En respuesta a Daniel Matamala

Señor Director:

La columna “Crueldad” no es un ejercicio de análisis jurídico ni de reflexión cívica. Es, más bien, un alegato moral destinado a invalidar un fallo judicial que no satisface la convicción ética del autor. Y ese desplazamiento -del derecho a la moral obligatoria- es profundamente problemático en una democracia que se dice fundada en el Estado de Derecho.

El punto central es simple y, sin embargo, Matamala lo elude: la justicia no juzga sentimientos, juzga responsabilidad penal. No exige remordimiento, no impone gestos simbólicos, no condena por falta de empatía. En el caso Crespo, tras años de investigación, exposición pública y juicio, el tribunal estableció hechos y concluyó que la conducta estaba jurídicamente justificada. Eso es una absolución. Todo lo demás es reinterpretación interesada.

Presentar ese fallo como si fuera una suerte de condena moral encubierta -“confirmó judicialmente que disparó y dejó ciego”- es releer la sentencia desde un prisma ideológico, no desde el derecho. Es decirle al lector que la absolución vale poco, que no basta, que algo falta. ¿Qué falta? Arrepentimiento. Silencio. Contrición pública. Humillación.

Ahí aparece el verdadero problema de la columna. Matamala no discute el fallo: lo niega por insuficiente. Porque no coincide con su idea de justicia. Porque no satisface su expectativa emocional. Porque no produce el cierre moral que él considera adecuado. Y cuando la justicia no cumple ese rol catártico, se la reemplaza por el castigo simbólico.

El recurso del “imagínese usted” es revelador. No es un argumento, es una apelación emocional que confunde empatía con culpabilidad. La justicia no funciona por analogías morales ni por introspecciones subjetivas. Funciona con pruebas, normas y estándares. Exigir que una persona absuelta actúe como si fuera culpable es castigo retroactivo, no humanidad.

Más aún: la columna ignora por completo los años de juicio y escarnio público. Años de exposición, de condena mediática anticipada, de estigmatización social. Nada de eso parece importar. Toda esa carga desaparece del relato. La indignación se concentra en un meme, al que se le atribuyen intenciones que no están en el fallo ni pueden probarse. El meme se transforma en la excusa perfecta para reactivar la condena cuando la justicia ya no acompañó.

La paradoja es evidente: Matamala denuncia la crueldad, pero la ejerce. Porque no hay límite al castigo. La absolución no basta. Siempre falta algo más. Siempre hay una deuda moral pendiente. Eso no es ética cívica; es ensañamiento y maldad, porque niega incluso el derecho básico a celebrar que el Estado no te condenó.

El mensaje de fondo es peligroso: que la justicia sólo es legítima cuando coincide con la moral del comentarista. Cuando no coincide, se deslegitima, se reescribe y se castiga por otras vías. Ese camino no fortalece a las víctimas ni humaniza a la sociedad. Erosiona la justicia y normaliza el linchamiento moral como sustituto del derecho.

Y cuando eso ocurre, la crueldad ya no está en un meme. Está en negar que una absolución pueda, simplemente, ser una absolución.

Pablo Cánovas Silva