Señor Director:
El debate en la Cámara de Diputados sobre la renovación del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur no puede quedar como una simple anécdota. Por enésima vez, todos los gobiernos de Chile, sin importar su color político, eluden su responsabilidad y siguen usando a unas Fuerzas Armadas agotadas en tareas policiales para las que no fueron entrenadas ni equipadas.
Coincido plenamente con la visión crítica de algunos honorables diputados: no es aceptable seguir empleando a los militares como simples acompañantes de las policías, privados de las facultades necesarias para hacer uso del poder de fuego con el que el Estado, legítimamente, los ha dotado. El despliegue de miles de soldados, marinos y aviadores, desde guarniciones lejanas, cuesta una fortuna en recursos y representa un altísimo costo de oportunidad, al alejarlos de su entrenamiento y preparación para la Defensa Nacional.
Llevamos décadas repitiendo el mismo error. Todos los gobiernos anteriores han preferido transferir el problema al siguiente, confiando en una justicia que se ve superada por el terrorismo y sus redes de apoyo político y comunicacional. Si realmente queremos acabar con el mal, debemos enfrentarlo con coraje y sin eufemismos. Para ello hay que tratar a estos grupos como los terroristas que son, combinando decisivas acciones de fuerza con medidas políticas que permitan liberar aquellas áreas que se encuentran virtualmente secuestradas por grupos de irregulares armados de bandera pseudo ideológica. Lo primero es, sin duda, dotar a las Fuerzas Armadas de las facultades necesarias para poder recuperar la iniciativa estratégica, hoy cedida gratuitamente a esta solapada expresión del crimen organizado. De nada sirve ―salvo para irritar y frustrar a la ciudadanía― seguir oyendo de inútiles “querellas con todo el peso de la ley” ni de que se trata de “hechos aislados”.
Rodrigo Cooper
Si las fuerzas de orden y seguridad o militares están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas; no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.
Con tal restricción para el uso de la fuerza no hay estado de excepción constitucional alguno que valga.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política
Toda la razón estimado Adolfo.
Y, mientras, siguen gozando de buena salud enclaves terroristas, como Temu cui cui, con decenas de pacíficas familias mapuchwe secuestradas en su interior.
Y poblaciones, cada vez más, tomadas por carteles de droga, que en la práctica tienen secuestrados a los vecinos, como lo acían las FARC en Colombia.
Toda la razón estimado Adolfo.
Y, mientras, siguen gozando de buena salud enclaves terroristas, como Temu cui cui, con decenas de pacíficas familias mapuchwe secuestradas en su interior.
Y poblaciones, cada vez más, tomadas por carteles de droga, que en la práctica tienen secuestrados a los vecinos, como lo hacían las FARC en Colombia.