Señor Director:
La estabilidad fiscal es una condición necesaria para el éxito de la política económica del gobierno, pero no es suficiente. Cuando el ajuste económico no viene acompañado de avances reconocibles en educación, seguridad, libertades y otras áreas sensibles para su electorado, el gobierno corre el riesgo de sacrificar su capital político y legar para sus adversarios unas finanzas públicas saneadas, sin haber consolidado su propio proyecto y nos devela una paradoja: el gobierno asume el costoso trabajo de saneamiento, claramente impopular, mientras que la oposición cosecha el beneficio político.
El equilibrio fiscal y la agenda ideológica no se excluyen, pero es evidente que por sí mismo el equilibrio aludido es insuficiente, y en particular, si los resultados en seguridad, educación, libertades y política inmigratoria no llegan a materializarse y, lo que es peor y aún más complejo, no se perciben ni mucho menos compensan los sacrificios económicos exigidos al ciudadano en su cotidianidad a través de medidas, como el ajuste del MEPCO, bautizado como “el bencinazo”, y sus subsecuentes efectos inflacionarios, así como también, los recortes presupuestarios que, sin previo abordaje comunicacional ni coordinación entre el gobierno y su bancada en el Congreso, exhiben ante la opinión pública un gobierno desconectado con las necesidades sociales y dispuesto a infligir a la sociedad mayores costos sin ningún tipo de contemplación.
¿De qué sirve conquistar el equilibrio fiscal si no se logra construir una mayoría capaz de preservarlo?
La interrogante interpela al desbalance cuyo origen estriba en la concentración y esmero que la política gubernamental reserva, y con razón, a la hacienda, pero que hasta ahora, no parece una política más, ni siquiera la medular, que implementa el gobierno, sino prácticamente la única, mientras que aquellas políticas, e incluso medidas más inmediatas, que movilizaron al electorado más fiel, han quedado en el tintero a la espera de la atención oficial, como lo son la rebaja de sueldos para altas autoridades, la auditoría del Estado o la concesión de indultos a beneficio del personal policial y militar vinculados a la insurrección de octubre 2019.
El riesgo político reside en que el sector podría afrontar un castigo electoral por expectativas incumplidas, incluso entre quienes se adhieren a sus postulados por incumplimiento, no sólo de los aspectos relativos a la agenda más ideológica, sino también a la expectativa de prosperidad y buen gobierno, tradicionalmente asociados al sector. En efecto, aún no se esbozan reformas de calado que amplíen las facultades de elección y de decisión por parte de los ciudadanos.
Estas líneas faltarían a la verdad y prestarían un flaco favor a la continuidad de las opciones políticas más proclives a la libertad en el ejercicio del gobierno, si no reconociera con igual esmero, que aún queda mucho camino por recorrer antes de que concluya el periodo presidencial. Existe, por tanto, tiempo suficiente para introducir las correcciones necesarias, recuperar la confianza en el electorado y sentar las bases políticas que permitan dar continuidad a aquellas políticas orientadas a restablecer la movilidad social, el empleo y la prosperidad general.
En definitiva, sanear las cuentas públicas es indispensable, pero consolidar políticamente dicho esfuerzo exige demostrar que el equilibrio fiscal no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de un proyecto de gobierno mucho más ambicioso.
Juan Pablo Molero Urribarri