Señor Director:
El debate tributario en Chile suele girar en torno a si los países con impuestos más bajos crecen más rápido. Es una pregunta legítima, pero que no tiene una respuesta simple: hay economías que crecen con tasas altas y otras con tasas bajas, dependiendo de sus recursos naturales, instituciones y ciclos económicos.
Sin embargo, existe una pregunta más precisa y más útil para el debate de política pública chileno: ¿es el impuesto corporativo del 27% razonable para una economía con el nivel de desarrollo de Chile?
Los datos del FMI son elocuentes. Chile tiene un PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de aproximadamente 36.430 dólares. Al comparar su tasa de impuesto a las empresas con países de ingreso equivalente, el contraste es llamativo: Montenegro y Serbia cobran un 15%, Georgia un 15%, Mauricio un 15%, Bielorrusia un 20% y Uruguay un 25%. El promedio del grupo de países con ingreso per cápita similar al de Chile se sitúa en torno al 23%. Chile, con su 27%, está por sobre ese promedio, y en algunos casos casi duplica lo que cobran economías equivalentes.
Pero hay un segundo elemento que merece atención especial: la brecha entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. En Chile, la tasa marginal máxima del impuesto a la renta personal alcanza el 40%, y la reforma tributaria en discusión la llevaría al 45%. Cuando la tasa corporativa se acerca a la tasa personal, desaparece uno de los incentivos más poderosos para la reinversión de utilidades. Las empresas que reinvierten sus ganancias en lugar de distribuirlas a sus dueños deberían ver una ventaja fiscal clara en hacerlo. Esa brecha fomenta la inversión, la expansión de capacidad productiva y la generación de empleo.
Una reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% no favorece a los «ricos» en abstracto: favorece concretamente la decisión de dejar recursos dentro de la empresa para invertir, contratar y crecer. Es el mecanismo más efectivo por el que la política tributaria puede convertirse en política de desarrollo.
Chile no necesita imitar a paraísos fiscales ni competir con economías petroleras. Sí debería aspirar a que su carga tributaria sobre las empresas sea coherente con su nivel de ingreso y con el objetivo de acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Nicolás Shea Carey
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