Señor Director:
Sorprenden los argumentos que buscan descalificar el proyecto de ley —actualmente en tramitación— que permite la conmutación de penas privativas de libertad para ancianos, enfermos terminales y personas con graves problemas de salud. Algo similar ocurre con los indultos sugeridos respecto de los funcionarios públicos condenados por hechos del estallido revolucionario de 2019.
Con una persistencia demagógica, se repite que “hay que confiar en los tribunales”, por ser los únicos encargados de administrar justicia. Tras esa invocación se esconde una profunda hipocresía, al olvidar la creciente desconfianza en el sistema judicial, alimentada —en parte— por los sesgos ideológicos inevitables en la cuestionable forma de designación de cargos superiores, así como por el uso de procedimientos arcaicos —derogados hace décadas para el resto de los chilenos— que permiten procesos con rasgos absolutistas, propios de la inquisición medieval.
No se trata de desconocer la labor judicial, pero cuando jueces admiten haber condenado por “ficciones jurídicas” validadas por la Corte Suprema, sin siquiera haber conocido ni menos haber interrogado al imputado; cuando hay ministros y fiscales investigados por prevaricación o corrupción; y cuando jueces del más alto nivel penal recurren a engaños propios de delincuentes de baja estofa, nadie puede dejar de dudar de la existencia de abusos que merecen ser corregidos por la sociedad.
En este contexto, tanto el proyecto de conmutación de penas para ancianos como los indultos a servidores públicos por hechos del estallido revolucionario de 2019 no solo responden a razones humanitarias, sino que abren una vía para reparar injusticias flagrantes.
Frente a quienes predicen “pérdida de legitimidad” ante cualquier medida correctiva, recordemos los abusos acumulados: medio siglo de venganzas enquistadas, indemnizaciones millonarias y errores judiciales sin reparación efectiva. Es hora de quitarse la careta y permitir que los mecanismos humanitarios y correctivos actúen. Mantener el statu quo no es defender la justicia: es perpetuar una hipocresía vergonzosa.
Rodrigo Cooper
Así es, lo único que mantiene viva esta comedia de cinismo e hipocresía en los casos del año 73, es una industria de dinero fiscal, de todos los chilenos, con jugosos pagos de indemnizaciones, cuya forma forma de reparto legal y la bajo cuerda aun no está clara, pero tiene visos y olor a una asquerosa corrupción desde los más altos niveles de justicia.
Ya es hora que los cada vez más escasos sobrevivientes de la guerra contra el terrorismo de la izquierda se vean libres de las postreras consecuencias de la venganza impulsada por el comunismo con complicidad de la DC y tolerancia de la «derechita cobarde».
👌👌
Excelente!