mala gestión coyuntural. Son la radiografía de una institución que perdió su propósito hace tiempo.
La reducción presupuestaria cercana al 47% que aplicó el Ministerio de Hacienda y la propuesta de reemplazar el INJUV por un organismo técnico, autónomo y transversal abrieron una controversia previsible. Los funcionarios denuncian la medida ante Contraloría. El oficialismo habla de un lugar que ha funcionado para hospedar a operadores políticos. Y en medio del ruido, se está perdiendo la conversación que importa. ¿Qué institucionalidad juvenil necesita Chile en 2026?
Soy parte de una generación que se relacionó con el INJUV más por su ausencia que por su presencia. Habiendo tenido la oportunidad de representar estudiantes en la FEUC, conviví con realidades juveniles complejas —salud mental, deudas educativas, precariedad laboral— y desde ahí me queda una convicción. Los jóvenes chilenos enfrentan urgencias reales y necesitan un Estado que responda con la misma seriedad. Y eso es lo paradójico de la situación actual. El propio INJUV, a través de la Encuesta Nacional de Juventudes, ha producido durante décadas uno de los mejores diagnósticos sobre juventud de Iberoamérica. Sabemos que uno de cada cuatro jóvenes reporta haberse sentido deprimido en el último mes. Sabemos que el 44% no puede costear atención psicológica privada. Sabemos que el 68% de quienes llamamos «ni-ni» son en realidad mujeres jóvenes cuidando a familiares sin remuneración. El Estado tiene la información. Lo que no tiene es la respuesta.
Se dirá, con razón, que el INJUV no fue diseñado como un servicio de atención directa al estilo de Salud o Educación, sino como un articulador y coordinador de políticas públicas. Pero si esa es su misión, entonces la pregunta es aún más severa. ¿Qué ha articulado? ¿Qué políticas estructurales para los problemas que su propia encuesta documenta han salido de esa coordinación? La defensa institucional, lejos de proteger al INJUV, expone con más claridad el problema de fondo.
Esa desconexión entre diagnóstico y acción no es nueva. El INJUV nació en 1991, en un contexto donde tenía sentido crear un articulador que diera voz a un segmento marginado. Pero mientras otros servicios se elevaron a rango de Subsecretaría y ganaron peso político y técnico, el INJUV se mantuvo como instituto con baja capacidad de incidencia. Sus instrumentos emblemáticos, como la Tarjeta Joven, perdieron sentido frente a la bancarización masiva. Y su estructura de cargos de exclusiva confianza terminó facilitando situaciones documentadas por Contraloría en 2018, donde recursos destinados a jóvenes vulnerables se utilizaron para contratar honorarios de militantes de la coalición de gobierno de turno. No es un problema de una administración. Es un problema transversal que distintos gobiernos prefirieron postergar antes que enfrentar.
Por eso el camino correcto no es defender al INJUV tal como está. Lo que se está haciendo desde el gobierno va en la dirección correcta para reformular el rol que pueda tomar una institución que se aboque a los problemas de los jóvenes. Las dos iniciativas del instituto que sí funcionan —la ENJUV y el chat de contención Hablemos de Todo— pueden migrar a organismos con musculatura técnica y presupuesto suficiente para sostenerlas y escalarlas. Y la coordinación de políticas juveniles puede asumirla, como propone el Ejecutivo, un organismo técnico, autónomo y transversal que evalúe y articule sin necesidad de sostener una planta nacional cuyo principal output ha sido pagarse a sí misma.
Respaldar esta decisión no significa sumarse al tono más confrontacional del debate. La pregunta no es a quién se castiga, sino a quién se sirve. Mantener una estructura donde 9 de cada 10 pesos no llegan al destinatario final no se sostiene desde ningún principio razonable de uso de recursos públicos, ni desde ninguna ética que ponga a la persona —en este caso, al joven— por sobre la institución.
Lo que está en juego es más grande que el INJUV. Es si somos capaces, como país, de tener instituciones que estén al servicio de las personas y no de sí mismas. El bien común de los jóvenes chilenos —sus problemas reales de salud mental, de empleo, de cuidados, de proyecto de vida— requiere algo más que un organismo simbólico. Requiere capacidad real de intervención, articulación entre carteras, y una conversación adulta sobre qué políticas funcionan y cuáles llevamos años financiando por inercia.
La pregunta de fondo no es si el INJUV debe sobrevivir, sino si los jóvenes chilenos pueden seguir esperando. El Estado tiene un rol que cumplir cuando las personas, las familias y las comunidades no pueden por sí solas enfrentar problemas como la salud mental, la precariedad laboral o la sobrecarga del cuidado. Pero ese rol exige instituciones que efectivamente lleguen, no estructuras que se sostengan a sí mismas. Rediseñar la institucionalidad juvenil no es una concesión al ajuste fiscal. Es asumir, por fin, que el Estado debe hacer bien aquello que ningún otro actor puede hacer en su lugar.
Jean Bertrand Joublan
Excelente